El catedrático de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Carlos Infante, quiere cambios en esta casa de estudios que no sean solo cosméticos, sino una reforma para que mejore administrativa y académicamente. Como hijo de uno de los periodistas asesinados en Uchuraccay en 1983, señala que aún esperan justicia, pues solo se condenó a tres campesinos, pero no a los instigadores del crimen. En ese sentido se mostró en contra de la “Ley de Impunidad” aprobada por el Congreso y que está en manos de la presidenta Dina Boluarte.
-Está postulando al rectorado de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) ¿Qué cambios haría de ser elegido?
-Me preocupa lo que pasa en esta universidad desde hace 25 años. Es su tradición centralista que ha derivado en que se concentre todo el poder en la alta dirección, despojando el poco poder que tienen las facultades. Lo que hemos planteado es darle poder y autonomía a las facultades, porque esta tradición centralista ha hecho que se pierda el horizonte sobre lo que representa la universidad y su crecimiento. La universidad ha dejado de crecer desde el año 2000. A la fecha tenemos 1,100 alumnos que se han sumado a la cantidad de estudiantes que se tenía en esa época. Hoy deberíamos tener alrededor de 23 mil alumnos, pero tenemos casi 11 mil. También hay deserción a partir de semestres que no se concluyen. Además, existe una deficiente política de admisión que solo admite a estudiantes que aprueban una calificación y queda una enorme plaza de vacantes que no se cubren. Planteamos darle un giro a este problema de admisión para que una mayor cantidad de estudiantes puedan ingresar. En los próximos cinco años tenemos proyectado subir de 11 mil alumnos a 16 mil, y sentar las bases para que en los próximos diez años se llegue a 22 mil alumnos. Tenemos una ciudad universitaria enorme donde podríamos construir infraestructura que acoja a esos estudiantes.
-Hubo una objeción a su candidatura ¿cuál fue el problema?
-Se ha buscado mecanismos para obstaculizar mi participación como una persona que podría tener condiciones para asumir el rectorado. Me congelaron en el comité electoral para no postular y tuve que acudir a la instancia judicial para que a través de una acción de amparo y luego de una medida cautelar me permitieran recuperar el derecho a participar.
-¿Se teme a los cambios?
- Yo creo que es un tema de posturas conservadoras porque lo que estamos planteando es impulsar una reestructuración en la universidad básicamente en aspectos administrativos, académicos; llevar el pos grado a las facultades, darle un giro para construir bases sólidas en las que se sostenga el desarrollo. Lo que está pasando ahora es maquillar un poco el rostro de la universidad con obras poco relevantes para el objetivo académico y científico que tiene. En lugar de eso proponemos que los pequeños recursos que tenemos en investigación los concentremos para armar dos grandes proyectos en desarrollo industrial a nivel regional y otro sobre Wari, que podría ser la Pompeya de Ayacucho.
-¿Cuál es su postura respecto de Sunedu?
-La intención de quienes forjaron esta entidad era garantizar la calidad educativa superior; sin embargo, el riesgo es cuando poderes que no están inspirados en ideas renovadoras terminan capturando una entidad como esta, cambiando las normas y utilizándola para preservar un tipo de calidad de educación no favorable para el interés nacional. Algunas universidades privadas están favoreciéndose al tener acercamientos en el consejo directivo de Sunedu. Lo que queremos es que haya mecanismos que permitan a la universidad participar y garantizar que no haya injerencia política que evite la calidad en lugar de recuperarla. Estamos de acuerdo con que esta organización se mantenga libre de cualquier tipo de presión. Si va a reemplazar a la ANR queremos un grado de autonomía de las universidades.
-Se ha anunciado la creación de algunas facultades de la UNSCH en las provincias del sur de Ayacucho ¿esto le preocupa o lo alienta?
-Se ha creado hace poco una universidad pública en el sur de Ayacucho, y no estamos en contra, el problema es que el presupuesto que se les va a asignar proviene del presupuesto general que se asigna a la universidad pública. Lo que debería promoverse, como se está tratando de hacer con nuestra universidad, es la descentralización con programas específicos de acuerdo a las zonas. El sur de Ayacucho es una zona de camélidos y ahí necesitamos programas de Ingeniería agropecuaria, por ejemplo.
-Usted, como su padre, don Octavio (mártir de Uchuraccay), también es periodista ¿sigue ejerciendo la profesión o se dedica solo a la cátedra?
