El Ayuntamiento de Oviedo ha comprado las tres plantas de la galería comercial del Palacio de Exposiciones y Congresos de la ciudad, obra del arquitecto valenciano Santiago Calatrava, que permanecían cerradas desde hace seis años. Se trata del último capítulo del culebrón del edificio de la capital asturiana, llamado a ser uno de sus iconos y que ha acabado 20 años después como símbolo de proyectos fallidos.
La compra se ha efectuado a Murivel Advisers S.L. y Ransant Innovation S.L., dos sociedades que el fondo suizo Varia Structured Opportunities, filial del fondo de inversión Stoneweg, articuló para quedarse con este equipamiento en el último concurso de acreedores.
El acuerdo se ha cerrado en 4,85 millones de euros, cantidad de la que el consistorio retendrá 3,6 millones, en concepto de pago de las deudas tributarias municipales imputables a los casi 70 locales distribuidos en casi 68.000 metros cuadrados construidos, 45.000 de ellos útiles. De esta forma, la cantidad final y real que se hace efectiva es de 1,2 millones de euros.
Muchas de esas deudas estaban en su mayoría ligadas al IBI y pertenecían a la sociedad concursada, por lo que el Ayuntamiento de Oviedo era uno de sus principales acreedores. El resto de los impagos eran de las sociedades de Varia Structured Opportunities y se corresponden con el tiempo que fueron sus propietarias.
El acuerdo se comenzó a negociar en 2022 y se escenificó oficialmente el pasado mes de junio cuando el segundo teniente de alcalde y concejal de Planeamiento, Nacho Cuesta, suscribió la escritura pública ante el notario Jesús García con los representantes de las dos sociedades.
El Pleno celebrado en mayo había aprobado la incorporación al presupuesto de 4,85 millones que sirvieron para financiar la compra de las tres plantas comerciales. Había salido adelante gracias a los votos del PP y la abstención de IU-Convocatoria por Oviedo frente al rechazo del Grupo Municipal Socialista y Vox.
A finales del siglo XX, las familias Cosmen, propietarios de la compañía de autobuses ALSA, y los empresarios de la construcción Sánchez y Lago, crearon la promotora Jovellanos XXI con la finalidad de levantar dos palacios de congresos y artes en dos parcelas públicas de Oviedo, la del Vasco y la de Buenavista y eligieron para su diseño al arquitecto valenciano Santiago Calatrava, Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1999. En aquel momento, estaba al frente del equipo de gobierno local Gabino de Lorenzo, del PP.
Sin embargo, la polémica no tardó en surgir. A las críticas de los vecinos y vecinas de la zona por encajonar el edificio a escasos metros de las viviendas se sumaron otros problemas: la visera que iba a ser móvil finalmente fue fija y durante la vista por las reclamaciones cruzadas entre el equipo del arquitecto y Jovellanos XXI, el primero explicó que no hubo tiempo a hacerlo debido a que la empresa promotora les pidió que la dejara fija y les urgió el fin de las obras debido a las prisas que tenía el Ayuntamiento de Oviedo por poder celebrar en el edificio un congreso médico y un acto electoral que ya estaban comprometidos. Por su parte, el abogado de Jovellanos XXI insistió en que la visera no se podía mover porque el arquitecto renunció a ciertos elementos de guía por motivos estéticos.
Finalmente el Grupo Jovellanos XXI acabó en concurso de acreedores. La promotora recurrió a la Audiencia Provincial de Asturias que condenó al arquitecto a indemnizar a la empresa privada y, a su vez, obligó a Jovellanos XXI a abonar al arquitecto los honorarios que le adeudaban.
La controversia se zanjó en el Tribunal Supremo (TS). La Sala de lo Civil condenó al arquitecto Santiago Calatrava a pagar una indemnización de 2,96 millones de euros a la promotora Jovellanos XXI por los fallos en la construcción del Palacio de Congresos de Oviedo. La sentencia consideró que el arquitecto era responsable por su conducta negligente de los daños que se produjeron tras el derribo de un graderío durante las obras y la construcción de la cubierta que se hizo fija cuando en el contrato estaba previsto que fuera móvil.
La Sala Primera desestimó el recurso de casación interpuesto por el arquitecto y ratificó el fallo de la Audiencia Provincial de Asturias que estimó parcialmente los recursos presentados por ambas partes contra la sentencia del juzgado que cifró en 3,27 millones de euros la condena al arquitecto y absolvió a la promotora.
La sentencia recurrida, en cambio, condenó a Jovellanos XXI a pagar 7.285.000 de euros al arquitecto en concepto de honorarios y, al mismo tiempo, condenó a éste último a pagar a la promotora 10.245.781,74 euros por los defectos en la construcción y sobrecostes en las instalaciones. Al restar ambas cantidades, estableció que la indemnización que finalmente tenía que abonar Santiago Calatrava ascendía a 2,96 millones de euros.
