La designación de Claudia Valle Aguilasocho como sexta magistratura que participará en la calificación de la elección presidencial permite a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cumplir con el quórum exigido por la ley, considerando que hay dos plazas vacantes por determinación de la Cámara de Senadores de no designar a quienes deben cubrirlas, como ha ocurrido con el Inai, tribunales electorales locales y otros organismos autónomos.
La magistrada fue designada en buen momento para votar en las sentencias que resolverán los medios de impugnación interpuestos sobre la elección presidencial, aunque no participará presentando proyectos de sentencia, dado que los medios fueron turnados previamente a las cinco magistraturas en funciones, pero lo más relevante es que se incorpore a la comisión que redactará el dictamen por el que podría declararse la validez de la elección y aprobarse la declaración de presidenta electa en favor de Claudia Sheinbaum, la cual se integra por los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata.
Más allá del ajuste aritmético de las cifras de los cómputos distritales, la calificación entraña una revisión, objetiva y racional, de los temas vinculados al arbitraje de las elecciones y al entorno en el que se desarrollaron. Para nadie es ajeno el intervencionismo presidencial materializado en las mañaneras donde se vulneraron sistemáticamente las restricciones previstas en la Constitución, que dieron motivo a decenas de medidas cautelares emitidas por el INE; la descalificación constante de adversarios políticos y los llamados continuos a no votar por la oposición conforme con el plan C y pidiendo todos los votos en favor de Morena y sus aliados, así como la demostrada violencia política en contra de la candidata opositora.
También estarán a revisión temas como el uso electoral de los programas sociales y la indebida participación de los Servidores de la Nación, que fueron pieza clave para la presión y coacción del voto en favor de las candidaturas de Morena, en un entorno de violencia. No olvidemos que en 2006 el reclamo principal de AMLO, entonces candidato presidencial, fue el intervencionismo del presidente Vicente Fox y la propaganda que desplegó en favor de Felipe Calderón. ¿Qué dirá ahora el tribunal sobre la injerencia del Presidente en el proceso electoral?
La balanza de la justicia electoral está en manos de la Sala Superior del TEPJF, en el correcto e imparcial ejercicio de las atribuciones de las seis magistraturas que se pronunciarán en este tema, incluida la magistrada Claudia Valle; todas y todos están obligados a realizar una calificación justa, a reconocer las violaciones al marco legal de las elecciones y a dictar medidas correctivas para garantizar la integridad y calidad de las elecciones del pasado 2 de junio.
Debemos tener presente que las reformas electorales sucesivas corrigieron el escenario de la calificación que hacían los actores de sus propias elecciones. En 1994 fue la última ocasión en la que la calificación de la elección presidencial se dio por la Cámara de Diputados; así, la calificación política se sustituyó por una de carácter jurídico, pasó del control de las diputaciones al de un organismo jurisdiccional especializado, al de un tribunal constitucional con facultades para decidir la validez o invalidez de un proceso electoral, no desde un mirador político, sino desde la óptica del derecho. Ese tribunal tiene la responsabilidad de sujetarse a los mandatos de la ley, para decidir si las elecciones fueron legítimas, y tiene le mandato de respetar los derechos políticos de la ciudadanía.
