En el PP están muy agitados con el máster de Begoña Gómez. Se aferran a él con la ansiedad de un náufrago a un madero. Es la bala que les queda en la recámara para intentar tumbar al presidente Sánchez; se la han regalado en los juzgados dos organizaciones de extrema derecha, Manos Limpias y Hazte Oír. Acompañan al PP su legión de medios amigos –muchos de ellos inquietos con la ley que los obligará a desvelar sus fuentes de financiación– y la Universidad Complutense. En el centro del tablero de juego hay un juez: el titular del juzgado de Instrucción 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, impulsor de la causa general contra Begoña Gómez. No tiene otro nombre lo suyo.
En un artículo anterior señalé que la instrucción de este caso tiene un pecado original, y es que se abrió a partir de una denuncia basada exclusivamente en recortes de prensa, incluido algún bulo, como lo admitió el propio querellante. Aunque la Ley de Enjuiciamiento Criminal no impide iniciar un procedimiento con base en informaciones periodísticas, la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que deben existir “indicios suplementarios” para abrir la investigación. El propio Supremo tumbó en 2016 una querella del pseudosindicato ultra Manos Limpias –que ahora acusa a Begoña Gómez– contra Podemos porque no había ningún “elemento de prueba” aparte de las notas periodísticas. En el caso de la esposa del presidente no hubo esos “indicios suplementarios”. No hay que ser un experto jurista para saber que estamos, desde el comienzo, ante una descarada investigación prospectiva, en la que un juez tira la red para ver qué pesca.
Las informaciones periodísticas recogidas por la querella se centraban inicialmente en dos asuntos. Uno, el contrato de patrocino de 40.000 euros por cuatro años que firmó en 2020 el Africa Center del Instituto de Empresa (IE) –dirigido entonces por Begoña Gómez– con Globalia, propietaria de Air Europa, que fue rescatada por el Gobierno en la pandemia. ¡Globalia apoya a Begoña Gómez y el Gobierno aprueba el rescate! ¡Más claro imposible! Resulta que la compañía aérea, debido a la crisis económica provocada por la pandemia, solo llegó a desembolsar 1.716 euros por dos billetes a Londres para que Gómez y la presidenta del Africa Center asistieran a un evento. Por otra parte, más allá de lo que cada cual piense de los rescates de empresas privadas con fondos públicos, el rescate de Globalia se inscribió en las ayudas que muchas empresas reciben en situaciones de crisis, primordialmente para salvar los puestos de trabajo, como vimos en todo su paroxismo con el rescate de la banca tras la crisis de 2008. Es más: el propio PP apoyó en su día el rescate a la compañía aérea, e incluso lo consideró insuficiente con el argumento de que otras empresas obtuvieron más dinero por trabajador en las ayudas del Estado. En el auto en que la Audiencia Provincial de Madrid, sin entrar en el fondo del caso, avaló que el juez continuara la instrucción, ya avisó de que la vinculación de Begoña Gómez con el rescate de Globalia era “una simple conjetura”.
El otro asunto era una carta de recomendación que Begoña Gómez, directora ahora de un máster en la Universidad Complutense, dio a un conocido empresario tecnológico y profesor de su curso, Carlos Barrabés, que optaba a ayudas públicas para un proyecto de formación a desempleados. Según las informaciones periodísticas en que se basaba la querella de Manos Limpias, la carta había sido clave para que el empresario obtuviera un contrato por ocho millones de euros. Dichas informaciones omitían que la carta firmada por Gómez era una plantilla que la UTE Barrabés-The Valley distribuyó entre diferentes organismos y empresas con las que había colaborado… incluida la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, bajo el PP, que firmó una carta idéntica. Por otra parte, el organismo que adjudicó los contratos, dependiente del Ministerio de Economía, afirmó que las cartas de recomendación (que adjuntaron todos los licitantes a sus respectivas ofertas, no solo la UTE Barrabés-The Valley) no tuvieron relevancia en la evaluación de los proyectos. La querella de Manos Limpias no ha aportado ningún indicio suplementario, como exige la jurisprudencia del Supremo, de que la carta de Begoña Gómez hubiera resultado decisiva para favorecer a Barrabés. Esas minucias no parecen importar mucho en el Juzgado 41.
Ahora estamos con el máster. Que Begoña Gómez carece de títulos para dirigir un máster en la Complutense. Que le fue concedido el máster por ser la mujer del presidente. Que montó una sospechosa sociedad con el nombre del máster. Que se ha apropiado del software del máster. En su testimonio ante el juez Peinado el pasado 5 de julio, desvelado por El País, el rector de la universidad, Joaquín Goyache, afirmó que la dirección de ciertos másters propios no requieren titulación (Begoña Gómez es en todo caso licenciada en Marketing por la universidad privada ESIC) y que uno de los criterios que se tuvieron en cuenta para la concesión de este máster es que Gómez mantenía una relación académica con la universidad. Tal como detalla el Portal de Transparencia del campus, el vínculo de Begoña Gómez con la Complutense comenzó en 2012, mucho antes de que Sánchez llegara a la Moncloa: fue codirectora de un curso de Técnico de Fundrising durante los cursos 2012/2013 y 2013/14. Posteriormente fue codirectora del Máster propio en Dirección de Fundrising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro desde su creación en 2014. Si en la concesión de nuevos cursos ha influido su condición de esposa del presidente es algo que deberá demostrarse; lo que no se puede decir es que sea una aparecida en la Complutense.
Respecto a la supuesta apropiación indebida del software, en el Registro de la Propiedad Intelectual no consta que Gómez o su empresa tengan registrado a su nombre ese programa. La sociedad presuntamente extraña que constituyó con el nombre del máster tenía como única finalidad cobrar sus emolumentos. Lo que sí ha registrado Gómez es un dominio en internet del máster en la Oficina de Española de Patentes y Marcas, y lo hizo con el conocimiento, y el apoyo, de la Sección de Patentes y Marcas de la universidad. Pese a admitir que no ha encontrado irregularidades en el máster de Begoña Gómez, la Complutense ha pedido al juez Peinado que le permita actuar como acusación si él detecta una “apropiación indebida” en el centro. La doctrina del a ver que sale que ha presidido todo este caso.
Podrán hacerse críticas estéticas, incluso éticas, a Begoña Gómez. Podrá reprobarse la respuesta de Sánchez, con sus famosos cinco dias de reflexión, y el oportunismo de su regeneración democrática. Podrán reprocharse las comparencias de prensa del ministro Bolaños en todo este asunto. Pero aquí no estamos hablando ni de ética ni de estética. Hablamos de una feroz ofensiva judicial para criminalizar a Begoña Gómez y echar a su marido de la Moncloa. De un intento por meter a Gómez en prisión o, al menos, obligarla a pasearse por sede judicial para solaz de los odiadores de su marido. Qué más da si finalmente se les desmonta todo el entramado: ya hemos visto cómo acabaron, con la ayuda inestimable del Tribunal Supremo, con dos expresidentes de Andalucía, hasta que una década después, cuando el daño estaba hecho, los resarció el Tribunal Consttitucional.
Me pregunto qué no haría esta fraternidad de cazadores si la esposa del presidente se hubiera forrado en lo peor de la pandemia con la venta de mascarillas; si hubiera defraudado a Hacienda; si, desde que conoció a su esposo, hubiera cuadruplicado sus negocietes con una compañía de salud a la que el Gobierno hubiese incrementado exponencialmente las transferencias de dinero público; y si el presidente viviera con su esposa en un piso de lujo adquirido por ella tras su fraude a Hacienda. No han tenido la suerte de encontrarse con con un escándalo tan jugoso entre las manos.