El Tribunal Supremo en su sentencia indica que existen unos daños y perjuicios acreditados y evaluados, y una sociedad -Jovellanos XXI- que encarga a otra -Santiago Calatrava LLC- la confección de un proyecto y la dirección y vigilancia de unos trabajos que se ha visto obligada a satisfacer “por el actuar negligente de quien se había obligado a ejecutarlos correctamente por un contrato de obra, al que no ha dado cumplimiento, o, si se prefiere, por quien está vinculado a un contrato que ha incumplido negligentemente, por no guardar en su forma de actuar la debida diligencia y que ha obligado a la promotora a reparar los desperfectos ocasionados, que ahora reclama”.
La sentencia considera responsable al arquitecto de los daños ocasionados porque su sociedad era la encargada de la dirección de la obra y de su ejecución, por imperativo legal y contractual, y como tal “responsable de poner las personas necesarias y con suficiente cualificación, a pie de obra, durante la realización de las obras, con el fin de ejecutar el proyecto y validar el mismo”.
En segundo lugar, afirma que “la contratación de un arquitecto de evidente renombre internacional para la construcción de una obra singular o emblemática en Oviedo, priorizando esta circunstancia sobre otras posiblemente más económicas, debe ser correlativa con la debida exigencia de responsabilidad a quien en cumplimiento de sus obligaciones profesionales tiene un control absoluto no solo del proyecto sino de su ejecución para que la obra se concluya sin problemas”.
Por todo ello, concluye que si el arquitecto realizó con competencia casi exclusiva tales funciones es evidente que la promotora puede exigirle todos los daños derivados de su “negligencia” en su ejecución en virtud del contrato existente entre ambas partas.
Asimismo, señala que se trata de “un fracaso generalizado de la unidad de estructura a la que se extendían las labores de dirección, supervisión y vigilancia, dada la singularidad que tenía la que soportaba el graderío, del que debe responder, por más que en su ejecución hayan intervenido otros agentes, bajo su control, contra los que tendrá la posibilidad de repetir lo que a su culpa pudiera imputárseles”.
Sobre la cubierta móvil indica que también se produjo un incumplimiento contractual porque pese a que dicho dispositivo móvil a modo de visera era el elemento diferencial del Palacio de Congresos y una de las señas de identidad del mismo, no se consiguió en la forma que se había convenido, cuando era posible hacerlo en la totalidad de las situaciones.
En este sentido, destaca que hubo una “falta de previsión en el diseño, fabricación y ejecución de la estructura de la cubierta, lo que llevó a que no pudiera cumplir su función de móvil con la necesaria seguridad y frecuencia, incluso antes de producirse la fisura en el proceso de sondeo del arco móvil a las orejeras de conexión de las costillas móviles. En consecuencia, el condenado aceptó ”una solución constructiva que evidentemente ha fracasado y que ha generado un daño a la promotora perfectamente evaluable“, subraya la sentencia.
El fallo se producía apenas un día más tarde de que el Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo obligara al Ayuntamiento de la capital asturiana a pagar más de 25 millones de euros a la sociedad Jovellanos XXI en concepto de liquidación del contrato del palacio de Congresos. El consistorio quedó entonces exento de abonar gran parte de los 90 millones de euros que le reclamaba la promotora después de que el gobierno municipal de Oviedo resolviera unilateralmente el contrato en 2014.
Entre tanto, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo llegaron al rescate del proyecto: la administración regional se hacía cargo de las alas del inmueble para instalar ahí las sedes de algunas de las consejerías y el consistorio se quedaba con el espacio del Palacio de Congresos, mientras que el resto de las instalaciones se destinaban a galería comercial. De forma paulatina, los establecimientos comerciales fueron cerrando sus puertas, dejando una imagen de pasillos vacíos. Hasta que finalmente, en 2021, echó el cierre definitivo.
Un año más tarde pasaba a manos de Varia Structured Opportunities, filial de Stoneweg, la empresa matriz que acaba de cerrar el acuerdo con el Ayuntamiento de Oviedo sin que éste previamente tenga a su vez claramente definido el plan de usos.
El debate sobre la compra del edificio Calatrava dejó claras las posturas de los grupos políticos municipales: El PP vio desde un principio el éxito de la gestión al haber conseguido adquirir 45.000 metros a buen precio, cobrar unas deudas tributarias imposibles de saldar de otra forma e impulsar la revitalización del barrio de El Cristo. En el lado contrario se situó el bloque de la oposición, donde sus representantes denunciaron una inversión que beneficiaba fundamentalmente a intereses privados.
