A las 9.53 horas de Argentina un sonido de sirenas recordó, como cada 18 de julio desde hace 30 años, el peor atentado ocurrido en la historia del país. En la memoria colectiva ha quedado grabada para siempre la pérdida de 85 vidas humanas por la explosión en el edificio de la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en el centro de Buenos Aires. Familiares y amigos de las víctimas, emocionados y alzando las fotos de sus seres queridos, una vez más han reclamado justicia. El ataque terrorista sigue impune, tres décadas después.
Las palabras memoria, verdad y justicia resonaron a viva voz entre los familiares, tanto en el acto oficial en la AMIA como en el homenaje que se ha realizado en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, organizado por la agrupación Memoria Activa. En ambos sitios se recordó que semanas atrás la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia en la que señaló que el Estado argentino es responsable de no haber prevenido el atentado, sobre todo, después del ataque a la embajada de Israel en 1992 (murieron 22 personas). La Corte también dijo que el Estado no garantizó justicia y “utilizó su propia capacidad e institucionalidad para desviar la investigación”.
“¿Por qué no se investigó?. Porque el gobierno argentino junto al de Israel decidieron el mismo día 18 de julio de 1994 sindicar a Irán como el responsable, y a partir de ese momento todo se enfoca hacia allí y hacia el cierre de la causa. Es decir, primero decidieron el resultado y después trabajaron para destruir todo lo que no servía a ese fin”, ha dicho Diana Wassner, en el acto de Plaza Lavalle. “ Seguimos eligiendo esta plaza en medio del frío, del dolor, se me aparece el rostro sonriente de Andrés”, dijo sobre su marido Andrés Malamud, uno de los 85 asesinados. La agrupación Memoria Activa, que nuclea a un sector de los familiares, ha llevado adelante la denuncia internacional ante la Corte IDH, cuestionando la tesis oficial, apoyada por Israel, Estados Unidos y la derecha argentina, que atribuye la responsabilidad a Irán y Hizbulá.
En el acto de la AMIA, el actual presidente de la mutual judía, Amos Linetzky, señaló que “Treinta años sin una sola persona respondiendo por este ataque. 30 años en los que el Estado de Argentina ha mirado para otro lado colmado de falencias, demoras y errores y una pobre actuación de una fiscalía”. A la vez, se refirió al ataque de Hamas del pasado 7 de octubre en Israel. “El odio infundado y la intolerancia son el factor común entre aquel 18 de julio y este 7 de octubre”. Linetzky resaltó la decisión del gobierno de Javier Milei de declarar a Hamas como organización terrorista.
Desde abajo del escenario, el presidente ultraderechista cargaba la foto de Mauricio Schiber, un trabajador de la AMIA que murió en el atentado. A su lado, lo acompañaba su hermana Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia. Desde su llegada a la Casa Rosada en diciembre, Milei se ha posicionado del lado de las derechas israelíes y estadounidenses. La semana pasada, ubicó a Hamas en la lista de organizaciones terroristas sin mencionar, como lo hicieron la mayoría de los países europeos y latinoamericanos, los bombardeos israelíes indiscriminados contra población civil en Gaza. En febrero pasado, el ultraderechista viajó a Israel, donde visitó uno de los kibutz atacados por Hamas el 7 de octubre y reiteró su intención de trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén.
El gobierno argentino utiliza el aniversario del atentado de la AMIA para reforzar su alineamiento con Israel. Milei habló por la noche del miércoles en el Congreso Mundial Judío en Buenos Aires y dijo: “el terrorismo del 7 de octubre es el mismo que nos atacó hace 30 años”. Y agregó “No hay matices, solo existe el bien y el mal”. ubicando en el bando de los malos a “sectores vinculados al gobierno de Irán, a Hizbulá y Hamas”.
En vísperas de este aniversario, el diario iraní Tehran Times publicó un editorial en el que expresó su “rechazo a las hipotéticas acusaciones de la justicia argentina contra los ciudadanos iraníes”; condenó el alineamiento de Milei con Estados Unidos e Israel y deslizó una amenaza contra Argentina: “Teherán va a imponer su propio juego respecto del enemigo y hará que se arrepienta de su enemistad con Irán”.
La Argentina aparece expuesta. Una amenaza semejante podría abrir la puerta a que fundamentalistas islámicos tomen la posta ante un gobierno que respalda sin fisuras la política de Benjamin Netanyahu en momentos en que transcurre la guerra en Gaza.
Milei ha enaltecido la figura de Carlos Menem, peronista conservador, quien gobernaba cuando ocurrió la masacre en la mutual AMIA. En mayo, el ultraderechista argentino inauguró un busto de Menem en Casa Rosada, dando un lugar de privilegio a un político al que se cuestiona por ser parte del Estado que obstaculizó la búsqueda de verdad y justicia.
