«La situación agroalimentaria presenta un escenario complejo y demanda soluciones innovadoras, inversión y esfuerzos, pero ahora, con lo que contamos, tenemos la capacidad suficiente para revertir y transformar el escenario actual, teniendo en cuenta que es alta la capacidad de resistencia de nuestro pueblo, el compromiso de más de 70 000 trabajadores del sector y la infraestructura y capacidades constructivas creadas por la Revolución».
Así aseveró Alberto López Díaz, ministro de la Industria Alimentaria, durante su intervención en el 3er. Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su 10ma. Legislatura, donde se presentó ante los diputados el informe de los resultados de la más alta fiscalización a ese ministerio.
«Las recomendaciones y sugerencias serán atendidas. Nos guía el ejemplo incansable de nuestro Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez de mantener el estrecho vínculo con la base y conscientes de que los retos son enormes, convertiremos cada jornada en una batalla, cada fábrica será una trinchera y cada trabajador será continuidad de la Generación del Centenario».
El titular del ramo instó a detener el decrecimiento e iniciar un proceso paulatino para la recuperación de los niveles productivos, aunque no sea al ritmo que necesita el país. Asimismo abogó por potenciar el encadenamiento productivo, favorecer la descentralización y acercar la toma de decisiones a donde se tiene la riqueza.
«Precisamos robustecer el sistema financiero para aumentar la producción y garantizar las materias primas, enfrentar los delitos y las ilegalidades en el sector, fortalecer el control interno, intercambiar con los actores económicos estatales y no estatales para escuchar sus propuestas y proteger nuestros recursos», abundó.
«Las medidas estratégicas económicas y productivas diseñadas para dinamizar la producción de alimentos no han logrado los resultados esperados», informó Ramón Osmani Aguilar Betancourt, presidente de la Comisión Agroalimentaria, al presentar el informe de la más alta fiscalización al Ministerio de la Industria Alimentaria (Minal).
Existe un plantel industrial con capacidades productivas subutilizadas por déficit de materias primas nacionales y otras de importación, lo que requiere
una proyección de la industria transformadora de alimentos bajo el principio de las cadenas de valor con la producción agropecuaria para contribuir a su recuperación gradual y sostenible, agregó.
Aguilar Betancourt comentó que durante el análisis de resultados de la implementación de la Ley 120/2019, Ley de pesca, y sus normas complementarias, se informó la realización de 232 acciones de preparación con la participación de más de 12 700 pescadores y la capacitación de 542 agentes de la Policía Nacional Revolucionaria, dirigidas a elevar cualitativamente el cumplimiento e impacto de las regulaciones.
Quedó constatado, añadió, que se avanza en la implementación de las medidas aprobadas por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros para la flexibilización de la actividad pesquera no estatal, como la declaración de Bases de Pesca como Puerto Pesquero de interés local, según establece el Decreto Ley No. 230/2002, pendiente de publicación en gaceta.
«Se mantiene el vínculo con los municipios costeros y los que poseen potencial para el desarrollo de la actividad pesquera, con el objetivo de generalizar el conocimiento a la aplicación de la Resolución 16/2024 sobre el otorgamiento de la licencia de pesca, al favorecer el incremento en un 48 por ciento con respecto al año 2021 en la emisión de la licencia; sin embargo, se decrece en la contratación de los pescadores comerciales no estatales con las empresas pesqueras u otras que pudieran transformar y comercializar las producciones que se obtienen.
«Los resultados muestran que es insuficiente el trabajo realizado por las administraciones locales de conjunto y con el sistema empresarial para convertir en atractivo este mercado. Fue señalada la no afiliación al régimen de seguridad social de la totalidad de los pescadores privados».
Al cierre del año, reveló Aguilar Betancourt, se detectaron 2 041 infractores, y se impusieron multas por un valor total de 5 717 000 pesos. Debido a las
acciones de enfrentamiento a las violaciones de la Ley, se han detectado 601 infractores y se han impuesto multas por un valor de 833 000 pesos, se decomisaron 87,6 toneladas de productos pesqueros; 37,6 kilómetros de redes y 254 medios flotantes.
Sobre el Programa de Desarrollo de la Acuicultura, Aguilar Betancourt informó que para el crecimiento del sector pesquero, en medio de las limitaciones económicas y financieras, se ejecuta un movimiento de recuperación de áreas para la producción de alevines, que ha permitido dar valor de uso a 151,2 hectáreas. Para el año 2024 el plan de alevinaje de ciprínidos a obtener es de 357 millones, 49 millones más que lo obtenido en 2023, apuntó.
En cuanto a los resultados de la implementación que se alcanza en los programas productivos definido en la Ley 148/2022. Ley de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional, las producciones industriales acuícolas se comportan al 63,3 por ciento. En el presente año se estima en correspondencia con la siembra de alevines realizada en 2023, recuperar la producción industrial a niveles similares a los alcanzados antes de la COVID-19.
Aguilar Betancourt aseveró que sobre la contratación de leche en el año 2024 se acopiaron por la industria 232 242 500 litros, con 2 833 formas productivas y 58 productores que contrataron directamente con la industria, lo que representa el 84 por ciento del potencial.
Se han contratado 52 782 toneladas en 2 821 formas productivas y 56 productores concertaron directamente con la industria, para un 83 por ciento del potencial existente, en cuanto al comportamiento de la actividad cárnica este año.
«Persisten dificultades en la contratación económica de las empresas lácteas y cárnicas con las formas productivas y productores, y no se han aprovechado las facultades otorgadas a las empresas para fortalecer la atención directa con los productores y contribuir gradualmente a la recuperación sostenible de los sistemas productivos locales».
