El pasado mes de octubre, el Gobierno decidió repartir grupos de inmigrantes ilegales por distintos puntos de la península y sufragar su estancia en hoteles con el objetivo de aliviar la complicada crisis migratoria que sufría Canarias, con llegadas récord mes tras mes. Una situación que nueve meses después se perpetúa, con experiencias muy dispares: mientras hay municipios donde su llegada no ha alterado la vida de los vecinos, hay algunos puntos donde su presencia ha generado inseguridad. Es el caso de Guardamar del Segura, un pequeño municipio costero de la Vega Baja alicanti ...
