El Partido Popular aún no ha presentado ningún recurso contra la amnistía al Tribunal Constitucional y quedan menos de dos meses para que termine el plazo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se adelantó y anunció el pasado 30 de mayo que su Administración presentaría una apelación contra la norma antes de que Génova se pronunciara. Poco después, la dirección del partido hizo público que todos los gobiernos autonómicos del PP darían la batalla contra la ley que deja sin efecto todas las causas judiciales derivadas del procès desde finales de 2011 hasta noviembre de 2023.
Doce días más tarde, el pasado 11 de junio, entró en vigor la norma, pero los populares no han presentado ninguno de los recursos anunciados. Desde el equipo de Ayuso aseveran que la demora se debe a que los equipos jurídicos están armando el recurso y “analizando cuál es el mejor momento” para presentarlo. El presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha utilizado el mismo argumento. El plazo no es infinito.
Los ejecutivos autonómicos solo tienen tres meses para recurrir la ley de amnistía impulsada por el Partido Socialista. Tanto en el Gobierno de la Comunidad de Madrid como en Génova consideran que no tienen más que un trimestre desde que la ley entra en vigor para recurrirla.
La fecha marcada en rojo en el calendario por los populares es el 11 de septiembre. Génova ya ha reiterado su desconfianza por el actual Tribunal Constitucional, con mayoría progresista desde enero del año pasado. “El TC es el cáncer del Estado de derecho”, aseveró el dirigente del PP y vicesecretario de Relaciones Institucionales del partido.
Sin embargo, la normativa marca una excepción en caso de que el Gobierno central o los regionales apelen al Constitucional: el plazo puede alargarse hasta nueve meses siempre que haya cierta mediación entre las partes para intentar alcanzar un acuerdo —aunque este no fructifique—.
Reuniones que han de quedar probadas y a las que los populares se niegan. Ferraz no tiene intención de modificar la norma y menos acordándola con el PP porque supondría la retirada del apoyo de Junts y Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados y, en consecuencia, el final de la legislatura.
El Ejecutivo liderado por Sánchez sí ha utilizado esta fórmula durante la legislatura para ganar tiempo. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por el expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, anunció un recurso ante el TC contra la llamada "ley de concordia" impulsada por el Gobierno de Aragón y aprobadas en las Cortes de la región.
Torres sí se reunió con el ejecutivo aragonés, encabezado por Jorge Azcón. Ante la falta de acuerdo, el Gobierno recurrió la norma al entender que incumple la ley de memoria histórica aprobada por el Congreso de los Diputados. El Constitucional estimó el recurso y ha paralizado la norma aragonesa.
El Ministerio de Igualdad utilizó el mismo mecanismo antes de apelar ante el Alto Tribunal las normativas sobre las personas transexuales del Gobierno de Ayuso. La cartera dirigida por Ana Redondo entiende que las normativas impulsadas por el Gobierno regional abren la puerta a las “terapias de reconversión” y permiten la intervención de un psiquiatra, atentando contra la “despatologización” del proceso que ya inició la Organización Mundial de la Salud (OMS) al excluir la transexualidad de su lista de trastornos mentales.
En ambos casos pudo extender el plazo para recurrir al TC desde los tres hasta los nueve meses.
