Pongamos que se llama María, tiene 90 años y cuida a su marido de 93. María ha pasado en el hospital un mes tras sufrir un ictus. Ha mejorado y los médicos quieren darle el alta, pero no puede volver a casa como antes del ingreso porque ya no es independiente. Necesita ayuda para caminar. Casos como el de María llegan cada vez con más frecuencia al equipo de Daniel Gil Martorell, jefe de servicio de Trabajo Social del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid. Según este especialista, la “falta de coordinación entre el sistema sanitario y social” obliga a alargar los ingresos varios días. En las situaciones más extremas pasan meses.
El Defensor del Pueblo quiere dimensionar esta laguna del sistema, conocer cuántas personas en España no tienen adónde ir cuando reciben el alta hospitalaria porque nadie puede cuidarles o porque no tienen un sitio con las condiciones para recuperarse. La institución que dirige Ángel Gabilondo va a solicitar datos a todos los hospitales aunque ya anticipa que los mayores afectados son “personas de avanzada edad, con vulnerabilidad económica, enfermedad cronificada y ausencia de apoyo en su entorno familiar”.
“No es casual que pida estos datos. No tenemos sistemas de información serios, rigurosos y transparentes, pero sabemos que el incremento de los profesionales, servicios y recursos no es proporcional a las necesidades”, sostiene Emi Vicente, presidenta del Consejo General del Trabajo Social. Se trata, dice, de “casos habituales por desgracia” que van a agravarse “si no se toman las medidas”. “Parece una broma que cuando más necesitamos las políticas públicas, no tengamos respuesta, seamos o no mayores”, añade.
Los trabajadores sociales que ejercen en el ámbito sanitario son, aproximadamente, el 20% de los 50.000 colegiados que hay en España. Una vez que detectan la situación, vuelan: llaman a ayuntamientos, a oenegés o a cualquier recurso que pueda dar soporte a la persona. “Se habla con todo el mundo que pillamos. Es un trabajo de hormiga de contactar con todas las instituciones para encontrar una solución conjunta. El sistema de dependencia que tenemos es tan rígido que no permite dar respuesta a las situaciones que se producen en sanidad”, desarrolla Gil.
Hay veces que consiguen estancias temporales en residencias o centros sanitarios de cuidados medios; otras logran ayudas de emergencia de los ayuntamientos para poder pagar a cuidadores durante unos meses. El coste económico, hasta que se concede la dependencia, es inasumible para mucha gente. La media de espera de todo el proceso son 324 días, casi un año.
El sistema sanitario da por hecho que todo el mundo tiene un domicilio donde volver y un entorno familiar que se preocupa por ellos, cosa que está muy bien para la población general, pero hay personas que no tienen estas condiciones
Si no hay recursos disponibles fuera, la única salida es ampliar el ingreso unas semanas. Pero continuar hospitalizado limita, a su vez, la gestión de las ayudas para la dependencia. En Madrid, por ejemplo, las valoraciones de los usuarios –se accede a unos recursos u otros según el grado– se llevan a cabo en el entorno habitual de la persona, es decir, en su casa o en una residencia. Nunca en el hospital, salvo en “situaciones muy excepcionales”, cuenta Gil. ¿Qué significa muy excepcionales? “Personas que están solas o en situación de calle”, aclara.
“El sistema sanitario da por hecho que todo el mundo tiene un domicilio donde volver y un entorno familiar que se preocupa por ellos, cosa que está muy bien para la población general, pero hay personas que no tienen estas condiciones”, José González, director general de Hogar Sí.
La organización recibe pacientes derivados de hospitales de Madrid, Andalucía y Murcia que necesitan un espacio seguro en el que hacer su convalecencia y seguir sus tratamientos. Tienen 92 plazas en toda España (una parte de ellas concertadas con las administraciones). La mayoría de los usuarios viven en la calle o en albergues, aunque también acogen a trabajadoras internas en situación irregular que enferman. “Dentro de un sistema universal que funciona para casi todos, hay personas a quienes no se da respuesta. Son resquicios donde la garantía de los derechos está fallando y es fundamental investigar”, reivindica González.
Según datos de Hogar Sí, las personas en situación de calle tienen 30 años menos de esperanza de vida, cerca de un 40% padece una enfermedad grave, casi el 60% tiene algún síntoma depresivo frente al 15% en la población general y el 33% han tenido alguna ideación suicida. “La calle correlaciona muy negativamente con la salud”, recuerda la organización, que además denuncia que hay ciertos tratamientos o procedimientos, como un trasplante, en los que quedan descartadas las personas sin un soporte social estable.
El jefe de servicio de Trabajo Social del Puerta de Hierro acredita que en no pocas ocasiones los pacientes y su entorno “asumen altas” en situaciones muy precarias. Se marchan a casa con ningún apoyo “hasta que llega una ayuda pública”. “El principal problema es que la gente se quede abandonada sino esa ausencia de coordinación entre lo social y lo sanitario”, abunda Gil.
El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, uno de los que tendrá que contestar al Defensor del Pueblo, asegura, en respuesta a este medio, que “estamos pues ante un fenómeno multicausal y no responde por tanto a una única intervención, lo que hace que debamos abordarlo en el marco de la coordinación sociosanitaria”. Y ahí está la falla. Los trabajadores sociales de hospitales, ambulatorios y centros de salud mental llevan años pidiendo integrarse como sanitarios en el sistema. “Entendemos que tenemos que estar mucho mejor ensamblados en los equipos. Esto no es resolver primero el problema de salud y luego, al final, que llegue la trabajadora social corriendo”, zanja Vicente.
