Desde el 2021, año en que el Gobierno prometió “no más pobres en un país rico”, hasta la fecha, las condiciones de vida de la población no solamente no han mejorado, sino que han emprendido una senda divergente hacia el empeoramiento, y ello en las distintas dimensiones de la pobreza, sea esta monetaria o no monetaria.
También se ha consolidado una nueva dinámica y dibujado un nuevo rostro de la pobreza. Las ciudades se han pauperizado, y concentrado la mayor parte de la población en pobreza. Peor aún, como veremos enseguida, las brechas en la salud de los niños persisten y se agravan, con consecuencias a mediano plazo sobre su capacidad para desenvolverse en sociedad y en la generación de futuros ingresos. Al impacto individual de menores oportunidades y libertades para llevar la vida que ellos hubieran deseado y la Constitución les prometía, se suma el impacto para el conjunto de la sociedad. Las potencialidades productivas desaprovechadas incidirán sobre la productividad y, por ende, sobre el crecimiento potencial de la economía.
La inflación, el débil crecimiento de la economía en 2022 (+2,6%) y la recesión en 2023 (-0,6%), así como la naturaleza “antipobre” de dichas evoluciones (por primera vez en las últimas dos décadas, la “redistribución” jugó en contra los pobres) contribuyeron a que la pobreza creciera durante dos años consecutivos. Comparado con el año 2019 de prepandemia, en 2023, el número de pobres aumentó en más de 3 millones (3.290.000); entre ellos, 596.000 personas tan solo en 2023. Mientras que la tasa de pobreza en las ciudades casi se duplicó (de 14,6% a 26,4%), la pobreza rural continuó su lento decrecimiento (de 40,8% a 39,8%). El rostro de la pobreza se ha vuelto urbano: actualmente, el 73,1% de los pobres residen en las ciudades (40,5% en la capital). En 2023, prácticamente, uno de cada cinco (18,4%) pobres extremos reside en la capital.
La incidencia de pobreza en la capital ya es mayor que en los departamentos de Arequipa, Lambayeque, Ica, entre otros. La capital ha dejado de ser la tierra prometida en donde los migrantes podían realizar sus aspiraciones de mejores condiciones de vida. Lima es una ciudad cada vez más segregada: en 2023, la pobreza en la mal llamada periferia (en donde viven o, mejor dicho, sobreviven 6 de cada 10 limeños) afecta a un tercio (33,8%) de la población, mientras que en los distritos consolidados, al 20,2%. Una mirada más desagregada revela que un 60% de la pobreza se concentra en los conos este y norte. Es importante notar igualmente que en los distritos consolidados, pero de estrato bajo (como el Cercado, Rímac, La Victoria), la incidencia de pobreza afecta a una de cada cuatro personas (25,5%). Ellos han estado fuera del radar de las políticas sociales. Se deben diseñar instrumentos de focalización que tomen en cuenta las heterogeneidades urbanas.
La pobreza se ha hecho más profunda, los pobres se han empobrecido, como lo revela el hecho de que la brecha de pobreza (el porcentaje de gasto que les falta para poder comprar la canasta básica de consumo) haya pasado, entre 2019 y 2023, de 18,3% a 25,3% en la capital, de 20,9% a 23,2% en el resto de ciudades y de 26% a 31,9% en el área rural. Por otra parte, el estrés financiero de los hogares es elevado aún en la población vulnerable no pobre. En la capital, el 65,9% de la población no pobre, pero vulnerable a la pobreza, logra apenas equilibrar sus ingresos y sus gastos, un 15,7% se ve obligado a endeudarse y un 9,4% a utilizar sus ahorros. Esa misma precariedad también se observa en el resto de las ciudades y en el campo.
Preocupa que la pobreza extrema rural en 2023 haya aumentado al mismo tiempo que la no extrema disminuye. Ello dice mucho sobre la eficacia de los programas sociales, en particular los de ayuda alimentaria y de transferencias condicionadas para ofrecer un piso mínimo de sobrevivencia a dichos hogares. Se necesita con urgencia revaluar el impacto de los programas sociales y diseñar nuevas estrategias de asistencia de urgencia y de desarrollo de las fuerzas productivas que garanticen una salida duradera de la pobreza.
El incremento de la pobreza extrema es preocupante, pues ha agudizado los déficits nutricionales de la población. En 2023, la anemia en niños de 6 a 35 meses de edad aumentó ligeramente (+0,7 pts.) y se mantiene en un nivel superior al de prepandemia (43,1% y 40,1%, respectivamente). Tanto los niños de la ciudad (40,2%) como del campo (50,3%) están gravemente afectados, lo que compromete el desarrollo de sus capacidades cognitivas y ulteriormente el rendimiento escolar. La acumulación de déficits nutricionales se traduce en un retraso del crecimiento (desnutrición crónica). A nivel nacional, sus niveles se mantienen sin mostrar progreso alguno, aunque ello es el resultado de un incremento de la desnutrición crónica en las ciudades (de 7,1% a 8,1%) y de una disminución en el área rural (de 23,9% a 20,3%). Considerando el conjunto de la población; en 2023, más de un tercio (36,3%) pasa hambre. Llama la atención el hecho de que este problema es más agudo en la capital —uno de cada cuatro (43,5%) limeños pasa hambre— que en el resto del país. Este no es un fenómeno nuevo, pues el déficit calórico (hogares que no logran comprar las calorías necesarias) ha venido aumentando hasta duplicarse desde 2015, cuando su nivel alcanzaba el 19,7%.
En el ámbito laboral, el principal reto sigue siendo el generar un mayor número de empleos adecuados; es decir, formales, que al menos permitan a los trabajadores acceder a la canasta básica de consumo, con protección social y derechos laborales. Los ingresos por trabajo que dan cuenta de más del 70% de los ingresos totales se han estancado y el empleo adecuado ha progresado poco y demasiado lentamente. El porcentaje de trabajadores pobres (aquellos cuyo ingreso es insuficiente para comprar la canasta básica, considerando incluso el aporte de los otros miembros), se ha mantenido estable desde el 2022 en alrededor del 40%. En este segundo trimestre del 2024, alcanza al 39,3%, en ligera disminución (-1,6pts) respecto al mismo trimestre en 2023.
Entre las políticas esperadas podemos citar el reajuste del salario mínimo (que ha perdido 10% de su poder de compra), los programas de empleo temporal destinados a cerrar brechas de infraestructura, los incentivos a la inversión privada a través de la reducción del costo de los créditos a las inversiones en actividades intensivas en mano de obra, la ampliación de la cobertura de los programas sociales y la revalorización de las prestaciones, diseñar una nueva estrategia e instrumentos de lucha contra la pobreza urbana. En el muy corto plazo, urge potenciar los programas alimentarios y asignar recursos para el apoyo a las organizaciones populares existentes ligadas a la alimentación (ollas y comedores populares, asociaciones de pequeños productores) con el fin de reducir la anemia, la desnutrición crónica y reducir los déficits nutricionales.
Ya no es momento de nuevas promesas, sino de la acción concreta, con visión de corto y largo plazo, de mejora de la capacidad de las instituciones públicas para el diseño y ejecución de políticas de cierre de brechas e igualdad de oportunidades, en particular de aquella población con profundas y diversas privaciones.
