Luego de la promulgación de la Ley Bases, la administración de Javier Milei deberá reglamentar los artículos que versan sobre los procedimientos para llevar a cabo las privatizaciones de empresas públicas. Mientras tanto, en el Ejecutivo Nacional está la voluntad de mantener a las seis compañías puestas a la venta para favorecer las condiciones de su privatización total o parcial (mediante una concesión).
Y es que el Presidente -y con la firma de todos los ministros- autorizó una amplísima modificación presupuestaria que fue publicada el lunes pasado en el Boletín Oficial.
Se trata de una extensión de los créditos presupuestarios para diversas áreas de la Administración Pública y más de 300 programas en donde el Gobierno precisa incrementar las autorizaciones para ejecutar gastos por la desactualización de los montos anteriores, mayormente por el efecto de la inflación y la aparición de otros gastos coyunturales.
Entre esos centenares de programas de gasto están las ejecuciones para nueve empresas públicas -Enarsa, AYSA, Contenidos Públicos, RTA, FADEA, Belgrano Cargas, ADIF, SOFSE, DECAHF- a cargo del Estado Nacional y una compañía pública con fuerte posición de parte de Neuquén -ENSI-. Estas abarcan cuestiones de índole energética hasta de transporte, energía, defensa, servicios y comunicación.
Si se toman en cuenta la ampliación para gastos corrientes (los referidos a cosas meramente operativas, como pagos de salarios u obligaciones contractuales), la aglomeración de todas las partidas suma un total de $ 1.439.765.955.291. En lo que refiere a gastos de capital, esa cuenta da una cifra sustancialmente menor: $ 322.787.331.240.
Para ambas categorías, la mayoría de los gastos lo explica una sola empresa: Energía Argentina S.A. (mejor conocida como Enarsa). Esta es una de las seis compañías puestas a privatización por la Ley Bases. Es la que mayores transferencias recibe de parte del Poder Ejecutivo por las compras de gas y las obras estructurales de las cuáles es responsable.
La compañía tuvo un aumento para sus gastos corrientes en $ 727.180 millones. Eso no se explica por pagos de salarios, explican desde Enarsa; sino que se trata de gastos para importaciones de gas. "Imagina que se prorrogó el Presupuesto 2023 y que con la suba del dólar los pesos no son suficientes", explican. Además, la empresa recibió unos $ 322.187.331.240 para que sean orientados gastos de capital.
La segunda que mayor monto maneja es Operador Ferroviario S.E. (SOFSE), la compañía encargada de manejar las líneas de trenes urbanas, regionales y de larga distancia. Esta es conocida como Trenes Argentinos Operaciones y es una de las cuatro compañías que operan dentro del holding Trenes Argentinos.
Por su esquema operativo y su capilaridad a nivel federal, esta es, junto a Enarsa, una de las compañías que más atención capta para la Secretaría de Hacienda, que se encarga de calcular las cuentas públicas y de administrar los fondos que posee el gobierno de Milei en el marco del ajuste fiscal.
A diferencia de la compañía energética, Operador Ferroviario tiene un factor determinante al momento de ver la composición de su gasto: la cantidad de empleados que tiene. Según el último informe de dotación de INDEC, tiene entre sus filas a 23.456 personas.
La única partida empresaria que fue negativa es la de Contenidos Públicos. Se les descontaron $ 700.000.000 para gastos de infraestructura justo en el marco en el que dejó fuera de servicio su plataforma, en la que se pueden acceder a los contenidos de la TV Pública, Encuentro, Pakapaka y DeporTV, así como producciones nacionales financiadas por el Estado Nacional años anteriores.
En el DNU en donde se hizo oficial la modificación presupuestaria se consignan más aportes a Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería Sociedad del Estado (ENSI S.E.), una de las compañías que son propiedad del Estado y que comparte titularidad con una provincia, un caso similar a lo que sucede con IMPSA, la primera de todas que ya tiene un proceso para ser adquirida por un privado.
El Estado Nacional tiene injerencia en las decisiones de la compañía a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Esto se debe a debido a que la compañía es clave para producir y abastecer de agua pesada a las centrales nucleares argentinas, el cual es utilizado como combustible para el uranio natural.
La ENSI es una empresa sociedad del Estado que opera la planta de agua pesada de Arroyito
Según informó la gobernación de Neuquén, a partir de este año, "el escaso presupuesto de CNEA está siendo destinado al servicio de conservación". Hasta abril, por esas tareas había una deuda con la compañía de 870 millones de pesos. Esto puede ser saldado si una parte de los más de $ 6000 millones que fueron destinados la semana pasada se utilizaran para resolver ese compromiso.
"La puesta en marcha de la PIAP, que se encuentra paralizada desde 2017, es fundamental para poder producir 485 toneladas de agua pesada que se necesitan para garantizar la provisión de este insumo en las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, hasta el fin de su vida útil", indicaron desde Neuquén.
El Cronista consultó con diferentes integrantes del directorio de la compañía para dilucidar si los nuevos fondos irán a parar a ese programa, pero al momento de la publicación del artículo no recibió respuesta.
