El mercado laboral tiene como siempre sus luces y sombras, y aunque el presidente del Gobierno se jactó de que va como «un cohete», no es oro todo lo que reluce... De acuerdo que junio cerró con un récord histórico de empleo, 20,7 millones de afiliados (pero todavía el número de parados está por encima de los dos millones, 2,688 millones exactamente). Hay más ocupados, pero más pobres. Así lo confirmó Cáritas. Su última «Memoria confederal» recoge que la mitad de las personas a las que atendió esta organización en 2023 tenían empleo. «La mejora de la tasa de actividad y la disminución del paro a lo largo de 2023 no se han traducido en un aumento de la calidad del empleo, sobre todo para las personas en situación de exclusión social. Con una tasa de casi el 12%, España continúa siendo uno de los países de la UE con mayor índice de pobreza laboral debido a la precariedad, los bajos salarios y la temporalidad», señalaba la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro.
Raúl Flores, sociólogo y coordinador del Equipo de Estudios de esta organización, añade que en los últimos 30 años ha habido un cambio significativo en cuanto al nivel de vida de las familias. «Si antes lo que distinguía las condiciones de vida de las personas era tener o no un empleo, ahora ya no es así y lo que distingue las condiciones de vida de las personas es tener o no un buen empleo, y por buen empleo se entiende uno a jornada completa durante todos los meses», explica Flores.
Cabe recordar en este punto que España es el tercer país de la UE con más temporalidad (17,4%) según datos de Eurostat, sólo por detrás de Portugal (con una tasa del 17,9%) y de Países Bajos (con un 27,7%). «En torno a la mitad de las personas que vienen a Cáritas han trabajado el año anterior y lo han hecho a lo mejor con medias jornadas, no porque sea una estrategia de conciliación o porque ellos lo deseen, sino porque ha sido el tipo de trabajo que han conseguido tener o mantener. Luego, hay personas que a pesar de haber trabajado a jornada completa, lo han hecho unos periodos sí y otros no, lo que significa que no llegan a tener lo necesario para vivir. A lo mejor una persona trabaja nueve meses al año y tiene que pagar doce meses de alquiler, o tiene que pagar todos sus gastos y solo trabaja cinco horas diarias y por tanto no le alcanza», añade, resaltando que «ese fenómeno se ha dado siempre en los trabajadores pobres porque los salarios son muy bajos y están en el límite. Son familias grandes que no pueden sostenerse con 1.200 euros al mes y son familias que a pesar de trabajar no tienen ni la duración, ni la estabilidad ni la carga de horas necesarias como para alcanzar el mínimo que se necesita para vivir», lamenta Flores.
Las existencia de trabajadores pobres no es algo nuevo, se viene dando desde la gran recesión económica de 2008. Lo que ha cambiado, apuntan los expertos, es el encarecimiento de la vivienda, y de los suministros básicos como la luz, el gas y los alimentos. «La vivienda se ha convertido en un pozo sin fondo en el cual las familias tienen que volcar su presupuesto cada primero de mes. Esto significa que, aunque trabajen y tengan un salario por encima del SMI, tienen que pagar tanto por su vivienda que lo que les queda es insuficiente. Son familias que a pesar de madrugar, trabajar y aportar al bien común, no están consiguiendo salir adelante. Si en la UE la media del parque de la vivienda pública en alquiler está en torno al 7-8%, aunque hay países que superan el 25%, en España está en el 1,9%; es un reto que tenemos que abordar para que en los próximos 7 u 8 años obtengamos resultados», apunta Flores.
Los precios en general, no solo de la vivienda, han seguido subiendo. La inflación de junio se situó en el 3,4% interanual, por encima del 1,9% del año anterior por estas fechas y lejos del 2,5% registrado en la eurozona. En cuanto a los alimentos, desde mediados de 2018 los precios han subido en torno al 19% y el 35%. Alimentos básicos como el aceite de oliva han crecido un 70%, el azúcar un 40% y el arroz un 20%. Es decir, mucho, lo que estrangula aún más a las economías más paupérrimas. Los productos energéticos siguen situándose como los más inflacionistas de la cesta, superando a los combustibles.
Por el lado de las luces es verdad que la economía española crece, y se estima que lo siga haciendo, pero no parece que la sensación entre las familias sea que la economía vaya como un «cohete». «Es cierto que el PIB sube, pero estamos acumulando riqueza poniendo a más gente a trabajar en empleos que no nos gustaría tener a nosotros. Dicho de otra manera, tenemos una economía que crece de forma extensiva, ponemos más gente a trabajar, creamos más riqueza, más valor añadido, más PIB... pero a nivel individual no tenemos mejores salarios», explica Manuel Hidalgo, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide y economista de EsadeEcPol.
Un factor relevante de este proceso es ese fuerte aumento de la inmigración, lo que ha puesto a disposición de la economía española a más personas que buscan participar en nuestro mercado de trabajo y cuyos salarios son bajos. Conviene recordar en este punto que España crece más que Europa porque cada año acoge 500.000 inmigrantes netos y en los últimos dos años lo han hecho 1,2 millones, lo que implica fuertes efectos.
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«Entra mucha mano de obra extranjera a trabajar en sectores de baja productividad. Es decir, la economía española no está creciendo por la tecnología, ni por la mejora del capital humano, sino porque aumenta la población, lo que no ocurre en ningún otro país, excepto en Alemania, que tiene más inmigrantes que España. Es mano de obra que trabaja en sectores como el campo, la construcción, el servicio doméstico, la restauración o el turismo, con niveles retributivos bajos o de economía sumergida que hacen que nuestra renta per cápita baje», explica Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo. Pampillón usa el paralelismo de los trenes viejos que corren mucho y los nuevos que llevan una velocidad constante.