Un pleno bronco que aprobó la compra del 'Calatrava' finalizó con el abandono de la sesión de las ediles de Vox Sonsoles Peralta y Alejandra González -la tercera edil del grupo Elena Figaredo no había acudido al pleno- y las críticas del portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, después de que el alcalde censurara sus votos en contra.
Por su parte, el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, condicionó su abstención a un compromiso de no bloqueo en busca de alcanzar un acuerdo sobre el plan de usos, entre los que propone una biblioteca, un centro social integrado, archivo municipal o hasta la sede de la Filmoteca de Asturias que el Principado quiere recuperar.
Desde Vox, Sonsoles Peralta insistió en hacer ver que la lógica de la operación no se sostiene con la lógica del mercado, después de que en subasta las ofertas por estas plantas comerciales llegaran solo a los 160.000 euros y ahora se pretenda pagar cinco millones.
El alcalde, Alfredo Canteli, reconoció el pasado jueves, 18 de julio, que aún desconoce cuánto dinero puede costar “llenar de actividad” el edificio Calatrava, y ha cuestionado que su rehabilitación pueda ascender a 12 millones, tal y como sostiene el PSOE basándose en un informe.
“Habrá que invertir, pero para crear actividad”, señaló el alcalde a los medios de comunicación. Opina que los 45.000 metros cuadrados útiles comprados están “francamente bien” y garantizó que las inversiones que se realicen “poco a poco” en el edificio se destinarán íntegramente a “generar actividad” en el barrio.
“Es un sitio hermoso para emprendedores, pero también para grandes empresas, que ya hay algún movimiento para que puedan llegar allí”, avanzó sin adelantar más detalles.
Frente al “éxito” de la operación, como lo define el equipo de gobierno del PP, los grupos de la oposición censuran esta actuación desde distintos prismas.
El más crítico es el Grupo Municipal Socialista, que ha recurrido la modificación presupuestaria que ha facilitado esta adquisición al calificarlo como “un expolio” para las arcas municipales.
IU-Convocatoria por Oviedo condicionó su voto de abstención en el pleno municipal a cambio de negociar el plan de usos con el alcalde, Alfredo Canteli, si bien propone que en sus instalaciones se pueda albergar una biblioteca central municipal y una Casa de Cultura. Por su parte, Vox rechaza que el ayuntamiento pague por la compra de “una infraestructura fallida”.
La idea principal del equipo de gobierno es destinar este espacio, ubicado en el barrio de Buenavista, a la instalación de empresas en los 45.000 metros cuadrados útiles con los que cuentan las tres plantas.
El concejal Nacho Cuesta está convencido de que recuperar estas instalaciones “abre un futuro esperanzador para el barrio de Buenavista que contribuirá además a impulsar el desarrollo del plan del Cristo”, como ha recalcado a través de la red social X.
El Grupo Municipal Socialista anunciaba, el pasado 24 de junio, la interposición de un recurso contra la modificación presupuestaria impulsada por el equipo de Canteli para comprar al fondo suizo la galería comercial por cinco millones de euros. El anuncio llegaba a través de su portavoz, Carlos Fernández Llaneza, y del concejal Jorge García Monsalve.
Para los socialistas, esta modificación presupuestaria directamente ejecutiva, que permite disponer de los fondos de forma inmediata, “hurta la participación ciudadana” al prescindir del trámite de información pública y alegaciones. Explicaron que la Ley de Haciendas Locales lo permite para unos supuestos restringidos como para casos de ‘calamidad pública’ u ‘otros análogos de interés general’.
Apenas tres días después de este anuncio, una vez conocido que el PP iba a aprobar en la Junta de Gobierno la adquisición de las tres plantas comerciales, Carlos Fernández Llaneza criticaba esta compra a un fondo suizo y lamentaba la falta de transparencia y la nula información a la que accedió la oposición cada vez que solicitó el expediente.
“Tras tres años de total dejación por parte del PP, que no fue capaz de cobrar la deuda de 3,6 millones del IBI, ahora se consuma un nuevo expolio a las arcas municipales por parte de la derecha”, aseguraba.
El edil considera que el PP sigue el modelo de “socialicemos las pérdidas, privaticemos los beneficios” heredado de la época del anterior alcalde del PP, Gabino de Lorenzo. A su juicio, esta es “la crónica de otro pufo anunciado de Canteli”.
Fernández Llaneza calcula que la inversión final ascenderá a unos diez millones de euros “entre la compra y las mejoras que se van a hacer” y para poner en contexto esta cifra, asegura que es siete veces más del dinero que se invierte en bibliotecas o el doble de lo que se invierte en servicios sociales.
