Una semana después de que el PSOE, con Sumar y Coalición Canaria (CC), registrase en el Congreso la reforma de la ley de Extranjería, el PP ha dado por rota la negociación para tramitar la norma. Los populares sospechan que el Gobierno tiene acordado con Junts su tramitación. Este domingo, fuentes del PP han informado de que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha contacto con el portavoz de los populares en la Cámara Baja para conformar que «no ve posible aceptar las condiciones» de los de Alberto Núñez Feijóo y les ha remitido al trámite de enmiendas, por lo que todo apunta que el martes se aprobará la tramitación. El ministro Ángel Víctor Torres ha hablado este domingo con Miguel Tellado para ratificar que el Ejecutivo no acepta las medidas propuestas por el PP para que la reforma de la ley de Extranjería pueda iniciar el trámite parlamentario. Según las mismas fuentes populares, los socialistas tendrían así asegurado el voto de Junts el martes, con la consiguiente cesión a los independentistas. «El PP fue claro en sus pretensiones para apoyar ese texto. La negativa del Gobierno no nos permite facilitar la tramitación de una ley que se basa en la imposición y no en el diálogo», han apuntado desde Génova. De esta manera, los contactos que Torres anunció con los de Feijóo para aglutinar los apoyos del principal partido del Congreso para sacar adelante la reforma legislativa no han dado sus frutos. El Gobierno ha maniobrado a contrarreloj para tratar de evitar un nuevo revolcón parlamentario, como ya le ocurrió con la ley contra el proxenetismo –tumbada con los votos de Sumar– y la del Suelo, que ni siquiera llegó al pleno tras retirarla el Ejecutivo al comprobar que no contaba con el visto bueno de la cámara. El laberinto en la Cámara Baja empieza a ser indescifrable para el Gobierno, que tras sacar adelante la ley de Amnistía está comprobando la dificultad de legislar con socios tan dispares como los que llevaron a Pedro Sánchez a mantenerse en la Moncloa. Un escenario que ha llevado al Ejecutivo a mirar a su derecha para recurrir al PP, que no está dispuesto a «salvar la papeleta» al PSOE con la ley de Extranjería ni con ningún otro asunto. Núñez Feijóo ya le advirtió a Sánchez en la investidura que esto pasaría –«cuando le dejen caer sus socios, no recurra a nosotros»– y la premonición no ha tardado en hacerse realidad. El problema migratorio de Canarias, donde alrededor de 6.000 menores aguardan su traslado a la península y Baleares, ha llevado al Gobierno a improvisar una reforma del artículo 35 de la ley de Extranjería para imponer el reparto obligatorio de esos menores en las comunidades autónomas. Una proposición pactada solo con CC, pero sin tener en cuenta al resto de sus socios, algunos de los cuales se han mostrado abiertamente contrarios a la norma. Sobre todo los separatistas catalanes, reacios a recibir más, como demostraron durante la conferencia sectorial, en la que no votaron a favor del reparto acordado hace unos meses por las autonomías. Ahora, con la ley encima de la mesa, Junts, que en público ha rechazado su apoyo, podría haber llegado a un acuerdo con los socialistas, que curiosamente se enfrentan en Barcelona por el control de la Generalitat, que el PSC está negociando con ERC. Un castillo de naipes que los de Puigdemont quieren derribar a toda costa. Pero el expresidente y todavía fugado de la Justicia siempre ha señalado que la negociación en Madrid es en paralelo a lo que suceda en el Parlamento de Cataluña. A principios de semana, fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego (cuota de Izquierda Unida dentro de las carteras de Sumar), aseguraban que entre los criterios de reparto –adoptados por unanimidad por las comunidades en 2022– podrían incluirse algunos que aliviaran la carga para las que «hayan hecho un gran esfuerzo en los últimos seis meses como Cataluña». Un gesto que podría haber ablandado a Junts. Los intentos del Ejecutivo de acercarse a los populares –incluidas las llamadas de este fin de semana desde el ministerio de Rego a diferentes dirigentes populares– se han topado con la misma respuesta. La que le envió Tellado al ministro Torres el anterior fin de semana y en la que se especificaban las condiciones del PP para apoyar la tramitación de la norma. Entre ellas, las dos más importantes –como resaltó el propio Feijóo a mediados de semana– son la convocatoria de una Conferencia de Presidentes y la declaración de la emergencia migratoria en todo el territorio. Si, finalmente, el Gobierno no consiguiera el apoyo del PP y tampoco el de los independentistas catalanes la situación podría desembocar en la retirada de la proposición este mismo martes, antes del pleno. En ese caso, tal y como vienen reclamando las fuerzas políticas de Canarias, Ceuta y Melilla, el reparto de esos casi 6.000 menores hacinados en diferentes centros del archipiélago podría intentar llevarse a cabo mediante decreto ley. Una opción que el propio Gobierno descartaba tras registrar la proposición hace una semana y a la que abrió la puerta hace solo unos días.
