Con cobertura estival y a toda prisa, el Gobierno de la Comunidad de Madrid prepara una nueva ley contenedor que en esta ocasión prevé modificar de una tacada hasta otras 10 leyes con incidencia en el urbanismo, la ordenación del territorio, el medioambiente y la agricultura. El consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, defiende la “simplificación normativa y ahorro de trámites”, mientras la oposición y los grupos ecologistas hablan de desregulación, “atropello” democrático o directamente “aberración” normativa por el alcance de las modificaciones.
El anteproyecto de Ley de medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio se está tramitando por la vía de urgencia, lo que ha dejado apenas una semana de plazo para presentar alegaciones a una norma de 75 páginas que modifica 110 artículos legales. Los cambios abarcan más de tres décadas de historia legislativa de la Comunidad de Madrid, desde la ley de abastecimiento de agua de 1984 hasta la de protección de animales de compañía 2016, con alteraciones también en las normas del suelo y la ordenación del territorio, casi siempre en el sentido de eliminar requisitos o controles.
“Es una aberración”, dice Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción, para quien las modificaciones pretenden “un cambio radical en cuanto a la concepción de la ordenación territorial y el urbanismo con la que se busca tener las manos libres, sin un marco normativo que ponga límites a la autorización de grandes proyectos en cualquier tipo de suelo o características”. Por ejemplo, la ley de ordenación de territorio de 1995 se modifica para incluir la figura de los planes territoriales, que permitirán pasar por encima de los planeamientos municipales y autorizar actuaciones prohibidas por estos, según denuncian los ecologistas. O la ley del suelo de 2001, enmendada casi con carácter anual desde entonces, que según la alteración prevista ahora permitirá construir vivienda en terrenos considerados dotacionales, una excepción que antes solo se aceptaba en caso de vivienda social de titularidad pública. Ahora se extiende a la vivienda con grados de protección menor, como las del plan Vive que promociona el gobierno regional. Es decir, se podrá edificar en terrenos hasta ahora reservados a parques o a infraestructuras públicas como colegios, por ejemplo.
Se elimina igualmente la obligación de la evaluación ambiental para campos de golf, crematorios y gasolineras con una modificación de una ley de medidas fiscales y administrativas de 2014 que además convierte al responsable de medioambiente en una especie de superconsejero que decidirá caso por caso cuándo o no realizar el trámite si los proyectos afectan a la Red Natura 2000, humedales o espacios protegidos. “Es sangrante”, opina Nieto, que señala que el texto permitirá al Gobierno autónomo disputarle competencias incluso a la Confederación Hidrográfica del Tajo para autorizar regadíos.
El Canal de Isabel II también ve ampliadas sus competencias en situaciones declaradas de interés general, eliminando en su caso requisitos como los planes generales de infraestructuras. Esta figura fue determinante para torcer el brazo de Esperanza Aguirre en su intento por construir un campo de golf en terrenos del Canal en el barrio de Chamberí. También se permite al ente prescindir de las licencias municipales previas. “Es un modelo territorial particular en que se prioriza actividad la económica y empresarial. Las consecuencias medioambientales y sociales les traen al pairo”, critica la portavoz ecologista, que es también vocal del Consejo de Medio Ambiente.
Otras modificaciones polémicas son los de la Ley de protección y fomento del arbolado urbano, que amplían los supuestos de tala y rebaja las obligaciones de reposición de árboles, que se podrán cortar a cambio de dinero en algunos supuestos, o incluso la ley de protección de animales de compañía, que crea categorías distintas de perros de caza no contempladas en la ley estatal. Hasta regula el hurón como animal para uso de los cazadores. “Un guiño al votante de Vox”, sospechan los ecologistas, que seguirán escudriñando la ley durante las vacaciones del Gobierno en busca de nuevos cambios. No es fácil, pues la normativa es intricada. “Tenemos una legislación ‘Frankenstein’”, critica Nieto, que señala las dificultades hasta para determinar qué artículos de qué leyes urbanísticas están vigentes en un momento dado.
Los partidos de la oposición han criticado abiertamente la norma y prometen un debate enconado en el trámite parlamentario a la vuelta del verano, por mucho que el procedimiento de urgencia elimine la posibilidad de presentar enmiendas a la totalidad, entre otros impedimentos. “Es un atentado urbanístico, medioambiental y democrático”, ha criticado la diputada de Más Madrid y coportavoz de Verdes Equo en la comunidad, María Pastor. “Esta ley apesta a despotismo y pelotazo y recuerda al PP de [Ignacio] González y [Francisco] Granados, que pensábamos que ya se había marchado”, ha dicho.
El PSOE, por su parte, pide que por lo menos se ponga el contador a cero para permitir un análisis más sosegado de los cambios propuestos. “Solicitamos retrotraer todas las actuaciones de esta ley al minuto uno para que se inicien ya con los procedimientos de participación que establece la legislación y se han saltado, y subsidiariamente la ampliación del plazo; no tiene sentido dar una semana para alegar frente a una ley complejísima. Es un disparate más del Partido Popular”, se ha quedado el portavoz socialista, Juan Lobato.
