El 22 de abril de este año, inició la tercera fase del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) y con ello la implementación de la “Lista Blanca”, y autorizados para operar en nuestro país.
Esta lista se suponía empezaría a regir a partir del 22 de julio. No obstante, quedó suspendida de forma temporal en aras de buscar la aprobación de una nueva propuesta normativa que permita asegurar un óptimo funcionamiento del sistema para evitar posibles repercusiones.
El último comunicado del Ministerio del Interior y Osiptel sería, en palabras de Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), sorpresivo y develaría un retroceso en la lucha contra el tráfico de celulares en nuestro país.
“Llama la atención que el comunicado esté firmado por Osiptel porque fue el principal propulsor de la medida. La justificación es pueril e insólita y no se termina de entender. Esto implica el retroceso en una línea de trabajo que se ha seguido durante años”, resalta.
Aún bajo la incertidumbre de cuándo se estaría aplicando esta medida como parte de la tercera fase de este sistema, las preocupaciones por las consecuencias que tendría en los usuarios no avizoran respuesta.
Cáceres afirma que el teléfono no se bloquearía de inmediato, sino que los usuarios que no tengan su terminal móvil registrado en la lista blanca recibirían un mensaje de texto con un plazo de 48 horas para regularizar su inscripción.
Por su parte, Jaime Delgado, especialista en defensa del consumidor, enfatiza que sería una pérdida de tiempo y de dinero. Asimismo, señala que .
“¿Qué pasa con los que viven alejados de la ciudad? Ellos tendrían que viajar para poder registrar sus teléfonos; es decir, invertir no solo tiempo sino también dinero que muchas veces no tienen para evitar estar incomunicados”, apunta.
Carlos Huamán, director ejecutivo de DN Consultores, explica que muchos usuarios estarían desconectados por lo menos un mes por lo que se verían obligados a comprar dispositivos de US$160 en promedio, lo cual , entre otros costos adicionales en los que se estaría incurriendo.
“Uno de los costos económicos de esta medida es que la gente va a tener que dejar de dedicarse a sus actividades laborales o estudiantiles del día para hacer un reclamo no al operador sino a la casa comercial y, más adelante, a Indecopi”, indica.
Además, advierte que la base de datos con información sensible coloca a los usuarios como principales víctimas y es que, a nivel internacional, la principal fuente de bases de datos más atractivas para la ciberdelincuencia son las generadas por el propio Estado.
Por otro lado, Delgado argumenta, que , ya que estos no estarían contemplados en la lista blanca por obvias razones.
