En un hito que marcará un antes y un después en la emblemática zona rocosa de Punta Ballena -para pesar de unos, críticas de otros, y beneplácito de los intereses empresariales-, la disputa entre la Intendencia de Maldonado y los propietarios privados ha alcanzado un punto culminante tras el fallo de la Suprema Corte que favoreció a estos últimos.
Tras una transacción que involucró la cesión de terrenos a cambio de permisos para construir, el acuerdo, aprobado dos veces en la junta departamental, ahora aguarda la crucial aprobación ambiental.
Este trasfondo, enfrascado en líneas de descendencia de Antonio Lussich, ha dado paso a un proyecto ambicioso: un complejo residencial sumamente lujoso, para propietarios de altísimo poder adquisitivo, de 29 terrazas con 320 apartamentos en nueve hectáreas, gestado por un interés de mercado y necesidades contemporáneas de vivienda.
Cuando se le preguntó a uno de los propietarios y coordinadores del mega proyecto inmobiliario, Ezequiel Carballo, cuánto del terreno le pertenecía, dijo en una entrevista al diario El País: “Estimo que debe rondar el 85%. El resto está distribuido entre cuatro líneas de descendencia de Antonio Lussich -el doctor Eduardo Carrera Hughes tiene mayor porcentaje, y me acompañó en todo este proceso. Por otra parte, hay otros propietarios -no recuerdo en qué proporción cada uno- que heredaron su parte de un señor que compró poco más del 1% a uno de los herederos (N. de R.: de Lussich)”.
La visión del propietario se expande al futuro potencial del proyecto, considerando las cambiantes dinámicas del mercado y las demandas de una población envejecida en busca de comodidades modernas.
Se estima una inversión de alrededor de US$100 millones, con una proyección de empleo directo e indirecto que promete beneficios económicos a la región.
Sin embargo, el proyecto no ha estado exento de críticas, con destacados cuestionamientos de la academia y la sociedad sobre posibles impactos ambientales y paisajísticos.
Ante estas objeciones, el propietario sostiene que la aprobación del proyecto sería la única garantía para la preservación del entorno y la flora y fauna local, subrayando que la iniciativa no solo conllevaría beneficios tangibles, sino también la protección de la identidad del lugar.
La delicada situación actual reside en la espera de la decisión del Ministerio de Ambiente, cuya evaluación determinará el futuro del proyecto. Ante la posibilidad de un desenlace negativo, se vislumbra un escenario de ejecución forzada que podría marcar un punto de no retorno en este conflicto de intereses.
Carballo asegura que no se esperaba que tuviese tanto rechazo el proyecto: “Me sorprendió (el rechazo) sobre todo porque no tuve una oposición en la Junta Departamental de Maldonado. Participé de las reuniones de los bloques del Partido Nacional y Frente Amplio, y respondí preguntas de los ediles y asesores. Recuerdo, además, que uno de los miembros del Frente Amplio me felicitó por el acuerdo al que habíamos llegado porque preservaba los intereses públicos de la manera que no imaginaba que se podía alcanzar. Me había quedado con esa idea y, a su vez, tengo convencimiento de que es una solución que preserva razonablemente intereses del sector público y privado. Todo lo demás es destrucción de valor. Sería francamente una picardía”.
Por último, asegura que el megaproyecto inmobiliario es la forma de “preservar” la flora y fauna del lugar: “La única manera de que esa flora (que se quiere preservar), sea preservada, es aprobando el proyecto. De lo contrario, quedará librado a la buena de Dios y la fauna exótica (garra de león) seguirá invadiendo el predio. En cuanto a la fauna marítima, no entiendo por qué los peces se van a ver afectados por los edificios que construya y no por Casapueblo, que está al lado. Francamente no me entra en la cabeza”.
Y añadió a modo de cierre: ”Se preservan (de manera pública) tres miradores, uno al este, otro al oeste y otro al sur. También se preserva un acceso a Casapueblo que no existiría de otra manera. Creo que he mencionado los cuatro sitios de mayor interés turístico de la zona. Así que, si no sale el proyecto, desaparece como lugar de interés turístico. La única manera de que el turismo pueda seguir aprovechando esto es que se apruebe el proyecto”.
