Hay que decirlo sin rodeos, ambigüedades, sutilezas o eufemismos, el fascismo está tomando cuerpo en Estados Unidos y los primeros que desconocen la siniestra amenaza que se les avecina son los propios ciudadanos estadounidenses, creídos de la fortaleza de su democracia, cuando ese pilar de su cultura política está siendo horadado a vertiginosa velocidad.
Estoy muy lejos de defender al régimen del país que se considera amo y señor del mundo, que se ha dado el poder de sancionar a naciones y pueblos que no acatan sus proyecciones, que es incapaz de resolver sus múltiples problemas internos, ya sean los millones de homeless, de indigentes, de drogadictos, de inmigrantes sin derechos, de ciudadanos de segunda clase por condición étnica o social. Pero la democracia estadounidense está en muy grave peligro y quién sabe qué puede deparar para el resto del mundo.
El lunes 1ro. de julio de este 2024, a escasos tres meses y unos días de las elecciones presidenciales de noviembre, en las que Donald Trump encabeza las tendencias del voto, y regresaría a la Casa Blanca como principal poder de la nación, la Corte Suprema de Estados Unidos, en una decisión seis a tres que define su carácter ultraconservador, dictaminó que «un expresidente tiene derecho a inmunidad absoluta frente a un proceso penal por acciones dentro de su “autoridad constitucional concluyente”». Recordemos que tres de esos seis jueces fueron nombrados por Trump y los otros tres por antecesores republicanos.
Se le está dando la inmunidad a quien enfrenta más de 90 cargos por delitos graves en cuatro procesos diferentes, y no pocos de ellos tienen que ver con sus esfuerzos de subversión electoral y la insurrección de su fanaticada extrema que asaltó el Congreso de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, y que Trump provocó. Ha logrado lo que vaticinó Richard Nixon, quien para intentar librarse y justificar el juego sucio de Watergate, dijo en una entrevista: «Cuando el presidente lo hace, significa que no es ilegal».
Como complemento a esa decisión, también la mayoría republicana en la Corte Suprema declaró legal el soborno a los políticos y funcionarios públicos. Si las empresas corporativas o personas ricas dan dinero a los políticos a cambio de contratos, legislación u otros favores, siempre y cuando el efectivo se pague después de que se haya realizado la escritura, es una simple «gratificación».
El pasado noviembre, en el discurso que Trump pronunció por el Día de los Veteranos, lanzó una muy seria amenaza si es elegido en noviembre de 2024: «extirpar de raíz» a aquellos que describió como «matones de izquierda radical que viven como alimañas dentro de los confines de nuestro país» (referencia que incluye a comunistas y el progresismo a los que definió también como «lunáticos de izquierda radical»).
«Somos una nación fallida. Somos una nación en serio declive» afirmó Trump, y puntualizó: «El 2024 es nuestra batalla final». Como colofón agregó una falacia para movilizar a las fuerzas ultranacionalistas: «La verdadera amenaza no proviene de la derecha radical. La verdadera amenaza proviene de la izquierda radical, y crece cada día, cada día»… «La amenaza de fuerzas externas es mucho menos siniestra, peligrosa y grave que la amenaza interna».
En medio de estas diatribas, sonaron las descargas de un fusil AR-15, cuando apretó el gatillo un oscuro y anodino muchacho de 20 años, Thomas Matthew Crooks, que inconcebiblemente no fue detectado por el Servicio Secreto de EE. UU., y disparó contra el candidato, propiciándole la puerta ancha de la Casa Blanca.
Trump ya estaba por los días previos al mitin de Butler invitando a su rival demócrata Joseph Biden, a un nuevo debate televisivo vis a vis, sin intermediario alguno en el escenario, con incuestionable propósito de dar un tiro de gracia al Presidente, a quien considera fácil de derrotar en noviembre, y en ese propósito comenzaba el intento de desligarse del Proyecto 2025, propuesta del think tank (tanque pensante) Heritage Foundation, el programa a ejecutar por un próximo Gobierno republicano, ideado por individuos que trabajaron para la administración Trump y que de ponerse en práctica sería basamento de una sociedad ultranacionalista y ultraconservadora, la que han descrito en 900 páginas.
Informaciones de medios señalan que entre los principales peritos del proyecto, están John McEntee, quien fue director de personal de la Casa Blanca de Trump, Stephen Miller, asesor principal de su primera Administración, Ben Carson, secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de su gabinete, y Ken Cuccinelli, ex subsecretario de Seguridad Nacional. Y no son los únicos.
En el centro de ese plan de la Agenda 47 (Trump sería el presidente 47 de EE. UU.) está una reforma sustancial del Gobierno, cuya esencia es expandir el poder presidencial.
Claramente, los poderes que le está dando la Corte Suprema tienen su correlato en el Proyecto 2025, un autoritarismo en acción propuesto por la Heritage, que desmantelaría agencias gubernamentales como el Departamento federal de Educación, y elimina términos de todas las leyes y regulaciones federales, incluidos «orientación sexual», «diversidad, equidad e inclusión», «igualdad de género», «aborto» y «derechos reproductivos».
A su vez, el Departamento de Justicia quedaría bajo control presidencial, lo cual corresponde a lo que llaman «teoría del ejecutivo unitario». Agregue el sumun de los deseos del capitalismo cuando la propuesta argumenta privatizar la seguridad social, el servicio de salud para los veteranos, la administración federal de la aviación y los proyectos de infraestructura.
Una perla en la corona de ese Ejecutivo inmune y autoritario sería la política migratoria, pues el plan aumenta la financiación para el muro en la frontera entre Estados Unidos y México, que es sabido que fue una de las ejecutorias de Trump I de 2017 a enero de 2021, quien no deja de anunciar que si gana un segundo mandato pondría en marcha la operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos.
Toda una liquidación del papel del Estado se expresa en la reducción de los programas de ayuda ante los desastres, de los fondos para los programas de investigación, las regulaciones en los cuidados médicos, los fondos para los programas de salud pública, la ayuda federal a los estudiantes, A lo que unen eliminar o reducir el apoyo estatal a los proyectos de energía renovable. Mermarían las regulaciones de la Agencia de Protección Ambiental, retirarían a Estados Unidos de los acuerdos internacionales sobre el cambio climático, y se frenaría «la guerra contra el petróleo y el gas natural».
Las ovaciones mayores a ese Proyecto 2025 deben provenir de las grandes corporaciones, porque se aplastan las regulaciones a los negocios, la vigilancia federal a los estándares del trabajo, implementan un sistema de impuesto único con menores gravámenes para las corporaciones y restringen los poderes de la Reserva Federal, la entidad responsable de dirigir la política monetaria de Estados Unidos, vigilar las instituciones bancarias y mantener la estabilidad del sistema financiero.
El Proyecto 2025 detalla paso a paso, dicen sus críticos, el proceso para transformar la Presidencia en algo parecido a una monarquía, lo que concuerda con la explicación del voto de protesta de la jueza del Tribunal Supremo Sonia Sotomayor, quien dijo claramente: «Bajo el Gobierno, cualquier uso del poder oficial para cualquier propósito, incluso el propósito más corrupto indicado por evidencia objetiva de los motivos e intenciones más corruptos, sigue siendo oficial e inmune».
Se teme que Donald Trump pudiera ser el siniestro reyecito de Washington, lo que Will Bunch, columnista del Philadelphia Inquirer, argumentó «sería, en esencia, el golpe militar que no pudo llevar a cabo el 6 de enero de 2021».