-Ejercí hasta hace unos cinco años, luego asumí responsabilidades en la en el Colegio de Periodistas, donde ahora soy vice decano. Entonces, no he dejado la profesión, creo que es lo mejor que he podido heredar de mi padre. Relacionando el periodismo con la actividad académica, hemos hecho varias producciones como el estudio sobre la prensa en Ayacucho durante el siglo XIX y este viernes vamos a presentar el libro La prensa en su laberinto, que trata del periodismo, la sociedad y la política entre 1900 y 1960.
-Hace aproximadamente ocho años usted dijo que la verdad ya no es el objetivo del periodista y que otros valores definían su dinámica ¿sigue pensando así?
-Claro que sí. La reserva moral en el periodismo yace en algunos medios muy críticos al orden de cosas que imperan en el país. Hay un sector importante que se ha inclinado al otro lado donde no resulta fundamental buscar la verdad sino defender intereses particulares, económicos, políticos. En este momento lo estamos viviendo, y eso a un periodista que se estima de serlo le duele. Hay gente que ha dejado la vida en busca de la verdad, y debo recordar en este caso a mi padre y a sus colegas asesinados en Uchuraccay. Y junto a ellos muchos periodistas aquí en Ayacucho y en el país durante la violencia, cuya memoria se echa al suelo cuando vemos el comportamiento de un sector de periodistas y medios de comunicación.
-Hace unos años anunció que estaba preparando una investigación sobre estos hechos ¿Qué encontró?
-Estoy terminando una investigación de casi seis años. Va a resumir esta trilogía de actores. Incluso estaba pensado ponerle el nombre ‘Uchuraccay entre asesinos, inocentes y mártires’. Revela desde una perspectiva sociológica lo que entendemos por mitos que se han ido construyendo no exactamente en el informe de la CVR sino a partir de los testimonios que han ido registrándose. Se habla de una totalidad de víctimas al atribuirle esta condición a los 135 comuneros que murieron en Uchuraccay, pero treinta y tantos de ellos participaron en la matanza colectiva de los periodistas y no podrían ser víctimas por más que hayan muerto en este conflicto donde ellos se involucraron. Lo que hemos hecho es identificar a las personas que han formado parte en el crimen colectivo contra los periodistas, y a los que no han estado involucrados en ningún acto contra inocentes. Por eso hablamos de asesinos, víctimas y mártires. Y esto me trae a colación una preocupación. Recientemente el Congreso de la República aprobó una ley que conocemos como la ley de la impunidad y que está a punto de ser promulgada por la presidenta de la República.
-Para que se aplique la lesa humanidad desde el 2002…
Nosotros presentamos hace una década a través de la Asociación Nacional de Periodistas una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se revise el proceso y se reinicie nuevamente el caso Uchuraccay porque hay autores mediatos en este crimen. Lo que uno espera no es solamente que se descubra la verdad, sino que por lo menos olfatee la justicia. Lamentablemente esto no va a ocurrir si es que se ratifica esta ley y no nos va a permitir identificar la verdad ni a los responsables. Como se sabe, para este caso se sancionaron solo a tres campesinos, uno de ellos está vivo, he tenido la oportunidad de conocernos; yo no mantengo resentimientos. Fui, conversé con él, quise entender el contexto en el que se produjo este hecho, quise entender lo que ha ocurrido y es lo que hemos logrado. Ellos son los únicos que han sido declarados culpables con penas de 7 a 15 años, y las personas que han estado detrás de este crimen, entre ellos oficiales, instigadores, funcionarios de alto nivel que también han participado de manera indirecta, pero asumiendo una responsabilidad política y de carácter penal en este tema. Dentro del programa que hemos planteado para el gobierno universitario es impulsar la creación de un instituto de derechos humanos y pueblos indígenas. Anhelamos este instituto como el Riva Agüero, que sea un espacio no solo para la investigación sino para la proyección social.
-¿El gobierno regional, el señor Wilfredo Oscorima, colabora con la universidad?
-En este momento entendemos que se está financiando la construcción de varias escuelas profesionales por un valor aproximado de 300 millones de soles, es una cantidad jamás vista en la UNSCH. El interés del señor Oscorima ha sido más de orden político que interés por la universidad. Queremos interpretar esto como un resarcimiento, una deuda que tiene el Estado con la San Cristóbal. Se recordará que en los años 80 la universidad, además de ser estigmatizada con el tema del terrorismo, fue también intervenida en varias ocasiones y su infraestructura fue incendiada tanto por organizaciones terroristas como por grupos militares y paramilitares. Tenemos mucha infraestructura dañada y hemos solicitado su resarcimiento. Esta vez no es literalmente la respuesta, pero la consideramos así.
