Desesperación, problemas de atención, un tapón burocrático, incidentes y peleas. Los centros de menores inmigrantes están en una situación límite y la solución, «ni la veo ni la encuentro», confiesa la presidenta de la Asociación Quorum, Delia García, al frente de una organización que actualmente gestiona 27 de estas instalaciones en Canarias , con 2.300 menores inmigrantes y que ha llegado a acoger a más de 3.000. Los macrocentros son la chispa perfecta para prender la mecha de una bomba de relojería. «¿Hay que esperar a que pase algo grave para actuar?», se pregunta. «Son para cien personas y de emergencia, para dos meses, pero hay el doble, y ya están hacinados», asegura. La presión y la saturación es cada vez más grave, « las ONG han dado un paso atrás , ya no nos alquilan espacios, y aunque buscamos centros de menores para una atención personalizada en grupos de 20 a 50, eso no resuelve el problema». Si la previsión es superar los 10.000 menores inmigrantes llegados a las islas al cierre de este año, «tendríamos que abrir un centro cada dos casas», advierte. «Llegan partidos del cayuco pero cargados de esa ilusión de haberlo conseguido, de estar vivos y decididos a cumplir sus objetivos», pero luego «ven frustrados sus sueños; son adolescentes con problemas de gestión emocional como cualquier otro y cada mínima cosa puede desencadenar un incidente». Y los hay, en la veintena de centros Quorum, una media de cien al mes. «Frustración, sin papeles, atascados , es un problema de gestión pero también de otras dificultades» como los problemas de espacio, intimidad o atención. «Nadie quiere un macrocentro , implica problemas» y la diferencia es palpable, ya que «mientras en los centros de 20 a 50 menores se atiende la individualidad y están todos escolarizados, integrados, con actividades, clases de español entre otras», en los macrocentros «los educadores están desbordados, los chicos agobiados y aun teniendo 20 o 25 profesionales en cada turno, la frustración nos come». Tal y como recuerda, en un motín «dos de los educadores fueron golpeados y acabaron inconscientes y necesitaron traslado hospitalario». Las consecuencias de la situación está pasando factura, porque nadie quiere trabajar así. «No es fácil» , confiesa. No solo son los incidentes. Los educadores que trabajan en Canarias también denuncian que en centros gestionados por otras entidades la comida que se le pone a los chicos es muy deficiente, y muchos se alimentan a base de pan y yogur . Las cocinas no siempre se pueden usar porque no están habilitadas, el personal está sobrepasado, desprotegido y las condiciones de trabajo no son buenas, encadenando hasta cinco días en turnos de noche o sin cobrar las horas extras. Cuando son tantos, la frustración del menor viene del no tener nada que hacer, apunta Delia García, y aunque las ONG se cargan a la espalda todo lo posible «hay cosas que no podemos. El papeleo lleva cauces y están totalmente bloqueados, invertimos mucho esfuerzo y el resultado es mínimo». «Cuando lleguemos a 7.000 menores, cada uno con su historia, apenas podremos atender lo básico de lo básico» y no «lo realmente humano», como esas pesadillas por las noches o el trauma de las violaciones durante el trayecto. Mientras lo cuenta, piensa en una de las niñas de 6 años recién llegada, que tuvo que ver cómo los ocupantes del cayuco en el que viajaba tiraban a su padre por la borda. No es la única desgracia a bordo. Otra de las niñas de la embarcación «aún pregunta por su madre, siente que la ha abandonado», cuando ella también falleció en la travesía. Desgarrada y emocionada, alerta de una situación límite. «Vienen con una herida de por vida, rotos por ese viaje en patera », y siente miedo, confiesa, «de deshumanizarnos, de terminar contando camas o colchones, de no poder brindarle todo el apoyo a esa niña» y a las miles que vendrán detrás. Cuando escucha que los menores inmigrantes son los culpables del aumento de la criminalidad, se siente «sin palabras» porque no sale de su asombro al pensar que algo así esté sobre la mesa. «Son niños y adolescentes que firmaron un contrato con la muerte y que, habiendo sobrevivido, siguen pasando miedo por las noches». En octubre de 2023 se atascó todo, confiesa, y aunque « el Gobierno canario está poniendo todo su esfuerzo y vemos la sensibilidad del ministro Ángel Víctor Torres y la ministra Sira Rego , el Estado está teniendo una respuesta nula». «Necesitamos una respuesta inmediata, e inmediata es ya porque la solución que nos queda son las carpas como en el muelle de Arrecife (Lanzarote) y eso es vergonzoso», asegura Delia García. «Yo digo basta, no vamos a atender a menores a la intemperie y ser partícipes de eso, es terrible». Si se logra la derivación de 3.000 «del tirón» se puede desatascar el sistema, «pero así no», dice. «Tenía una visión optimista de la Conferencia Sectorial pero ahora después de ver las noticias, estamos desolados». Por muy bien que se quiera hacer, «la evidencia es tremenda, nos metimos en este barco y ahora es un embudo». Para García, las carpas, ya instaladas en Arrecife para atender a 60 menores, «es asumir el desastre ».
