2,3 millones de euros. Una sentencia histórica del Supremo falló a favor de las 39 víctimas y familiares de los trabajadores de una la fábrica Uralita de Cerdanyola del Vallès, en Barcelona, que fue condenada a indemnizarles por hacerles manipular y fabricar elementos para la construcción con amianto. Tres años más tarde, todavía no han visto un céntimo de lo que la empresa les debía, y no son los únicos.
Uralita ha sido reiteradamente condenada, pero muchos afectados no han cobrado las indemnizaciones que les corresponden por sentencia porque la fábrica entró en concurso de acreedores y cambió su nombre a Corporación Empresarial de Materiales de Construcción (Coemac).
Según ha podido saber Confidencial Digital, Cremades & Calvo Sotelo ha encontrado una vía, que pondrá en marcha este septiembre, para poder reclamar y ganar las indemnizaciones: la clave está en declararles acreedores involuntarios.
“Todavía se puede hacer algo y hay que hacerlo”, expresó José Pajares, socio director del despacho en Zaragoza, durante la presentación de la estrategia. Afirmó que se trata de una iniciativa que todavía no se ha explorado en España, pero que actual Ley Concursal, Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, sí que contempla.
En Estados Unidos, explicó Pajares, cuando una víctima de intoxicación debe ser indemnizada por una sociedad en concurso de acreedores, se la declara acreedora involuntaria y puede cobrar su indemnización por encima de otro tipo de acreedores.
La condición para que se pueda reclamar el reconocimiento de que su derecho a crédito es prioritario es que haya una sentencia favorable o un procedimiento judicial en marcha.
En un informe al que ha tenido acceso ECD, el despacho detalla que la Ley Concursal española fija la prioridad para todos los créditos involuntarios que han nacido con posterioridad a la declaración del concurso “con independencia de que sean personales o materiales, de su situación asegurativa e, incluso, del causante de los daños”.
El despacho representa entre 40 y 50 víctimas de amianto. Para cada una de ellas, deberán iniciar un procedimiento individual en los juzgados de lo mercantil hasta crear un precedente en el país.
Asimismo, los letrados han dejado claro que, de cara a otros afectados por el amianto de Uralita, están dispuestos a facilitar la documentación a otros despachos o incluso a llevar el asunto. “No queremos que abunden los casos y la impunidad”, aseguró Pajares, pues reconoce que muchos de los abogados que han llevado los casos de amianto están especializados en derecho laboral, no concursal.
En 2022 se creó un fondo de compensación con 25 millones de euros para todas las víctimas de amianto, incluidas las de Uralita. Sin embargo, la norma ha recibido críticas por parte de las asociaciones de afectados que denunciaron que no era suficiente dinero para cubrir todas las indemnizaciones.
“La norma está muy bien sobre papel pero falta reglamentario y estar a pie con las víctimas”, reclamó Andrea Peiró, abogada de Opamianto -un despacho que fue adquirido por Cremades & Calvo Sotelo-, que insistió en que no se establece la cantidad a la que le corresponde a cada persona ni cómo se va a determinar.
Peiró expresó que una de las barreras que sufren a la hora de presentar los casos en los juzgados es el desconocimiento de los magistrados y magistradas sobre el amianto.
Aparte del País Vasco, Cataluña, Madrid y Galicia, según la letrada, el resto de los territorios no conocen las consecuencias de la exposición al amianto ni lo que es.
