Entre 2007 y 2012, salí con una muchacha que había trabajado siempre para la Junta de Andalucía. Puesto que era una buena profesional del sector sanitario y gozaba de un sueldo desahogado, se compró, por esas fechas, una casa adosada en la región donde había nacido. La zona comunal de aquellos adosados estaba situada sobre suelo público. Así se lo hice notar y no pareció importarle. En mi siguiente visita a su casa, comprobé que los propietarios de los chalés habían cerrado la zona común para su uso particular y, prudente y diplomáticamente, le recordé a mi amiga que, con la ley en la mano, aquello no les estaba permitido y podían meterse en problemas. Nunca olvidaré su respuesta: «No te preocupes. Aquí la cosa funciona diferente». En el ámbito de ese adverbio «aquí» es dónde ha discurrido toda la historia de Chaves y Griñán. El adverbio demostrativo «aquí» es la palabra más situacionista de nuestra lengua; quizá solo en dura competencia con el pronombre «nosotros».
Desde la década de los 80 y 90 del siglo pasado, llegaban noticias inquietantes de Andalucía. Hablaban de un panorama de enchufismo y regalías vinculado al poder regional. Todos tendíamos a pensar que se exageraba y que ya se sabe cómo es la gente con los bulos y los estereotipos; los exagera y los extiende con dimensiones formidables. Hasta que (a todos nos pasó en algún momento) llegaba un día que teníamos una experiencia directa con ese paisaje y entendíamos entonces perfectamente qué es lo que hace que un tópico se convierta en un tópico.
Todo el tiempo que duró aquella relación, lo que pude ver alrededor cuando viajaba al lugar fue un panorama de mentiras, favoritismos, un escaso respeto por los demás y la idea de bien común. Los protagonistas eran una clase social muy concreta, crecida a la sombra del progresismo de salón y la política democrática posterior a la transición. Sus prácticas y tendencias eran la comidilla y el secreto a voces de toda España y encajaría perfectamente en eso que ahora los cursis llaman «corrupción estructural».
Por eso, por parte de Chaves, sería bastante más honrado que callara y no pretendiera sacar pecho ahora por la sentencia del Tribunal Constitucional. Yo no soy quién para justipreciar si, por lo que hicieron, Chaves y Griñán merecen o no pisar la cárcel. Precisamente por eso, confío en los jueces para que lo decidan. A tal fin aceptamos el juego democrático. Pero que unos jueces decidan que no merecen pisar la cárcel (de lo cual toda persona bondadosa se alegra porque no le desea lo peor a nadie) no significa que eso borre todo aquel panorama de corrupción. Los españoles no somos tontos y hay montones de experiencias vividas testimoniando cómo eran las cosas y lo que pasaba entonces. Todos tenemos muy claro el recuerdo de lo que fue esa época y como Andalucía se citaba comúnmente como ejemplo de corrupción estructural.
Finalmente, fueron los tribunales los que levantaron acta de lo que estaba sucediendo con pruebas y hechos. La tarea de demostrarlo y cercarlo siempre es lenta y dura. Se tarda, pero llega. El dinero desviado mientras tanto, eso sí, ya no se recuperará nunca. Por tanto, es una mentira delirante pretender que todos estos juicios y sumarios han sido una persecución política, una conspiración y una cacería personal de dos narcisos que se proponen como víctimas. ¿Ahora va a resultar que los jueces, la Policía, los técnicos tributarios, los investigadores y todos los españoles en general que estupefactos asistíamos como testigos a esos comportamientos, estábamos todos conchabados para perseguirle a él? Venga ya, hombre. A otro sitio a dar discursos lamentables.
Los españoles de ahora son pacientes, constantes y asertivos. Ahí está la selección de fútbol para demostrarlo: saben cuánto hay que esperar con calma para meter un gol. Por eso nunca pretenderán decir a los tribunales si alguien ha de ser llevado o no a prisión por lo que permitió. Pero lo que siempre pensaremos, íntima y legendariamente, es que la gente que hace así su tarea debería estar lo más alejada posible de cualquier administración de caudales públicos y, si pudiera ser, inhabilitada a perpetuidad para cualquier tarea de responsabilidad política.
