Se ha convertido en una suerte de historia interminable. El acuerdo, que regulará la futura relación entre Gibraltar y España, no llega y continúa atascado pese a las constantes declaraciones de buenas intenciones del Ejecutivo español respecto a su materialización. Son ya cuatro años de negociaciones y 18 rondas de contactos entre Bruselas y Londres para construir esa nueva relación en un territorio que 30.000 personas cruzan a diario. Entre ellos, 15.000 trabajadores, de los cuales 10.000 son españoles de una zona como la del Campo de Gibraltar, donde la tasa de paro es una de las mayores del país.
En las negociaciones se habla de «una zona de prosperidad compartida», un eufemismo para evitar hablar de la soberanía sobre la colonia británica y que, al fin y al cabo, ha resurgido en los últimos días a raíz de los cánticos protagonizados por los jugadores de la selección española masculina de fútbol durante la celebración de la victoria en la Eurocopa. «Gibraltar español», reclamaron antes miles de aficionados que se unieron al unísono a la reclamación. No en vano, la soberanía ha marcado el contexto de los últimos 300 años. Con más o menos ímpetu a lo largo de estos siglos España ha tratado en varias ocasiones de recuperar el territorio, bien mediante acciones militares, medidas de presión o diplomacia internacional. Si bien es cierto que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha pasado por puntillas sobre este aspecto, la realidad es que los británicos han ido añadiendo terreno a su colonia, llegando a construir un aeropuerto y a ampliar su presencia, ganando terreno frente a la frontera española.
Es, precisamente, esta colonización la que ha permitido que Reino Unido convierta a Gibraltar en un enclave estratégico para sus rutas comerciales y también como potencia militar. Desde un primer momento los británicos instalaron bases y efectivos que convierten al Peñón en una enorme base naval. Sin duda, estos dos aspectos están también detrás del retraso en el acuerdo. A ello hay que sumar la privilegiada situación fiscal del Peñon. El sistema tributario del Peñón origina un grave perjuicio a la economía española, que agranda la brecha existente entre los trabajadores del Peñón y de La Línea y el resto de esa comarca gaditana. En este sentido, recientemente, el Grupo Popular del Parlamento Europeo evitó que Gibraltar abandonar la lista europea de riesgo de blanqueo.
La colonia ocupa el tercer lugar mundial de PIB per cápita, a pesar de tener una población no superior a 32.000 habitantes y la falta de recursos naturales. Su situación privilegiada está basada en que no existen impuestos sobre el valor añadido ni impuestos sobre el alcohol, tabaco y derivados del petróleo, en que las tasas sobre juegos de azar online son tan bajas que el Peñón llegó a absorber la cuarta parte del mercado mundial, y en que no pagan impuesto de sociedades las ganancias derivadas de actividades realizadas fuera de su territorio.
LA RAZÓN analiza con varios expertos estos aspectos y cómo podrían estar influyendo en la materialización del ansiado acuerdo, pese a los optimistas mensajes del Ejecutivo. El último esta semana. No en vano, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro británico, Keir Starmer aseguraron que el acuerdo está cerca, pero no fijaron una fecha para ello tras un encuentro bilateral el pasado jueves.. Ya la semana pasada el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, había abordado esta cuestión con su homólogo británico, David Lammy. Ambos coincidieron en «avanzar con rapidez» .
Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad San Pablo Ceu, es tajante: «Estamos ante cuestiones de soberanía pura». Señala que la propuesta de asimilar a Gibraltar en el espacio Schengen para facilitar la movilidad y que desaparezca la verja implica que España, en nombre de Schengen, tenga un papel activo tanto en el puerto como en el aeropuerto del Peñón. «Esto genera un conflicto en Gibraltar, que lo ve como una especie de recolonización» y, añade, que «toda la dialéctica que tiene el Primer Ministro, Fabian Picardo sobre las tropas españolas no ayuda a avanzar en el pacto». En su opinión, «Gibraltar no es un Estado y, por lo tanto, no puede ser un Estado Schengen. Y el Reino Unido, que es el Estado al que pertenece, ni lo ha sido ni lo será. Por lo que tendrán que cambiar las cosas». En el punto de mira están las bases de datos que controlan todos los países Schengen relacionadas con la gestión de permisos de residencia o trámites burocráticos. «La Policía gibraltareña no tiene acceso a ellos y sería otro de los principales escollos», sostiene. En cuanto al encaje fiscal asegura que un asunto que se tendrá que regular porque no solo afecta a la economía del Campo de Gibraltar sino a la de toda España.En su opinión, llegar a un acuerdo es una cuestión de voluntad política y las partes están negociando en su propio interés. En su opinión, repetir que el cambio de signo político en Reino Unido va a acelerar el acuerdo es «simplificar las cosas» porque, insiste, las partes miran a su interés.
Por su parte, Frédéric Mertens, profesor y coordinador del grado en Relaciones Internacionales y director del departamento Jurídico en la Universidad Europea de Valencia, tampoco cree que el acuerdo dependa de las ideologías de los ejecutivos de España y Reino Unido. «Depende de la política europea y creo que continuará todo en la misma línea». En su opinión, las cuestiones fiscales y de seguridad tienen mucho peso. «España es la frontera externa de la Unión Europea y está muy cerca de Marruecos, controlando los flujos migratorios, aspectos también a tener en cuenta en el nuevo tratado». Es por ello, que el experto advierte del riesgo de una frontera dura con Gibraltar para la seguridad. Añade, además, la situación de los miles de trabajadores transfronterizos, que están pendiente de este acuerdo y la diferencia de riqueza entre ambas partes de la verja. «Tienen mucha importancia y pueden usarse como un arma de doble filo», concluye el experto.