«Alemania tiene un crecimiento cero, como si fuera un tren que va a 120 km/h que no aumenta la velocidad, es decir está estancada, pero su velocidad es constante y cada año produce lo mismo. Sin embargo, España tiene trenes viejos que van con carbón y echa mucho carbón a la caldera, mucha mano de obra al sistema productivo. Sí, vamos más rápido, hemos ganado velocidad, crecimiento, pero es por el carbón y no porque nuestra máquina sea tecnológicamente más avanzada y esté al nivel de Francia y Alemania», dice Pampillón. Crecemos pero en segmentos retributivos de salarios medios-bajos, añade el profesor Hidalgo. Y aunque los salarios medios hayan crecido, apunta este experto, no han conseguido restablecer los niveles prepandemia. «Estamos ante un panorama agridulce, dulce porque estamos creciendo mucho, aunque no lo calificaría de «cohete» porque el crecimiento se está concentrando en sectores que no son los que nos gustaría que liderasen el crecimiento económico y agrio porque los salarios nuevos que se crean en nuestra economía son bajos. Por cada ingeniero nuevo que está trabajando, tenemos 300.000 trabajadores nuevos con salarios bajos. Salarios medios con inflación alta dan la tormenta perfecta», manifiesta Hidalgo.
Un tercer factor que está produciendo la precarización de los salarios es, en opinión de Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA, el incremento que se ha producido en las cotizaciones a la Seguridad Social. Buena parte del aumento de los ingresos y gastos públicos tiene que ver con esta subida de impuestos, sostiene este experto. «Hace cinco años los márgenes empresariales se habrían ido a retribuir a los empleados, ahora se están destinando a pagar el incremento de las cotizaciones sociales», manifiesta Cardoso. La crisis de la pandemia fue particularmente negativa para los márgenes empresariales, resalta este experto, y ahora que se están recuperando, advierte, «hay que estar vigilantes para que el estancamiento de los salarios no se convierta en algo estructural y las empresas no se aprovechen».
En la UE, el parque de vivienda pública en alquiler está entorno al 7- 8%, cifras muy alejadas de las de España, donde el parque de vivienda pública está sólo en el 1,9%. Esta carencia se explica porque históricamente la acción pública ha priorizado el acceso a la propiedad mediante la vivienda protegida de compraventa, impulsada sobre todo por un sistema de ayudas a la construcción y a la compra con beneficios fiscales.
El escaso desarrollo del parque público o social de vivienda ha sido un rasgo distintivo del entorno español y es un factor más que contribuye a entender los problemas para satisfacer las necesidades de alojamiento. En los últimos cinco años (2018-2022) se han promovido cerca de 39.525 unidades con algún tipo de protección, frente a las 347.147 producidas entre 1993 y 1997. Así, actualmente la vivienda protegida representa el 10% de la oferta de obra nueva en España, mientras que hace tres décadas suponía el 27% y ha habido momentos en los que ha alcanzado el 80%.
A la falta de vivienda pública en alquiler y de compra se une el déficit de viviendas nuevas que surge cada año, entorno a las 100.000 cuando el número de hogares crece cada año en 200.000. Es decir poca oferta y mucha demanda, el caldo de cultivo perfecto para calentar los precios de la vivienda que ya están en el mercado y hacerlos más inaccesibles a las familias con menos recursos. Una oferta que también se ha visto restringida por la Ley de Vivienda que obliga a topar los precios del alquiler.
Por otro lado, la tasa de sobreesfuerzo en vivienda, es decir, el porcentaje de la población que reside en hogares en los que el coste (hipoteca o alquiler) representa más del 40% de los ingresos totales que perciben sus ocupantes, según un informe de la Fundación La Caixa. Según este indicador y dividiendo la población en cinco grupos de rentas, en España el 38,4% de las familias con rentas más bajas se encuentran en esta situación de sobreesfuerzo, lo que supera la media europea. En cambio, entre los hogares del siguiente grupo de rentas esta tasa ya cae al 11%, por debajo de la media continental. Solo en el segmento del mercado de alquiler, la tasa de sobreesfuerzo de la población en general asciende al 43% y es, con mucho, la más elevada de Europa.
La entrada tardía en un régimen de políticas públicas encaminadas al estado del bienestar ha causado una evolución del sistema de vivienda más lenta que en otros países del entorno. Además, la Administración ha priorizado otras políticas sociales, más que las enfocadas a garantizar el acceso a una vivienda digna. «Esta falta de protección en materia de vivienda ha tenido un efecto devastador en numerosas familias a raíz de la burbuja inmobiliaria y el posterior estallido de la crisis económica», explican Jordi Bosch de la Universidad Pompeu Fabra y Carme Trilla del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona en un artículo publicado en el Observatorio Social de la Fundación La Caixa.
En junio los precios del alquiler subieron un 9,2%, hasta los 11,8 euros por metro cuadrado, un nuevo máximo histórico, según datos publicados por Idealista. El alquiler subió en todas las capitales de provincia de España, siendo Alicante donde se ha registrado la mayor subida, con un 22,3% de variación interanual. Le sigue Valencia (21,5%) y Palma (21,4%). La ciudad más cara para alquilar una vivienda fue Barcelona con 18,7 euros el metro cuadrado, seguida de Madrid, (16,8 euros) y San Sebastián (15,9 euros). Por detrás se sitúa Palma (14,4 euros) y en quinto lugar está Bilbao (13,1 euros).
