La Justicia uruguaya condenó al gobierno, por medio del Ministerio del Interior, a pagar una indemnización a un repartido de PedidosYa, de nacionalidad extranjera, luego de ser víctima de una violenta paliza propinada por cuatro oficiales de policía en Ciudad de la Costa. De acuerdo al texto de la sentencia, emitida por el Juzgado en lo Contencioso […]
Foto con fines meramente ilustrativos: PedidosYa Blog
La Justicia uruguaya condenó al gobierno, por medio del Ministerio del Interior, a pagar una indemnización a un repartido de PedidosYa, de nacionalidad extranjera, luego de ser víctima de una violenta paliza propinada por cuatro oficiales de policía en Ciudad de la Costa.
De acuerdo al texto de la sentencia, emitida por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de 3er Turno, difundida por el diario El Observador, los hechos denunciados ocurrieron el 27 de junio de 2021 en Lagomar, Ciudad de la Costa, siendo denunciada por el repartidor ante la Justicia en noviembre de 2022.
El caso fue llevado a la División de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, porque una seccional de la policía de Montevideo se negó a tomarle la denuncia.
El repartidor declaró que los hechos ocurrieron cuando iba en su motocicleta por la avenida Giannattasio y, al llegar al cruce con la calle Buenos Aires, notó que había ocurrido un accidente de tránsito en el cual estaba involucrado otro repartidor de una aplicación de delivery.
Creyendo que podía ser un amigo, se acercó al lugar y preguntó a los policías que estaban custodiando la escena cuál era la identidad del conductor involucrado. “El agente sin mediar palabras reaccionó en forma violenta y me empujo expresando ‘andate de aquí’”, relató el repartidor, a quien luego le pidieron que llevara su motocicleta a una estación de servicio que estaba a unos metros.
Retornó al lugar del accidente y volvió a preguntar por la identidad del repartidor accidentado. Los policías, relató el hombre, le respondieron con “una actitud agraviante” por “su condición de extranjero y deliver de PedidosYa”, y luego le indicaron que apagara su celular y “el bluetooh the casco de la moto”.
“Luego de insultos me expresaron que los repartidores nos metemos en todo y me golpeo en la cabeza”, continuó detallando el repartidor agredido por los policías, quien se cubrió su cabeza porque tenía un traumatismo que debía aún cuidarse, de un accidente en 2018. De hecho, cualquier lesión en esa área del cráneo le podía causar la muerte, remarcó.
Uno de los policías le exigió los documentos de identidad, pero él entendía que no había realizado ningún acto ilícito. Decidió entonces sacar su celular y “un funcionario (policial) me lo tiró contra la moto, llamando a otros oficiales, y entre los cuatro me propinaron golpes en todo mi cuerpo, sin razón”, prosigue la narración del agredido.
Las cosas no terminaron allí, según el trabajador, porque llevaron las cosas a casi ser tortura. Luego de darle fuertes golpes en la cabeza y las piernas, lo esposaron para llevarlo detenido, y estando con las manos esposadas, le siguieron pegando.
Primero lo llevaron a un centro de salud para que le atendieran las heridas, y las agresiones verbales continuaron en el trayecto: “me decían que los extranjeros éramos unos invasores, que le quitábamos el trabajo a los uruguayos”.
Una doctora lo revisó, aparentemente de forma superficial, pero le dijo que no podía “ayudarlo” más porque “estaba detenido”. Fue entonces cuando fue trasladado a la Seccional 18va de Ciudad de la Costa, en donde las agresiones siguieron escalando.
“Me dejaron dentro del móvil con la calefacción prendida al máximo mientras caminaban al lado del vehículo con agua y me preguntaban irónicamente si quería”, añadió la víctima en su declaratoria.
Estando en la seccional, y seriamente golpeado, unos diez funcionarios lo apoyaron con la frente contra la pared y le separaron las piernas, para luego seguirlo golpeando y amenazándole con dispararle en la columna “para que no pudiera volver a manejar”.
“Luego de relatar varias humillaciones le expresan que para poder irse debía firmar un documento en el cual expresaba que había sido arrestado por hurto de moto, desacato a la autoridad y falsificación de documento, acta que me obligaron a firmar aun cuando lo expresado no había sucedido y me amenazaron que si me volvían a ver por ahí me harían algo peor”, prosigue la narración de los hechos.
La justicia reconoció los hechos, con base en las pruebas presentadas por el repartidor violentado, y se constató que no había realizado ilícito alguno, o desacato a la autoridad siquiera.
Él solamente se acercó a preguntar la identidad del repartidor del accidente del inicio, para saber si era un amigo suyo. Fue entonces cuando los policías pasaron a la agresión física directamente.
“Por el reconocimiento médico se acredita la existencia de agresiones físicas y que las lesiones fueron realizadas en el rostro, ya que refieren a la inflamación del pómulo y dolor hasta las articulaciones que conectan la mandíbula al cráneo”, se lee en la sentencia.
De hecho, la persona afectada en el accidente era una repartidora, que declaró como testigo en el caso del otro contra los policías. Dijo haber escuchado desde la ambulancia alguien diciendo “yo no hice nada, yo no hice nada” y uno de los médicos le indicó que “a un compañero repartidor lo estaban golpeando”. Ella pudo ver que eran policías los que estaban propinando una paliza al repartidor.
Otros dos testigos lo vieron luego de salir de la seccional y declararon que “estaba dolorido por los golpes recibidos” en ese lugar.
Una psicóloga certificó que la víctima había sufrido un cuadro de ansiedad, alteración del sueño y depresión tras el hecho, y tal es el trauma que ni siquiera puede transitar por el lugar en donde ocurrió todo. Ha sufrido desde entonces brotes de ansiedad, y pánico al encontrarse con policías.
El juez del caso, Pablo Gandini, remarcó lo incorrecto de que ninguno de los policías denunciados tuviese la cámara reglamentaria del pecho encendida. Los cuatro uniformados confirmaron que todos tenían las cámaras apagadas, lo que infiere una intencionalidad de que los hechos no quedaran registrados.
“Es claro que si el Estado invierte en tecnología que filma los procedimientos para acreditar que los mismos se desarrollaron en legal forma, está en mejores condiciones de acreditarlo y es quien debe desarrollar dicha actividad probatoria en autos. No solo no lo hizo sino que se acredita que estaban todas apagadas, lo cual muestra que incumplió su protocolo de actuación”, puntualizó el juez.
Sobre la xenofobia y la tortura a la cual fue sometido el repartido, Gandini marcó que “las personas migrantes se encuentran en una situación de vulnerabilidad expuestas a la discriminación, por lo cual el Estado debe velar por un trato igualitario”, pero en este caso “es el propio Estado quien incumple las medidas de protección de las personas migrantes exponiéndolo a una situación de vulneración y discriminación por su condición”.