La pregunta clave, a su juicio, sería la siguiente: “¿A quién beneficia una compra en la que una vez más ponemos el carro delante de los bueyes?”.
El portavoz socialista recuerda que su grupo municipal ya planteó esta cuestión en un pleno para conocer cuál es la finalidad última del ayuntamiento con la adquisición de este equipamiento y la conclusión que obtiene no es nada optimista.
“No hay un plan de uso -expone- y seguimos sin tenerlo”, corrobora el líder de la oposición.
Fernández Llaneza cree que el equipo de gobierno actúa bajo otros intereses diferentes: “Lo único que parece que siguen pretendiendo es beneficiar a un fondo suizo que tendrá sus intereses, pero realmente en qué nos beneficia esto a los ovetenses y a quién beneficia. Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos”, reitera.
El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo en el Ayuntamiento de Oviedo, Gaspar Llamazares, reconoce que su grupo se abstuvo en el pleno para tratar de llegar a un acuerdo con el equipo de gobierno. Su política de no bloqueo iba encaminada a favorecer la negociación con el alcalde de un plan de usos para el Calatrava.
“Nuestro grupo está negociando ahora. Nos hubiera gustado que hubiera habido una negociación previa tanto de la compra como de los usos. Y eso mismo ya lo dijimos durante la sesión para la aprobación del crédito extraordinario de modificación de crédito que se hizo por parte del pleno municipal. Pero nosotros, al contrario que otros grupos municipales, no votamos en contra, sino que nos abstuvimos con la condición de que el proceso sea transparente y analizaremos los documentos del expediente”, corrobora.
Otra de las prioridades que se deberán tener en cuenta y que IU-Convocatoria por Oviedo ha plasmado en la propuesta que ha trasladado a la alcaldía es que tengan en cuenta las reivindicaciones del barrio.
“Estamos negociando el plan de usos, que tendrá que ser para el conjunto de Oviedo. En ese punto -relata- creemos que siendo un Palacio de Congresos y Exposiciones, podría ampliarse para ser el centro de exposiciones que Oviedo no tiene e incluso, yendo más allá, ser la Casa de la Cultura de Oviedo donde hubiese exposiciones, biblioteca, archivo, todo lo que tiene cualquier ciudad y Oviedo no tiene o lo tiene disperso en distintos lugares”.
El grupo municipal que lidera Llamazares se decanta también por establecer como mínimo un centro integrado para el barrio de El Cristo- Buenavista, donde estén servicios municipales para que el ayuntamiento sea cercano a los ciudadanos y puedan realizar gestiones.
Sus propuestas fueron trasladadas a la alcaldía poco antes del pleno que se celebró el pasado 2 de julio y actualmente su grupo se encuentra a la espera de que le respondan de cara a que se presente en una moción o un acuerdo que conozca el próximo pleno municipal.
“Nos han dicho que es negociable y nosotros no somos excluyentes -asevera-, por lo que si el equipo de gobierno logra negociar con otros grupos municipales, mejor. Cuantos más acuerdos mejor”.
“El equipo de gobierno tiene la idea de que el edificio se destine a gestión empresarial y coworking y nuestro grupo entiende que no hay incompatibilidad con otros usos. Lo que sí decimos es que en 45.000 metros cuadrados es perfectamente posible que haya un uso de barrio y un uso cultural”, ratifica.
Llamazares asegura que la postura del gobierno local con esta compra, después de que el edificio lleve seis años cerrado, no tiene sentido alguno.
“La situación del Calatrava no es lógica desde ningún punto de vista. Pero no es una situación de ahora. Ahí hay un grado de corresponsabilidad importante, porque está metido también el el propio Principado. No en vano una parte de las instalaciones son del Principado y eso forma parte de un acuerdo histórico que hubo en torno a eso, en torno a las Torres de San Lázaro, en torno a la Consejería de Servicios Sociales y la Consejería de Sanidad en la época del presidente de Asturias ya fallecido Tini Areces. Por lo tanto, creemos que sí, que es un despropósito en sí mismo. Pero queda una disyuntiva: O intervienes desde lo público o dejas que se convierta en otro espacio más del ayuntamiento y en concreto del barrio de El Cristo-Buenavista”.
Por su parte, la concejala de Vox Alejandra González Roqué se posicionaba en el pleno donde se debatió el tema del edificio del Calatrava a favor de la revitalización de la zona del Cristo Buenavista.
La edil, tal y como reflejó posteriormente a través de la red social X, se mostraba favorable a la revitalización del barrio ovetense donde se levanta el Palacio de Exposiciones y Congresos, pero rechazaba que el consistorio tuviera que abonar cinco millones de euros a un fondo suizo por la compra de lo que califica como “una infraestructura fallida”.