El informe presentado reveló que con el uso de 3 534 toneladas de extensores se han producido 23 842 toneladas de pan, y son los más utilizados la calabaza, la yuca y el boniato; no obstante, no en todas las fábricas y talleres de producción se aplican iniciativas para generar producciones a partir de materias primas locales.
Sobre los resultados de la implementación de lo regulado en el Decreto 22/2021. Sobre la producción industrial de alimentos y bebidas, en todos los territorios se comprobó que la producción industrial de alimentos y bebidas de los diferentes actores económicos no siempre cumple las regulaciones establecidas para lograr la inocuidad en la elaboración de sus producciones, con énfasis en las minindustrias, las panaderías de las empresas alimentarias locales y las nuevas formas de gestión no estatal, precisó.
«Persiste deficiencia en los procesos de contratación de las materias primas agropecuarias que repercuten en pérdidas de alimentos que pudieran ser procesados. Se constata un déficit de envases y otras materias primas, lo que limita el uso de las capacidades existentes.
«Hay un total de 4 992 productores industriales de alimentos y bebidas, que incluye 1 242 mipymes en todo el país, de ellas han sido reconocidos solo 253 entes de producción en los que debe implementarse el Decreto. Al cierre del año fueron presentadas 72 solicitudes, se otorgaron 33 permisos provisionales y dos licencias de productor industrial de alimentos y bebidas, para un 13,5 por ciento de implementación».
De manera general, precisó Aguilar Betancourt, se aprecia poco avance en la implementación y cumplimiento de esta política pública.
Quedaron convenidas un grupo de recomendaciones para optimizar las labores de producción e inspección de la actividad alimentaria, entre las que resaltaron el fortalecimiento de acciones de control, perfeccionamiento de la capacitación del personal, la actualización de esquemas obsoletos y la generalización de experiencias positivas.
En el debate suscitado a partir de las intervenciones de los diputados tras la presentación del informe del sector coincidieron los planteamientos en la necesidad de fortalecer el encadenamiento productivo, propiciar la innovación y la aplicación de las soluciones creativas en beneficio de todos.
La diputada Alina Forteza Saavedra, del municipio pinareño de San Juan y Martínez, se refirió a la necesidad de contar con cuadros preparados en las empresas para dirigir correctamente los procesos.
El diputado Lidier Águila Machado expresó que, aunque prime la obsolescencia tecnológica en algunas entidades, el esfuerzo de los trabajadores del sector ha contribuido al incremento de las exportaciones, se han favorecido empleos, se ha explotado la economía circular y la capacidad innovadora puede ser más tenida en cuenta. «Que las soluciones se concreten y que se evalúe el fondo de innovación y el presupuesto existente para apoyar las iniciativas de este tipo», sugirió.
Sobre la inocuidad y la calidad de los alimentos, la diputada camagüeyana Regina Balaguer apuntó que las licencias y permisos deben entregarse cuando las condiciones sean las idóneas. Instó a la revisión sistemática de la calidad de los productos que se le expenden a la población.
En ese sentido, José Angel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, aseveró que es importante incrementar el rigor en el otorgamiento de las licencias. Nunca se otorgan si las condiciones no son las idóneas. «La red de inspectores de los centros de Higiene y Epidemiología acompañan el proceso».
El avileño Yudismar Zaldívar abundó en el éxito que el proceso industrial puede lograr si el encadenamiento productivo se fortalece. Afirmó que con los deseos de hacer podemos crecer, porque la tierra está ahí y espera por que seamos capaces de usarla sabiamente.
«Es un reto para Camagüey la aplicación de los extensores para garantizar la producción de pan, pero se potencian las alternativas con calabaza y yuca, entre otros productos sustitutos de harina, para que la población tenga ese alimento básico», manifestó Jorge Enrique Sutil, gobernador de esa provincia.
El diputado Manuel Aguiar, gobernador de Mayabeque, se refirió a la producción de alevines que este año aspira a llegar a los 16 millones.
Carlos César Torres, diputado por el municipio pinareño de San Luis, reconoció el personal capacitado e innovador del sector, que trabaja con dedicación y que multiplica el saber en la búsqueda de soluciones.
«Se necesita generar productos exportables en corto tiempo, fortalecer los sistemas productivos a nivel local, descentralizar las estructuras de la Cadena Cubana del Pan, fortalecer la acuicultura, así como la industria de conservas, frutas y vegetales».
El santiaguero Raúl Omar Oliva expuso la experiencia de la conversión de un taller productivo de la industria agroalimentaria a mipyme. Compartió además la novedosa iniciativa de extender el consumo de pasta de cañandonga, con altos niveles de nutrientes y con impacto positivo en las infecciones urinarias.
Así mismo, el diputado artemiseño Yordany Andarcio enfatizó en la urgencia de atender las bases de pesca, sus requerimientos técnicos y producir desde ellas para evitar que en el mercado informal proliferen camarones, langostas y diversas especies de pescado sin poderlas encontrar en nuestras pescaderías. Abogó además por incrementar el aprovechamiento de los embalses con la reproducción de especies benévolas.
Argelia Lescay Martínez, de Mayabeque, se refirió a las autorizaciones para la pesca e instó a la revisión de las leyes al respecto para lograr mayor contratación de pescadores y favorecer la llegada a la mesa.
Leidys María Labrador afirmó que falta mucho por hacer en los pueblos pesqueros, donde vive gente humilde que solo tiene su sustento familiar garantizado a través de esa actividad. Exhortó a colaborar desde la intersectorialidad para que las minindustrias tengan materia prima que existe en el campo y elaboren sus productos.