El pasado 16 de julio se presentó a Mbappé como jugador oficial del Real Madrid para las próximas cinco temporadas y su llegada no solo ha revolucionado el mercado de fichajes, sino también el ámbito legislativo de la Comunidad de Madrid.
La ya popularmente conocida como “Ley Mbappé” es una medida del gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso que entrará en vigor próximamente con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024. Esta ley permitirá desgravar un 20% en el tramo autonómico del IRPF a los nuevos contribuyentes que se instalen en Madrid, es decir, es una medida que beneficiará a nuevos residentes fiscales que inviertan en la comunidad.
Según la redacción actual de la ley, para acceder a esta rebaja del IRPF, los nuevos contribuyentes deben invertir en deuda pública, obligaciones, acciones, etc., y no en el sector inmobiliario o en entidades que estén domiciliadas en paraísos fiscales. Además, para evitar fraudes, esta inversión no puede superar el 40% del capital social de una empresa familiar. Asimismo, los ciudadanos deben mantener las inversiones durante seis años y tienen que haber vivido fuera de España durante los cinco años anteriores al cambio de residencia.
De este modo, una persona podría desgravarse prácticamente la totalidad del tramo autonómico del IRPF en Madrid –que es del 20,5%-–y solo tendría que pagar el tramo nacional del 24,5%, una opción "muy jugosa" para los inversores y las rentas altas.
Esta medida no es nueva y no tiene nada que ver con Mbappé, simplemente es un nombre mediático, ya que la ley empezó a fraguarse el año pasado, mucho antes de la llegada del futbolista al Real Madrid. En su momento no pudo salir adelante porque el Partido Popular no tenía mayoría absoluta y Vox votó en contra, pero ahora tiene vía libre para aprobarla.
Además, si se tienen en cuenta los requisitos ya mencionados, la nueva normativa podría no aplicarse a muchos deportistas de élite que no mantengan su residencia fiscal en Madrid durante seis años. Ahora mismo solo cabe esperar a que la Asamblea de Madrid apruebe el anteproyecto de ley que envió el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el pasado 19 de junio, por lo que todavía no se puede concretar cuándo entrará en vigor.
