La ley mordaza ya ha cumplido nueve años en vigor. La norma, que el PP promulgó bajo el nombre de Ley de Seguridad Ciudadana, buscaba achicar las protestas en los años más duros de los recortes por la crisis económica. Camino de cumplir una década si no se deroga antes, la ley ha sobrevivido con una paradoja: lleva más tiempo en vigor bajo una mayoría parlamentaria que prometió derogarla, que el que estuvo con el Ejecutivo que la aprobó.
El martes, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció un acuerdo con el PSOE para derogar definitivamente la ley mordaza. Acabar con la norma forma parte de las propuestas que Sumar pidió incorporar al plan de regeneración que Pedro Sánchez presentó el miércoles en el Congreso. El presidente del Gobierno dedicó una frase de su intervención a este asunto: “A ver si lo logramos en este mandato, en lo referente a la libertad de expresión”.
Aunque escueta, la frase marca unos límites para la reforma que ERC y EH Bildu no comparten. Los republicanos mostraron su rechazo a la propuesta, por insuficiente, durante el Pleno. Y EH Bildu, aunque no hizo referencia durante el debate, ya votó en contra de la anterior propuesta por considerar que debía ser más ambiciosa. Y esta tampoco incluye las reclamaciones que motivaron su rechazo.
El portavoz de Sumar, Iñigo Errejón, reclamó durante la sesión “avanzar hacia el completo desmontaje del entramado de leyes represivas”, en las que su partido incluye, además de modificar la ley mordaza, un cambio en el Código Penal para suprimir el delito contra los sentimientos religiosos, el de injurias al Gobierno y los delitos contra la corona. “Hay que acabar con las leyes del miedo, la gente es menos poderosa cuando tiene miedo”, aseguró.
El acuerdo que Sumar trasladó a los medios solo incluye la modificación de un punto de la ley mordaza, el referente a la difusión de imágenes policiales. Aunque Errejón remarcó que la intención es “avanzar hacia el completo desmontaje del entramado de leyes represivas”, el pacto por ahora tiene menos alcance que el que se frustró en la legislatura anterior.
El portavoz de ERC fue muy crítico durante su intervención. Gabriel Rufián, después de que Errejón presumiera de que la “chicha” del plan de regeneración había sido aportada por Sumar, le preguntó: “¿Chicha es acabar con pelotas de goma? ¿Chicha es acabar con las devoluciones en caliente? No es chicha, es otra cosa”.
Aitor Esteban, portavoz del PNV, no hizo mención a la propuesta de reforma durante su intervención, pero sobre ella se había pronunciado ya el presidente del PNV, Andoni Ortuzar. En unas declaraciones a los medios el martes dijo que su partido era favorable a ese cambio en la ley mordaza, como ya lo había sido durante la legislatura pasada: “Si los contenidos van en la dirección que nosotros decíamos, bienvenido será”.
Eso sí, Ortuzar tiene presente por qué encalló hace más de un año: afirmó que ERC y EH Bildu “se empeñaron en meter nuevos contenidos a la ley”, en referencia a las devoluciones en caliente y la prohibición de las pelotas de goma, y confió en que el Gobierno les hubiese trasladado a esas dos formaciones su nueva propuesta. Rufián dijo el miércoles que no sabían nada: “Lo veremos con interés, aunque estaría bien llamarnos e informarnos antes de determinados anuncios”.
El acuerdo entre PSOE y Sumar supone cumplir lo que ya se pactó de cara a la investidura: “Reformaremos, y derogaremos, aquellos aspectos de la normativa vigente que limita los derechos de reunión y libertad de expresión (la «ley mordaza» y el Código Penal)”, recogía el documento firmado el 24 octubre de 2023.
Aquel pacto incorporaba varios compromisos que no se habían podido llevar a cabo durante la legislatura anterior, pero sin duda el más claro es la derogación de la ley mordaza. El texto firmado en 2019 entre PSOE y Unidas Podemos para el primer gobierno de coalición de la democracia ya recogía la aprobación de “una nueva Ley de seguridad ciudadana, que sustituya a la ‘Ley mordaza’ para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica”. Era, además, una promesa recurrente de Pedro Sánchez, en la que insistió tras llegar al poder en 2018: “Vamos a avanzar en derechos derogando la ley mordaza, porque ninguna sociedad realmente libre persigue la libertad de expresión”.
Se han cumplido ya seis años de mayoría parlamentaria contraria a la ley y ha habido numerosos intentos de acabar con ella, todos infructuosos. El que más cerca estuvo –tras años de una complicada tramitación parlamentaria con iniciativas paralelas en el Congreso– fracasó en marzo de 2023.
Se celebró ese mes una Comisión de Interior en el Congreso que debía dar el visto bueno final a la reforma antes de que esta pasara al Pleno y fuera definitivamente aprobada. Pero el bloque que había impulsado esa derogación mantenía una serie de diferencias sobre su alcance que no lograron solucionar, y que son las que permanecen aún vivas.
Esquerra Republicana y EH Bildu votaron en contra del texto al entender que no “deroga los artículos más lesivos” y mantiene “intacto” el espíritu de la norma aprobada por el Gobierno de Rajoy. Ambos partidos reclamaban que se prohibieran las pelotas de goma y las devoluciones en caliente, además de argumentar que el texto pactado entre PSOE, Unidas Podemos y PNV no acababa con “los aspectos más lesivos” de la ley.
Los socialistas criticaron la posición de ERC y Bildu por permitir que “la norma del PP siga vigente” y desde Unidas Podemos, Enrique Santiago dijo que “ningún demócrata”, “nadie de izquierdas” podía entender que no se hubiese alcanzado un acuerdo. Reformar la ley Mordaza obliga a incluir a Junts en el pacto y la propuesta es, por ahora, menos ambiciosa que la que a se rechazó.
