En 2014, al poco de la fundación de Podemos como partido político heredero del movimiento ciudadano 15M, el Movimiento de los Indignados, una fuente de total credibilidad (por la veracidad de informaciones proporcionadas con anterioridad) me contó off the record que el CNI, Centro Nacional de Inteligencia, entonces dirigido por el general Félix Sanz Roldán, no era ajeno a la constitución de ese partido a la izquierda del PSOE. Tenía sentido: a la mesa de la derecha del PP se habían sentado dos nuevos comensales, Ciudadanos (40 diputados en 2015) y Vox (fundado en 2013), cuando la Unión, Progreso y Democracia de Rosa Díez ya estaba en los postres, a punto de levantarse. Mientras, en la mesa de la izquierda, el PSOE se atiborraba a sus anchas (Izquierda Unida, como antes el PCE, comía en la mesita de los niños).
No pude confirmar la confidencia con una fuente on the record ni obtener prueba alguna de su veracidad, de manera que la archivé. Porque, además, si tenía ese sentido del que he hablado, no tenía sentido que, a los cinco meses de su fundación, cuando Podemos obtuvo el inesperado éxito de cinco escaños en su primera liza electoral, en las elecciones al Europarlamento de mayo de 2014, comenzara una persecución sistemática del corrupto Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy dirigido por Fernández Díaz, judicializada por determinados jueces y publicitada por soi-disants periodistas y medios de comunicación especialistas en fake news, las mentiras de toda la vida disfrazadas de posverdades.
La autodenominada de manera altisonante y con visos de dignidad Brigada Patriótica, entre ellos, y Policía Política o las cloacas de Interior para el común, utilizó fondos públicos para una dilatada guerra sucia extrajudicial contra los enemigos del Partido Popular: contra el clan Pujol, el independentismo catalán, el robo y destrucción de las pruebas incriminatorias en poder del extesorero del PP Luis Bárcenas y, que sepamos a día de hoy –no hay que perder la esperanza de que perpetraran otras trapacerías–, la incansable fabricación de pruebas falsas contra Podemos que sirvieran a cuadrillas o sujetos instrumentales para la presentación de denuncias en juzgados que las recibían como adendas reveladas de las Tablas de la Ley en el Monte Sinaí, y a colegas (suyos) situados en los medios, que no es que no las confirmaran –abecé, que no ABC, del periodismo– sino que las publicaban a sabiendas de que eran falsedades, con desprecio profesional y a sus lectores.
Si ese mejunje de tejemanejes no tenía más recorrido judicial que la infame pena de paseíllo y banquillo –sistemáticamente desestimados por los tribunales encargados de juzgar y sentenciar–, se aseguraba la destrucción reputacional que se perseguía.
El modus operandi seguía un mismo esquema: fabricación de documentos falsos, publicación en medios afines a la trama y denuncia en los tribunales en base a lo publicado. A fecha de 24 de febrero de 2023, más de una veintena de querellas o denuncias contra Podemos habían sido desestimadas, archivadas o sentenciadas a favor y otras siguen dando tumbos en los juzgados a la espera de similar suerte.
Así se hizo, entre otros, en el llamado caso Granadinas, objeto de dos querellas en mayo de 2016, una de Vox ante el juzgado de Instrucción nº 21 de Madrid y otra de “un particular” ante el Tribunal Supremo (TS). El alto tribunal la despachó rápida y eficientemente en sentencia del 8 de julio de 2016, en la que el ponente, magistrado José Ramón Soriano Soriano, del tribunal de la Sala Segunda de lo Penal del TS no admite a trámite la denuncia y decreta su archivo. Y nos da una pista acerca del porqué del modus operandi, al citar como antecedente la “decisión también adoptada en el auto de 31 de mayo de 2011 (Causa Especial núm. 20080/2011, presentada contra un expresidente del Congreso). Ello porque la mera remisión al contenido de las informaciones supone que quien interpone la denuncia no asume como propia la imputación de tales hechos ni, por ello, las responsabilidades que podrían derivarse de una eventual falsedad”.
Por entonces estaba alejado de los medios, dedicado a terminar para dar a la imprenta algunos de mis libros, pero siempre conectado, como es natural, me parece, a la información de actualidad, informando y comentando en mis redes sociales. Me llamó la atención un titular de El Español: “Malestar entre los comisarios implicados por la filtración de documentos procedentes de una investigación en curso” (5 de abril de 2016). Ya conocíamos el informe PISA, acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima, fabricado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, con destino, supuestamente, al Tribunal de Cuentas y, sin duda, a publicarlo en medios de comunicación para dar lugar a denuncias –de hecho, se presentaron dos en la Audiencia Nacional y una tercera en el TS– de financiación ilegal de Podemos por Rusia –siempre, el añorado “oro de Moscú”–, Irán y Venezuela. Un Partido Socialista de la Justicia, del multicondenado abogado Emilio Rodríguez Menéndez, lo denunció al TS, que, en enero de 2015, desestimó la querella porque “no hay ni un solo indicio de los hechos denunciados”.
