La reforma de la ley de extranjería para sistematizar la acogida de menores migrantes por las comunidades autónomas llega el próximo martes a su primer momento clave: la votación en el Pleno del Congreso que iniciará (o tumbará) el trámite parlamentario. El Gobierno no tiene garantizados los apoyos, por lo que mantiene abiertos los contactos con todos los grupos, mientras los de Alberto Núñez Feijóo preparan enmiendas al texto registrado, lo que implica que ven posible que sea admitida a trámite.
Las conversaciones entre el Ministerio de Juventud e Infancia y el de Política Territorial con los grupos no son de ahora. El Gobierno lleva semanas preparando la reforma de la ley, y ya el pasado fin de semana el PP remitió al Ejecutivo un documento redactado por su vicesecretaria de Política Social, Ana Alós, con sus aportaciones a la norma, y que pasan por garantizar que los gastos dependerán de la administración central, no de las autonómicas.
De hecho, en la última semana el PP ha centrado sus reivindicaciones en tres elementos: un fondo de contingencia plurianual (compromiso de dinero), declarar la emergencia migratoria para todo el territorio nacional (lo que permitiría a todas las comunidades autónomas acceder a esa financiación) y convocar una Conferencia de Presidentes para que se negocie directamente entre Pedro Sánchez y los jefes de gobierno autonómicos.
La última conferencia se celebró en 2022 y la ley que la puso en marcha mandata que se reúna, al menos, dos veces al año. Los presidentes del PP han reclamado por escrito desde hace meses su convocatoria, sin ningún éxito. Este viernes, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció que iniciará acciones legales contra el presidente del Gobierno por no cumplir con lo mandatado en la norma.
Catalunya también se opone a un reparto obligatorio si no se tienen en cuenta sus enmiendas acerca de la financiación y sobre la determinación de la edad de los jóvenes.
Al Gobierno, hoy por hoy, no le salen las cuentas para el martes. Necesita, al menos, la abstención del PP o de Junts, siempre que el resto de socios parlamentarios apoyen la proposición de ley planteada por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria. Así que las negociaciones continuaban el viernes y se extenderán probablemente hasta el último momento.
La admisión a trámite saldrá adelanto con más ‘siés’ que ‘noes’, aunque su aprobación final exigirá la mayoría absoluta al ser una ley orgánica.
El Gobierno de Canarias, donde participa como socio minoritario el partido de Feijóo, pide esta reforma de la ley. El Ejecutivo autonómico también reclama que sus homólogos asuman la acogida de unos 3.000 menores que ahora mismo están bajo la tutela de Canarias. Una propuesta bloqueada por los presidentes del PP este mismo mes de julio en la última reunión sectorial, celebrada en Tenerife bajo la presidencia de la ministra de Juventud, Sira Rego.
El PP no quiere revelar antes de tiempo en público su posición sobre la reforma de la ley de extranjería para no perder poder negociador. En la última semana, los portavoces del PP se han esforzado en mantener la incertidumbre sobre un voto que es clave para la tramitación de la modificación de la norma.
Este viernes, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, evitó confirmar el ‘sí’ o la abstención de su grupo en la votación del martes. Pero tampoco lo negó. “No estamos hablando de abordar un problema puntual, que también. Estamos hablando de abordar un fenómeno que se va a prolongar a lo largo de los próximos meses y años”, dijo, en declaraciones a los medios. “El PP ha demostrado con creces su vocación de solidaridad y de responder ante problemas puntuales, pero le exigimos al Gobierno que haga un planteamiento de futuro”, zanjó.
La puerta al entendimiento está así abierta, lo que no quiere decir que se vaya a cruzar. El Gobierno ha asegurado que si la norma pasa la admisión a trámite, el Consejo de Ministros aprobará la reforma por real decreto-ley, lo que permitiría su entrada en vigor inmediata, para llevarlo después a convalidación en el Congreso y, en su caso, tramitarlo como proposición de ley para que los grupos hagan sus aportaciones.
Feijóo debe elegir si mantiene una oposición frontal al Gobierno también en política migratoria, y si azuza el miedo a los extranjeros al relacionar su llegada con el aumento de la delincuencia, o si apuesta por el perfil de “hombre de Estado” que ha intentado cultivar, sin mucho éxito, desde que aterrizó en Madrid para liderar al PP. Si pugna con Vox por el discurso extremo o si recupera su vis “moderada” tras la ruptura anunciada en primera persona por Santiago Abascal. Precisamente la política migratoria fue la excusa de Vox para romper los cinco gobiernos autonómicos de coalición que tenía con ellos
El martes se debate en el Congreso el inicio del procedimiento para modificar el artículo 35 de la norma. La idea es sistematizar el traslado y acogida de menores migrantes desde lugares de España donde se hayan superado las capacidades de atención, y que habitualmente pasa por un reparto desde Canarias, Ceuta o Melilla a otras comunidades autónomas. Hasta ahora, cada traslado conlleva una carga burocrática que ralentiza el proceso y provoca aglomeraciones en momentos puntuales. Ahí se verá qué camino elige el líder de la oposición.
