Begoña Gómez se acogió a su derecho a no declarar, el pasado viernes, en su segunda comparecencia ante el juez que le investiga por un posible tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La mujer de Pedro Sánchez ‘culpa’ a la seguridad de Presidencia del Gobierno de haber celebrado reuniones de negocios en La Moncloa.
El empresario Carlos Barrabés reconoció ante el juez que investiga a Gómez que mantuvo ocho reuniones en el Palacio de La Moncloa con la esposa del presidente del Gobierno, y que en dos de ellas estuvo el propio Pedro Sánchez.
Las numerosas reuniones de Begoña Gómez en Moncloa con personas vinculadas a su actividad empresarial y profesional se han convertido en un atolladero judicial y político para ella, pero también para el jefe del Ejecutivo.
Por el complejo presidencial han pasado Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia; el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache; Carlos Barrabés, presidente de una consultora especializada en asesorar a empresas en transformación digital, etc.
Según ha sabido Confidencial Digital, por fuentes próximas al entorno del presidente, Begoña Gómez está culpando de su actual comprometida situación al servicio de seguridad de La Moncloa.
El argumento que maneja es que desde ese departamento se le ‘aconsejó’ en más de una ocasión que limitara las salidas del complejo presidencial, dado que, para esos desplazamientos, era necesario montar un dispositivo de seguridad, tanto en los traslados como, luego, en los edificios y locales a los que se dirigía.
Por así decirlo, le sugirieron que les ‘facilitara’ su trabajo reduciendo en lo posible esas salidas, según su versión.
Gómez acudió de nuevo al juzgado el pasado viernes para declarar como investigada, pero finalmente se acogió a su derecho a no declarar.
Se volvió a montar un gran despliegue policial en las inmediaciones de Plaza de Castilla, y se autorizó a la esposa de Sánchez a que entrara al juzgado por el garaje, por cuestiones de seguridad.
Esa decisión la tomó la jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, atendiendo a la petición de la directora del departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno.
Precisamente el dictamen del servicio de seguridad de Moncloa fue lo que determinó que la esposa del presidente haya podido acceder al juzgado de la Plaza de Castilla por el garaje en las dos comparecencias a las que ha sido citada hasta ahora, ahorrándose el ‘paseíllo’ ante los medios y ante los ciudadanos.
El dictamen que elevaron a la decana, hablando de los riesgos que podían existir, condujeron a esa medida.
La encargada de la seguridad de Presidencia es la comisaria María Marcos, que está destinada desde hace tiempo en el complejo presidencial, y que fue quien firmó el dictamen elevado al Decanato de los Juzgados.
La jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, concluyó que “sí se advierte un posible riesgo para la integridad física de Begoña Gómez”, tal y como alegaba el equipo de seguridad de Moncloa.
No obstante, Del Barco rechazó, como había reclamado también Presidencia del Gobierno, que otros miembros de su séquito o el equipo jurídico utilizasen la misma vía de acceso
El decanato intensificó, además, las medidas de seguridad en el interior del edificio para evitar que, tal y como ocurrió en la primera declaración de la esposa del presidente del Gobierno, personas ajenas al procedimiento, haciéndose pasar por asesores de las acusaciones, se colasen en los pasillos y grabasen a la investigada en el interior del recinto.
Algo que finalmente no se consiguió, porque ha habido imágenes de Begoña Gómez y su numeroso séquito en el interior de los juzgados.
El órgano de gobierno estableció que sólo pudieran acceder a la sexta planta del edificio (donde se ubica el Juzgado de Instrucción 41, ante el que estaba citada Gómez) los magistrados, letrados de la administración de justicia, y funcionarios que prestan sus servicios en los juzgados de instrucción” que están ubicados en esa planta.
Los abogados, procuradores y particulares que accedieron tuvieron que acreditar ante el personal de seguridad o agentes de la Policía Nacional que estaban citados para la realización de una actuación procesal ante dichos juzgados, y a algunos se les requirió incluso que exhibieran su carnet profesional. Solo los miembros de cuatro agencias de prensa pudieron acceder a esa sexta planta.
El decanato también comunicó que la empresa que se encarga de la seguridad del edificio de Plaza de Castilla (Secoex) destinó hasta nueve vigilantes solo para controlar los accesos al juzgado.
