Desde el 5 de enero de 2015, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) asumió un rol fiscalizador con la finalidad de mejorar la calidad académica. Este organismo adscrito al Ministerio de Educación tiene las facultades necesarias para autorizar y rechazar licenciamientos. Dicha aprobación permite que las instituciones puedan ejercer en el país.
Pero algunas universidades han presentado dificultades para cumplir con los estándares establecidos por la Sunedu. La denegación del licenciamiento dejó en vilo la situación académica de diversos estudiantes. Porque sin la certificación las instituciones dejarían de recibir más postulantes en su proceso de admisión.
En la siguiente nota se informará sobre las cinco universidades del Perú que no lograron obtener el licenciamiento de Sunedu.
En diciembre de 2019, después de una evaluación que duró dos años y seis meses, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria denegó el licenciamiento a la Universidad Alas Peruanas (UAP). Desde ese momento inició un proceso ordenado de cese de actividades.
En medio de las diligencias, la Sunedu descubrió que la UAP retiró de su oferta 119 programas de estudio y desistió de seguir brindando el servicio educativo en 72 locales. Hasta multó a la Universidad Alas Peruanas por ofrecer enseñanza en un local no autorizado que estaba ubicado en la provincia de Bolívar, en Cajamarca.
Felizmente, los estudiantes matriculados en la UAP al momento del cierre lograron tener las opciones de transferirse a otra universidad licenciada por Sunedu. De igual manera, podrían convalidar sus estudios y continuar en otra institución.
Sin embargo, la Universidad Alas Peruanas afronta una investigación por un presunto caso de lavado de activos. Las razones de la pesquisa van desde sospechas por desfalco millonario, falta de fundamentación legal, entre otros. Es más, el 11 de abril de 2023, la Fiscalía llegó a incautar los bienes de la UAP.
La Sunedu descubrió que en la Universidad Científica del Perú (UCP) se presentaron inconsistencias en la asignación del presupuesto para la planificación y la Dirección Universitaria de Acreditación de la Calidad Educativa. Esto "no garantiza que se realicen las actividades ni el desarrollo de la gestión de la calidad que permitan la mejora y la continuidad del funcionamiento de la dirección".
También se evidenció que la UCP carece de una normativa consistente que facilite la titulación de los estudiantes. "De la misma manera, no garantiza la preservación y cuidado de su infraestructura, equipamiento y mobiliario al no evidenciar una adecuada gestión referida a la planificación y ejecución presupuestal de su plan de mantenimiento", precisó la entidad adscrita al Ministerio de Educación. Cabe precisar que se le otorgó la extensión del plazo por tres años hasta agosto de 2025.
Es más, la universidad aseguró que continúan funcionando con clases semestrales, entrega de grados y títulos, trámites administrativos, pago de impuestos, abono de remuneraciones. Incluso precisó que sus estudiantes no empezarán de cero. "Declaramos todos los años nuestras rentas ante la SUNAT. Presentamos información permanente a la SUNEDU y desarrollamos actividades de proyección con otras instituciones de la ciudad", puntualizaron.
La Universidad Privada Juan Pablo II funciona desde el 2010. Este centro educativo albergó a 930 estudiantes y contó con una plantilla de 90 docentes en su sede ubicada en Ate Vitarte.
Sin embargo, la Sunedu demostró que la UJPII "no cuenta con instrumentos de planificación que permitan asegurar el cumplimiento de sus objetivos institucionales ni con procedimientos ni parámetros para identificar posibles afectaciones a los derechos de autor en su producción académica y de investigación".
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), mediante resolución de su Consejo Directivo, negó la solicitud de licencia institucional realizada por la Universidad Privada de Pucallpa (UPP) en 2019. Esta decisión obedece a que la UPP no pudo demostrar el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria. En consecuencia, la universidad inició un proceso ordenado de cese de actividades. La Sunedu decidió otorgarle un plazo máximo de dos años para cesar completamente sus actividades.
En 2019, la Sunedu también le negó el licenciamiento a la Universidad Telesup, la cual tenía a más de 20,000 estudiantes, debido a que incumplía las condiciones básicas de calidad establecidas en la Ley Universitaria. De acuerdo con la resolución del consejo directivo de la Sunedu, Telesup deberá iniciar un proceso ordenado de cese de sus actividades en un plazo máximo de dos años; aunque quedó impedida de admitir nuevos estudiantes. No obstante, los grados y títulos que emitió durante su funcionamiento seguirán siendo válidos y reconocidos.
De acuerdo con la Sunedu, Telesup no ha sido capaz de demostrar el cumplimiento de ninguna de las ocho condiciones básicas de calidad (CBC) establecidas por la Ley Universitaria desde que inició su proceso de evaluación en el 2017. Esto, a pesar de que en el semestre 2018-II la universidad dejó de dictar 18 carreras que tenían más de 5,700 estudiantes.
