Los expertos se suman al “no” de la APM para rechazar las medidas anunciadas por Sánchez. “Los medios ya son controlados por los tribunales y no por el poder ejecutivo o legislativo”, explican
El plan “antibulos” esbozado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vendido como un intento de aumentar la transparencia en los medios para “proteger y fortalecer la democracia” e ideado a raíz del periodo de reflexión del presidente por las investigaciones sobre su esposa, Begoña Gómez, no convence a socios, tampoco a la asociación mayoritaria de la prensa (APM), ni a expertos en la materia. Las iniciativas presentadas para combatir las “fake news” o los “pseudomedios” es visto de manera oportunista por la mayoría y acaba “atentando contra la libertad de prensa”.
Si bien, todavía quedará tiempo para determinar en qué queda el plan de regeneración del Gobierno que incluye aprobar una Estrategia Nacional de Gobierno Abierto y una nueva Ley de Administración Abierta “que amplíe y mejore la cantidad y calidad de información gubernamental”, los juristas, a priori, rechazan que el Gobierno acometa una regulación en los medios.
El Gobierno ha puesto el foco en la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, que insta a los estados miembros a que adopten medidas para proteger la libertad, transparencia y pluralismo de los medios frente a la desinformación, la injerencia extranjera y el discurso de odio. Concretamente, el reglamento ya establece en su artículo 6 que los medios establecerán “el nombre de sus titulares directos o indirectos que posean paquetes accionariales que les permitan ejercer influencia sobre el funcionamiento y la toma de decisiones estratégicas, incluida la titularidad directa o indirecta estatal o por parte de una autoridad o entidad pública”. Por tanto, los expertos consultados por LA RAZÓN no ven necesidad en ahondar en este aspecto.
El catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad ICADE, Federico de Montalvo, se basa en la normativa europea para refrendar que debe ponerse el foco más bien en el “receptor” de las noticias que en el “emisor”. Es decir, recomienda una mayor formación del ciudadano para que pueda distinguir entre las “fake news” y la información. Pone como ejemplo a Finlandia, donde existe una educación mediática reglada que está presente en el programa educativo desde la guardería y continúa hasta el final del ciclo educativo del alumno. Los profesores imparten métodos para que el menor aprenda a pensar de manera crítica, analizando los medios desde diferentes puntos de vista. “Al final los chavales saben detectar las fake news”.
[[QUOTE:PULL|||"Más que regular a los medios, hay que formar al ciudadano para que él mismo haga esa regulación"|||Federico de Montalvo - Catedrático de Derecho Constitucional. ICADE]]
El experto recomienda mirar a Finlandia desde España y apuesta por un “plan de alfabetización mediática” para “acabar con la postverdad”. Para ello, señala a la necesidad de un consenso entre todos los partidos para conseguir un pacto que “excluya todas las ideologías”. “Más que regular a los medios es formar al ciudadano, para que él mismo haga esa regulación”, aporta.
José Manuel Vera, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, alude también al reglamento europeo para recordar que referenciándonos en él, no necesitamos “ninguna ley” que lo transponga para que pueda convertirse en derecho interno, es decir, derecho en España. “Lo que hay que hacer es cumplirlos, no interpretarlos o utilizarlos como excusa”.
[[QUOTE:PULL|||"Son meras declaraciones huecas que podría refrendar cualquier demócrata. Es un trampantojo"|||José Manuel Vera - Catedrático de Derecho Constitucional. Univ. Rey Juan Carlos]]
Si bien el experto comparte la necesidad de dotar a los medios de transparencia o pluralismo, no ve que ahora sea “el momento adecuado”. A su juicio, el paquete anunciado por Sánchez, “parece más una reacción de ataque ante los medios que están informando sobre corrupción de familiares que una decisión meditada”.
El experto toma con precaución la comparecencia del presidente del Gobierno, pues, a su juicio, no se puede expresar “pronunciamiento jurídico alguno” dado que “son meras declaraciones huecas que podría refrendar cualquier demócrata”, al no presentar Sánchez ninguna idea concreta. Resume el plan de regeneración como un “trampantojo” con el objetivo de que sirva para “distraer a la opinión pública”, mediante un “atentado contra la libertad de prensa”.
Por su parte, Leopoldo Abad, catedrático de Derecho Constitucional en la CEU San Pablo, no cree “necesario en modo alguno” que el Ejecutivo proceda a una regulación de la prensa. Explica que, en democracia, los medios ya son controlados por los tribunales y no por el poder ejecutivo o legislativo a través de “leyes que establecen que es información y que no”.
[[QUOTE:PULL|||"Una limitación por ley de la libertad de expresión debe ser denunciada y rechazada por el TC"|||Leopoldo Abad - Catedrático de Derecho Constitucional. CEU San Pablo]]
En su opinión, el derecho a la información y la libertad de expresión son “libertades” que sirven para “controlar el poder”. Concretamente, actúan como “perro guardián” como determina el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que se basa en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el mismo artículo del Pacto Internacional de los derechos civiles y políticos, y también el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos humanos, los cuales resaltan que “toda persona tiene derecho a la libertad de expresión”. Así, el derecho a la información y la libertad de expresión son instrumentos de “exigencia de cuentas a los poderes públicos”. El experto cree que la única forma de “limitar” estas libertades sería mediante “decisiones de los tribunales”, siempre y cuando los medios se “extralimiten en su ejercicio”. Para Abad, una “limitación” mediante una ley de la libertad de expresión debe ser “denunciada y rechazada” por el Tribunal Constitucional.
[[QUOTE:PULL|||"Que el Estado sea quien discierna qué es información o no puede superar sus competencias"|||Ibor Fernandes - Doctor en Derecho Constitucional. CES Cardenal Cisneros]]
Por último, Ibor Fernandes, doctor en Derecho Constitucional CES Cardenal Cisneros, pone el foco en hasta donde tiene previsto el Gobierno llevar a cabo la regulación y recuerda que “el derecho a la información ya está regulado”. No le suena bien el hecho de que el Estado sea “quien determine lo que es correcto o no”. “Que el Estado sea quien discierna entre fakes news y las noticias supone una actuación por su parte que puede superar sus competencias”, reflexiona.