Aún sabíamos poco de las cloacas policiales de Interior –de éstas; de otras pasadas, ya las conocíamos–, pero algún medio ya había descubierto su existencia y su actuación desde 2009 con la Operación Cataluña contra el gobierno de la Generalitat y los líderes independentistas. De modo que parecía raro, raro, que los cargos de Interior autores de los informes falsos y las actividades extrajudiciales se sintieran molestos por las filtraciones que eran, precisamente, el objetivo de sus maquinaciones.
Sin otras armas que mi sillón, mi mesa y mi ordenador –y, modestamente mi experiencia periodística– indagué sobre el infundio pergeñado en los turbios y oscuros del Ministerio del Interior de M. Rajoy y publicado por el periódico digital Okdiario, de Eduardo Inda (“Chávez firmó la concesión de 6.700.000 dólares a Iglesias, Monedero y Verstrynge”, Alberto D. Prieto, 5 de abril de 2016); ya digo, como si fuera una adenda a la palabra de Dios en el Sinaí.
Según los tramadores, los papeles remitidos a la Policía española por “la administración de Washington” revelaban “la concesión de 6,7 millones de dólares a Juan Carlos Monedero, Jorge Verstrynge y Pablo Iglesias para 'llevar la Revolución a España y luchar contra el capitalismo', a través de su Fundación CEPS [Centro de Estudios Políticos y Sociales]”. España y el capitalismo global podían dormir tranquilos con tan escasos fondos y una fundación minúscula para revolucionarlos.
Los papeles procedían del “funcionario tramitador (...) Rafael Isea, quien [sic] era un militar chavista, ministro de Finanzas y Planificación, y que es hoy un ‘arrepentido’ que vive protegido por las autoridades federales de Estados Unidos, donde está refugiado” y “Hugo Chávez personalmente firmó la concesión”. Okdiario subrayaba que “peritos calígrafos han autentificado la firma de Chávez ‘más allá de toda duda razonable’, según indican las fuentes” [¿La Cibeles, las del Nilo?]. Tanto el mensaje como el mensajero olían a prueba prefabricada. ¿Esos peritos habían podido comparar las firmas originales, la dubitable y la indubitada, como exige la ley? Yo lo dudaba, sin ser perito más que en lógica y sentido común, acaso en lunas...
Prueba que, en todo caso, no probaba nada. Pues si esos documentos fueran verdaderos, según el Ministerio del Interior por boca digital de Inda, los pagos que hizo el gobierno venezolano, “los documentos que obran en poder de la Policía española explican que los pagos aquí firmados se realizaron en los años 2008 (1,9 millones de dólares), 2009, 2010 y 2011 (3,1 millones de dólares) y 2012, 2013, 2014 y 2015 (1,7 millones de dólares), por el propio Isea antes de escapar en 2013 a Estados Unidos [acusado de corrupción en Venezuela] como testigo protegido de la DEA, la Agencia de EEUU contra las drogas”, no sólo no fueron hechos a Podemos sino a la Fundación CEPS, a la que se califica acertadamente de ‘germen de Podemos’ (sus dirigentes, Iglesias, Errejón, Alegre... lo serían del partido) pero no es Podemos, pues éste no fue fundado hasta el 17 de enero de 2014.
Hay más. Uno se queda estupefacto, a pesar de estar acostumbrado a que algún periodismo actual sea de calidad muy inferior a los Diálogos para besugos que escribía el gran Armando Matías Guiu en el DDT de los primeros 60 del siglo pasado. No debería asombrarme pero me asombraba que Okdiario sostuviera que Chávez, que murió el 5 de marzo de 2013 y había delegado las tareas burocráticas desde el comienzo de su enfermedad, dos años antes, siguiera firmando en “2013, 2014 y 2015”. Claro, que no debería extrañarme, pues el propio Isea, “el funcionario tramitador”, ¿no se “escapó en 2013 a Estados Unidos”? Pues, por lo visto, siguió “tramitando” los dos años siguientes. El que no crea en los milagros es un descreído, diabólico chavista.