El discurso de Milei está atravesado por elementos que toma del judaísmo, en su camino hacia la conversión. “Milei cuando dice que ´no importa la cantidad de soldados, sino de las fuerzas del cielo´, toma el libro de Los Macabeos, no es un libro sagrado, sino histórico”, señala a elDiario.es Damián Setton, sociólogo y experto en religiones. “Su discurso tiene características mesiánicas y proféticas, augura un futuro mejor de redención en base a la reapropiación del pasado. El judaísmo le da lenguaje, mitos e imágenes y él inserta a su gobierno en una guerra entre el bien y el mal. Su manera de pensar el conflicto en Medio Oriente es posicionarse entre el bien y el mal, lo sagrado y lo profano”.
Todo lo que hay para responderles hoy a los familiares de las víctimas son hipótesis y, sobre todo, informes de inteligencia de la CIA, el Mossad y la SIDE (Secretaría de Inteligencia) argentina.
Horacio Lutzky, autor de “Brindando sobre los escombros”, un libro sobre el atentado a la AMIA, afirma a elDiario.es que para entender por qué el Estado desvió la investigación se debe analizar la geopolítica. “Entre 1991 y 1995 Argentina con el gobierno de Menem participaba del operativo de contrabando de armas a Croacia en la guerra de los Balcanes. El que orquestó el tráfico de armas era Monser Al Kassar -personaje conocido en España-. Tras el atentado, los primeros sospechosos estaban vinculados a esta red y se encubrió la pista siria que apuntaba a Al Kassar y cercanos al gobierno. El juez Galeano orquestó el pago de 400 mil dólares a un preso para comprarle una declaración y señalar a falsos culpables. El poder político, la justicia y fuerzas de inteligencia fueron cómplices de borrar pruebas”.
Durante la investigación inicial, a cargo del juez Juan José Galeano, se abandonaron líneas de investigación como la pista siria. No se protegió la escena de la tragedia, no se recolectaron adecuadamente las pruebas y se hicieron operaciones por fuera del expediente. Como parte de esos desvíos y para involucrar a un grupo de policías, funcionarios judiciales sobornaron a Carlos Telleldín, un traficante de autos que habría vendido la furgoneta Renault Traffic que se habría usado como coche-bomba. Ese primer juicio terminó con la revelación de la trama de encubrimientos. Galeano fue destituido junto a funcionarios de inteligencia, y fueron condenados.
Tras el fracaso del primer juicio, el gobierno de Néstor Kirchner (centro-izquierda) creó en 2004 una unidad especial para investigar el atentado a cargo del fiscal Alberto Nisman. Su dictamen, conocido en 2006 y basado en informes de inteligencia, consideró que el ataque fue realizado por la organización libanesa Hizbulá, a instancias de Irán. El fiscal pidió la captura de ocho exfuncionarios iraníes, incluido el expresidente Ali Akbar Hachemi Rafsanyani. Teherán rechazó las acusaciones y esas capturas nunca se concretaron.
En 2013, el gobierno de Cristina Kirchner firmó un memorándum de entendimiento con Irán en busca de indagar a los imputados en su país. Pero Nisman denunció que se trataba de encubrir a los iraníes y horas antes de presentar su denuncia ante el Congreso, en enero 2015, apareció muerto en su departamento. Los expertos del Cuerpo Médico Forense sostuvieron que “no hay rastros de accionar homicida, desde el punto de vista de la evidencia médico legal”, adscribiendo a la tesis del suicidio. La causa judicial que investiga homicidio, casi 10 años después, continúa abierta y sin resultados.
“Nisman tuvo un buen inicio pero recibió presiones de la derecha israelí y de EEUU y no se pudo profundizar en el hilo del encubrimiento, de los primeros años de investigación, sostiene Lutzky y agrega: ”fue tan fuerte la tarea de eliminación de constancias materiales que sólo quedan informes de inteligencia“.
Este aniversario ocurre en momentos en que el gobierno de Milei reformula los servicios de inteligencia y seguridad por decreto: decide que vuelva la SIDE, el organismo que se encargó de desviar la investigación, según la Corte IDH. Asimismo, el Ejecutivo ha enviado al Congreso un proyecto para impulsar el juicio en ausencia, una figura que no está contemplada en el sistema procesal argentino y que pretende sea aplicada en el caso AMIA. En Memoria Activa cuestionan tal iniciativa. “Es falso que sin juicio en ausencia no se pueda saber la verdad ni que sea la única posibilidad. En el caso AMIA es determinante que los acusados participen”, dijo Rodrigo Borda, abogado de Memoria Activa durante el acto frente a los Tribunales.
