La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC) ha puesto dos denuncias constitucionales - la DC 352 y la DC 469 - contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, en su etapa final para acusarlo por los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible.
El jueves 18 la presidenta de la SAC, Lady Camones, de Alianza Para el Progreso (APP) delegó estos casos a dos colegas suyos que forman parte del coro que asegura que hubo fraude electoral en las elecciones 2021: Arturo Alegría, de Fuerza Popular (FP) y José Cueto, de Honor y Democracia.
Alegría se hará cargo del informe final de la DC 352. Se trata de una imputación que fue presentada en marzo del año pasado por su colega de Avanza País, Rosselli Amuruz, debido a la contratación del politólogo Fernando Tuesta en el JNE y la designación del abogado Vicente Sánchez Villanueva como accesitario del exmagistrado Jorge Rodríguez Vélez.
El informe de calificación elaborado por Camones y presentado en abril de este año, declaró procedente la DC 352 solo en el caso de la contratación de Tuesta Soldevilla. La otra parte de la investigación fue desestimada.
El dictamen que se basa en la denuncia de Amuruz señala que el JNE contrató los servicios de Tuesta entre el 2021 y 2022 sin que acredite tener una experiencia mayor a tres años en temas electorales.
Esa afirmación se basa en un informe de la Oficina de Control Interno de la Contraloría General de la República que, según Tuesta Soldevilla, no toma en cuenta la trayectoria que el politólogo puede acreditar.
Es de público conocimiento la experiencia del politólogo en temas electorales. Tuesta fue jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por cuatro años, fue asesor en el Parlamento, fue veedor de elecciones en el extranjero, fue miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución del Congreso en materia electoral y fue presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Sin embargo, el órgano de control habría pasado por alto esta información.
Ahora el caso está en manos del fujimorista Alegría, un congresista que es coautor de un proyecto de ley de reforma del artículo 99 de la Constitución para someter a las autoridades electorales a antejuicio y juicio político (ver despiece).
El 12 de diciembre del 2022 cuando el Congreso discutió el adelanto de elecciones, el fujimorista aprovechó la situación para exigir la renuncia de Jorge Salas Arenas en el JNE y el 22 de marzo de este año pidió agilizar la acusación constitucional contra el magistrado debido a que el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) aceptó la inscripción del partido de Antauro Humala.
Es decir, el congresista tiene una opinión marcada contra el titular del JNE y en 15 días hábiles deberá presentar el informe final sobre la denuncia constitucional de Amuruz contra Salas Arenas por colusión.
La DC 469 encomendada al legislador Cueto parte de una denuncia constitucional interpuesta el 25 de marzo por el fiscal de la Nación, Juan Villena, contra el titular del JNE, por presunta negociación incompatible.
La investigación parte de la versión del exjuez Walter Ríos, involucrado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, quien envió un oficio al Ministerio Público en 2019 contando que dos años antes tuvo una comunicación telefónica con Salas Arenas, quien le habría recomendado a su exasesor Pavel Vladimir Cárdenas para que sea contratado en la Corte Superior de Justicia de Callao.
En 2017 era presidente de esa corte y Salas Arenas era juez supremo. El Ministerio Público investiga si el exasesor Vladimir Cárdenas solicitó al magistrado ejercer sus supuestas influencias sobre Ríos y si le prometió algún beneficio.
Esta indagación también fue vista en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), donde el caso pasó al archivo. Salas Arenas alegó que esa imputación se debe a que en 2018 él presidió la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que amplió a 36 meses la prisión preventiva contra Ríos.
Ahora ese caso está en manos del congresista Cueto, quien públicamente cuestiona a Salas Arenas. El 3 de julio el parlamentario responsabilizó del supuesto fraude electoral del 2021 en una entrevista con Expreso. “Ejerció la justicia electoral de una manera sesgada”, dijo. Pese a esas afirmaciones, Camones no tuvo reparos en designarlo como delegado.
Los miembros del JNE no son pasibles de acusación constitucional. Por eso el fujimorismo impulsa una ley para modificar la Carta Magna y hacer posible eso.
La leguleyada del Congreso con Salas Arenas es que procede con la DC 352 porque el jurista es también un juez supremo con licencia que representa al Poder Judicial en el JNE y la Constitución sí contempla acusar a estos altos funcionarios.