Pero había algo más que no podían cambiar los maquinadores, los firmantes, las fuentes, los escapados, los recipiendarios y el sursuncorda: la realidad. Y la realidad es que hasta que se promulgó la Ley Orgánica de Control de la Actividad Económico-Financiera de los Partidos Políticos, de 30 de marzo de 2015, era legal lo que desde entonces prohibió el artículo 7.2: “Los partidos no podrán aceptar ninguna forma de financiación por parte de gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos”.
Y, en fin, cuando comenzaron las acusaciones contra Podemos de estar financiado por el chavismo, ya sabíamos que los demonios bolivarianos no eran sus únicos clientes: “La fundación relacionada con Podemos cobró 3,7 millones de Chávez en 10 años. El Gobierno español y la Generalitat valenciana son también clientes de esta fundación”, titulaba El País en junio de 2014. En 2007, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores financió el programa de CEPS de formación en el ámbito jurídico público en Cuba. Y en el curso 2008-2009, la Generalitat Valenciana, sede de la Fundación CEPS, un proyecto para la Consolidación del Instituto de Formación y Estudios Políticos para el Desarrollo Local en Ecuador.
O sea, no es que hicieran trabajo sucio sino que, además, lo hacían rematadamente mal. El mío lo publiqué el 6 de abril de 2016. El 7 de mayo de 2016, el banco donde Iglesias supuestamente había cobrado de Venezuela, el Euro Pacific Bank, desmentía el embuste.
Ni la rápida respuesta del TS del 8 de julio de 2016 ni la reposada del juzgado de Instrucción nº 21 de Madrid –que en auto del 7 de febrero de 2017, desestimó inhibirse en favor del Supremo por el aforamiento de Iglesias y también archivó la denuncia– entraban a analizar la veracidad de la denuncia; la desestimaban sin más, porque el TS recordaba que “la doctrina de la Sala es que para admitir una querella no basta la mera aportación de recortes de prensa o similares sin más constatación o acreditación”.
El juez Juan José Escalonilla, titular del juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid, mantuvo abierta una macrocausa contra Podemos, en nueve piezas separadas, desde 2020 a 2023, por financiación irregular, blanqueo, malversación, falsedad documental, administración desleal, delito electoral y apropiación indebida –incluso la caricaturesca pieza de las supuestas niñeras de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias–, a raíz de la denuncia del abogado José Manuel Calvente, despedido de Podemos, a pesar de que éste le reconoció al juez que los hechos que denunciaba los conocía por “rumores a nivel de militancia”.
No importa, todo valía para la causa. Olvidado y cubierto de polvo, como el arpa de Bécquer, desestimado, archivado, ridiculizado, el Informe PISA yacía en un cajón del juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional. El titular de la plaza, Manuel García Castellón, regresó inopinadamente a su juzgado desde su destino dorado en Roma como juez de enlace, en plena eclosión judicial del Caso Gürtel, Púnica, Kitchen, Lezo... La interminable lista de casos de corrupción que caracterizó a los gobiernos de M. Rajoy. El director de elDiario.es, Ignacio Escolar titulaba en su blog: “El extraño caso del juez que quería cobrar menos y trabajar más” (1 de junio de 2017).
Pues, en efecto, tras 17 años de dolce far niente, primero en París y luego en Italia como juez de enlace, su actividad ha sido incesante. De ella se han beneficiado los tres expresidentes del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González, exonerados de la financiación ilegal del partido; las decenas de cargos populares implicados en la contratación masiva de operaciones de abrillantamiento reputacional; la negativa a considerar al PP partícipe a título lucrativo en el caso Kitchen, del robo de documentación comprometedora al exgerente del PP, Luis SéFuerte Bárcenas; la negativa a imputar a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en el mismo caso...
Por el contrario, fue némesis para los dirigentes independentistas catalanes y Pablo Manuel Iglesias y Podemos. Reactivó el Informe PISA gracias a la 'milagrosa' intervención de un exjefe de la Inteligencia venezolana, el general Hugo Carvajal, residente en España y que trataba de paralizar la extradición a los Estados Unidos –acusado por narcoterrorismo: tráfico de 5,6 toneladas de cocaína y de armas–. Carvajal y otros dos sicarios, testigos protegidos, aportaron testimonios sin pruebas sobre la financiación de Podemos por el régimen chavista. Esa maniobra, con todos los visos de haber sido tramada por la Brigada Patriótica, permitió a García Castellón reactivar el Informe PISA y proceder a investigaciones secretas “claramente prospectivas”, según las calificó la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ordenó al juez abandonarlas y volver a archivar la causa. En todo caso, le indicaba el tribunal, si tenía indicios de delitos económicos o falsedades debía deducir testimonio y abrir otra causa; Castellón no procedió contra Carvajal ni sus testigos protegidos.
