La escena pertenece a una de los policíacos de mayor éxito de la literatura gallega reciente, Ollos de auga (2006), de Domingo Villar: el saxofonista Lois Reigosa aparece muerto en su dúplex de la torre que domina el skyline al suroeste de la ría de Vigo, frente a las Cíes. Como en las demás novelas del malogrado escritor, la ciudad y su intrincado, silvestre urbanismo recibe un tratamiento casi pop. Pero el singular edificio racionalista en el que aparece el cadáver, obra del arquitecto Xosé Bar Boo, es algo más. Se eleva sobre una isla, Toralla, hoy completamente privatizada, por la que han pasado fenicios, castrexos, romanos o la especulación desarrollista de los 60, y sobre la que colectivos vecinales y partidos políticos reclaman la apertura de una senda peatonal por su borde litoral y el libre acceso a su interior.
“El lugar tiene un valor patrimonial importantísimo”, relata a elDiario.es Manuel Bragado, histórico editor y cronista urbano en las páginas del Faro de Vigo. Bragado se remonta a la Desamortización de Mendizábal para explicar la actual situación de la isla de Toralla, unos 80.000 metros cuadrados de extensión prácticamente cerrados al paso de los que no sean propietarios. Fue en aquel momento, 1836, cuando lo adquirió el Marqués de Valladares, entonces Francisco Javier Martínez de Arce y Enríquez. Hasta la expropiación había pertenecido al monasterio de Celanova (Ourense). Hacia 1884 funcionaba en la isla una fábrica de cordelería y otros materiales de pesca, propiedad de Ferrer Torres, Mirambell. Once años otro industrial, Enrique Lameiro, se hizo con toda la propiedad. No tardó en venderla: en 1910 se la adquirió Martín de Echegaray, uno de los fundadores de la Compañía de Tranvías Eléctricos de Vigo de la que llegaría a gerente el legendario anarquista vigués Ricardo Mella. Pero esa es otra historia.
El caso es que Martín de Echegaray, un indiano que había amasado su fortuna en la Argentina, la legó a sus descendientes. La propiedad se fue desmembrando en casi 30 trozos. Pero llegaron los 60 y con ellos, el desarrollismo franquista, también a la ría de Vigo. Un tal José Manuel Kowalski, recuerda Bragado, la recompone en 1965 y constituye junto a otros socios la sociedad Toralla S.A. Es esta empresa la encargada del diseño urbanístico aún vigente en la isla: 34 parcelas para chalés de lujo, una torre de 21 pisos, 70 metros de altura y 135 viviendas y el puente que la conecta con la costa. “Representa el portanetismo”, señala, en referencia a Rafael Portanet, alcalde de Vigo durante la dictadura y, a su juicio, responsable de “las mayores falcatruadas [faenas] contra el patrimonio vigués, natural y arquitectónico”. Aún así, Bragado considera que el edificio de Bar Boo (Vigo, 1922 - Santiago de Compostela, 2001), un arquitecto progresista que participó en la fundación de la Asociación pola Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega), es magnífico. Pero privado en su propiedad y privado el acceso a su entorno, eso sí.
Toralla no alberga únicamente esa muestra de racionalismo constructivo. En 1913, cuando De Echagaray acababa de comprarla, emergió un castro, la tipología de poblado de la Edad de Hierro que más abundaba en lo que hoy se llama Galicia, excavado parcialmente en 1970. Y uno de los escasos y más valiosos rastros del tránsito fenicio por el noroeste peninsular también apareció allí: un betilo (obelisco) de granito de metro y medio, que se expone en el museo Quiñones de León de la ciudad. Hay además una necrópolis romana y falta por realizar, dice Bragado, una expedición de arqueología subacuática. Todo en un terreno de acceso restringido: 45.000 metros cuadrados son propiedad privada, 24.400 de dominio público, donde la Universidade de Vigo instaló en 2006 su Estación de Ciencias Mariñas. Fue uno de los resultados del conflicto por la recuperación de la isla como espacio público que comenzó a finales de los años 90.
Fue entonces cuando una sentencia judicial, apoyada en la ley de costas, obligó a la propiedad a abrir el puente y permitir el acceso a una pequeña playa. Nada más. “Una isla con acceso restringido, la empresa usa el eufemismo 'acceso controlado', es como mínimo una irregularidad”, explica Bragado. Esta opinión la comparten las decenas de personas que el pasado 13 de julio acudieron a la convocatoria de las asociaciones vecinales de Coruxo y San Miguel de Oia y los colectivos ecologistas Plataforma pola Defensa da Ría Vigo-Cies, Greenpeace, Amigos da Terra y Ecologistas en Acción bajo el lema “únete á reconquista de Toralla”. Cristóbal López, portavoz de Ecoloxistas en Acción, asegura que la reclamación es simple: “Que se cumpla la ley”. “No existe paso de servidumbre para acceder a su litoral, hay muros que cortan el camino, no se cumple”, dice. Pide que se recupere el proyecto que promovió la entonces ministra y hoy concejala en Vigo y diputada en el Parlamento de Galicia Elena Espinosa, del PSOE, y que pretendía abrir una vía peatonal. Llegó a estar presupuestado y los trabajos de deslinde iniciados, según admitieron en su día fuentes del ministerio, pero ahí quedó.
“Lo que no puede ser es que exista un urbanismo especial para ricos, una doble vara de medir que permita la usurpación del territorio”, concluye. La diputada gallega en el Congreso Verónica Barbero, de Sumar, y la senadora Carme da Silva, del BNG, han presentado preguntas en sus respectivas cámaras. “Se trata de la única isla de las rías gallegas de propiedad privada y acceso vedado, un espacio de costa absolutamente privatizado. No es de recibo”, resume Manuel Bragado.
