Ministro pidió cerrar la puerta a la entrega directa de recursos a los trabajadores activos, bajo el argumento de que la mayoría gastaría el dinero y se quedaría sin pensión complementaria.
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, pidió a los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales revisar la redacción del proyecto de ley que cerraría cinco regímenes de pensiones existentes en instituciones públicas. El jerarca abogó porque los recursos de los empleados pasen al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), sin que se permita la entrega directa a los beneficiarios.
La medida es necesaria, argumentó Acosta, para evitar que los funcionarios gasten el dinero en un corto tiempo y se queden sin pensión complementaria.
El ministro sugirió revisar el transitorio único del proyecto, el cual dice que el ahorro de los trabajadores activos, una vez liquidado el régimen, se podrá trasladar al ROP o entregar a los empleados junto con los rendimientos acumulados. En tanto, los actuales pensionados seguirán recibiendo sus beneficios.
Nogui Acosta recordó que, durante su trabajo en la Superintendencia de Pensiones (Supén), se realizó un estudio que demostró que el 50% de los jubilados que recibieron los saldos del ROP en un solo pago los gastaron en tres años.
La mayor parte de este grupo utilizó los fondos en ocio y en mejoras para su vivienda. Por lo tanto, sugiere que la redacción evite la entrega de los fondos acumulados a los trabajadores. El ministro aboga por trasladar los fondos al ROP, para garantizar una pensión complementaria al momento de la jubilación.
El plan, presentado hace cuatro años por la entonces diputada liberacionista Yorleny León, se encuentra estancado en dicha comisión. Sin embargo, por solicitud de Acosta, el foro decidió realizar una mesa de trabajo con el ministro.
El texto propone cerrar los regímenes de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), los bancos Nacional (BN) y de Costa Rica (BCR), y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Estos sistemas representan un alto costo para el Estado, pues las instituciones deben hacer cotizaciones de hasta el 10% de la planilla, además de contribuir al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de los funcionarios.
Ministro de Hacienda sugiere trasladar al ROP fondos de pensiones exclusivas de 5 instituciones
El ministro destacó que el ROP ahora ofrece diferentes modalidades para devolver los recursos a los cotizantes, adaptándose mejor a las expectativas de vida promedio de los costarricenses, que actualmente es de 78 años. Enfatizó que gastar los recursos dejaría a los trabajadores con una pensión única y relativamente pequeña del régimen básico del IVM de la CCSS.
La redacción del transitorio también debe ser clara en cuanto a cómo se trasladarán los recursos de los trabajadores al ROP, según el ministro.
Acosta reiteró la sugerencia de hace dos años, de que se haga mediante títulos valores de la operadora de pensiones, para evitar que los saldos invertidos salgan a venderse al mercado y pierdan valor.
Explicó que, debido al contexto de baja liquidez esperada para 2025, atribuible al reembolso de aproximadamente ¢800.000 millones en préstamo otorgados por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) a los bancos comerciales para que apoyaran a deudores con problemas financieros durante la pandemia, la venta de estos títulos en ese contexto resultaría en una depreciación del valor para los regímenes de pensiones.
Por otra parte, Acosta señaló que estas pensiones especiales crearon una desigualdad. Aseguró que hay 2.363 jubilados con tres pensiones, 219 con cuatro pensiones y seis con cinco pensiones.
Según recordó el jerarca, estos regímenes son deficitarios. Aseguró que el sistema de la CCSS tiene un déficit de alrededor de ¢1 billón, lo que implicaría que, en caso de que la institución no pueda afrontar el faltante, el gobierno tendría que hacer aportes.
Acosta dijo que estos regímenes especiales no tienen la solidez ni la gobernanza de una operadora de pensiones complementaria, por lo que tampoco se tiene claridad sobre qué pasaría si entran en insolvencia.
Lo más seguro es que los costos los asuma el patrocinador que, por ser empresas públicas, implicaría deudas para el Estado.