El 30 de noviembre de 2014, elDiario.es desveló la existencia de un grupo secreto en la Policía destinado “casi en exclusiva, a rastrear información de políticos catalanes sospechosos de estar vinculados a la corrupción”. Si leen el enlace anterior, descubrirán que la brigada patriótica, policía política o cloacas de Interior, además de un remedo de la Brigada Político-Social de la dictadura franquista, nació de una concepción corrupta de la política, de la responsabilidad funcionarial y de la administración de los fondos públicos, con el objetivo de perseguir a los independentistas catalanes, fabricando dosieres, “análisis de situación” los llamaban con objeto de excitar el interés judicial y en todo caso, intoxicar la opinión pública a través de los medios de comunicación que controlaban. Sus objetivos se ampliaron conforme aparecían “enemigos” del gobierno de M. Rajoy, como se ha contado y personajes y organizaciones de la trama aparecen actualmente en las denuncias contra Begoña Gómez y David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
En psicología de andar por casa, la que está “al alcance de todos los españoles”, como el No-Do, el noticiario documental de los años de la brasa, los casos relatados pertenecen a la conducta consciente de los individuos que los realizan. El consciente reflexiona, razona, analiza y sintetiza elige actitudes y actos, compara, supone y toma decisiones. Rige la capacidad moral que diferencia entre lo bueno y lo malo, pero el individuo actúa según sus intereses.
Al consciente se le opone el inconsciente, donde residen sentimientos, vivencias y deseos que suponen conflicto para el sujeto, por lo que los reprime, pero no puede evitar que afloren como síntomas físicos, en sueños o en forma de actos fallidos. Sigmund Freud llamó fehlleistung al acto fallido y lo definió científicamente (Psicopatología de la vida cotidiana, 1901) como el resultado chocante de la intención consciente del sujeto y la represión que la mantiene en el inconsciente.
Así hay que interpretar el sonoro patinazo del juez García Castellón en el caso Tsunami Democràtic, que mimaba desde hacía tres años y que consideraba munición de alto calibre contra la Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Catalunya. La Sala de lo Penal del tribunal especial de la Audiencia Nacional anuló por ilegal una prórroga de la instrucción del caso en julio de 2021 y, por tanto, decaía todo lo instruido a partir de esa fecha, incluida la imputación por terrorismo del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otras diez personas.
Castellón decretó la prórroga un día más tarde del plazo legal. Cometió un error, para entendernos, pero que el psicoanálisis lo entiende como la expresión de un deseo que no se había hecho consciente. No un olvido sino un acto fallido: como la mayoría de ciudadanos con la cabeza no sólo apta para calar birrete, Castellón no creía, en el fondo, en el inconsciente, que los imputados en vano fueran terroristas. A pesar de que de la entretenida pelea en entre el ello, el yo y el superyó freudianos saliera vencedor éste, beneficiados los independentistas y el juez compuesto y sin causa se emperrara en mantener que las diligencias practicadas “apuntaban de manera inequívoca a la comisión de hechos susceptibles de ser calificados como un delito de terrorismo”.
Lo mismo le ocurrió al otro, al juez Juan Carlos Peinado, que se le “olvidó” comunicar a Begoña Gómez que en la causa secreta que sigue contra ella había admitido en la ensalada de acusaciones populares de ultraderecha a la llamada HazteOir, la de los autobuses panfletarios, y su correspondiente querella. El superyó es la instancia psíquica que vela por el cumplimiento de las reglas morales y, en ocasiones, en ésta, se impone al ello, la estructura primitiva de la psique que se mueve por el placer inmediato: tuvo que retrasarlo hasta el pasado día 18...
Como le dijo Rafael Mayoral, diputado portavoz de Podemos, al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, uno de los brigadistas patriotistas implicado en el montaje de las Granadinas, en la comisión de investigación del espionaje a Luis Bárcenas del Congreso: “Fracasó Conesa, fracasó Billy el Niño y ustedes volvieron a fracasar. No se va a subvertir la democracia. Queremos reconocer el esfuerzo de todos estos elementos para intentarlo. Ustedes intentaron que no llegáramos al Gobierno y llegamos al Gobierno. Más tarde o más temprano habrá una policía democrática”.
Ya va siendo hora: va a hacer medio siglo que dobló su gran timonel.
