Una vez más lo que hay en juego son dos formas distintas de entender el mundo y de afrontar una misma realidad. Una forma que incorpora la lógica de los derechos humanos (también los de las mujeres y los de la infancia y de la adolescencia) y que reconoce la diversidad, la libertad sexual y la pluralidad, y otra que refuerza la lógica violenta de los privilegios y que se resiste a aceptar que hay vida humana digna, valiosa y respetable más allá de la norma cisheterosexual.
Parte de las leyes Trans y LGBTI de Ayuso quedan en suspenso (al menos durante cinco meses prorrogables) tras la admisión a trámite de los recursos de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno central. Un trámite que no afecta al fondo del asunto y que tan solo sería un paso procesal si no fuera porque al haberlo interpuesto el Ejecutivo sí tiene efectos relevantes al dejar sin aplicar temporalmente algunos de los artículos más lesivos de esas leyes para las personas trans, para las organizaciones LGTBI y para las niñas, niños y adolescentes que, sea cual sea su orientación sexual e identidad de género, tienen derecho a recibir información objetiva sobre la diversidad sexual y no ser patologizados ni ser sometidos a terapias que traten lo LGTBI como un problema de salud mental.
No deja de ser relevante que los artículos que ahora quedan en suspenso no solo fueron aplaudidos en su momento por parte del feminismo transexcluyente (incluida la directora general del Instituto de las Mujeres), sino que se basaban en dogmas y argumentos que se vienen elaborando desde hace años en las cocinas más ultraconservadoras tanto de la Iglesia Católica y sus laboratorios de ideas (Hazte Oír, CitizenGo, Family Watch International…) como de líderes políticos como Vladimir Putin, Trump y allegados (Orban, Meloni, Abascal, Bolsonaro, Milei, Boluarte...).
Quienes defendemos la lógica de los derechos humanos, defendemos la autodeterminación de género como parte de los derechos sexuales y reproductivos que tan poco gustan a los fundamentalistas religiosos (que en esto si son fundamentalistas, da igual que sean católicos, evangelistas, ortodoxos, musulmanes, hinduistas…). No dudamos, cuestionamos ni ponemos bajo sospecha la capacidad ni la credibilidad de las personas trans y señalamos como violación de derechos humanos el trato cruel, inhumano y degradante que sufren por parte de quienes las nombran por el género con el que no se identifican, las asocian a conductas criminales y pervertidas, se burlan de ellas, las insultan y las humillan públicamente, extienden bulos que contribuye a que sufran violencia psicológica, sexual y física, y comenten de forma dolosa irregularidades en cambios de sexo con la única finalidad de poner en tela de juicio una ley que quieren derogar a golpe de fraude a pesar de haber sido aprobad legítimamente. Comportamientos todos ellos que niegan la existencia de la “la identidad de género” y a sus ojos las personas trans o son víctimas de una moda o una ideología o son sujetos peligrosos que quieren aprovecharse de las mujeres y los niños.
El recurso de inconstitucionalidad admitido a trámite, y que ahora deberá estudiar el TC, está situado en la lógica de los derechos humanos y le recuerda al tribunal su propia doctrina cuando en el año 2022 reconoce la existencia de la “identidad de género” entendiendo que esta se refiere “a la identificación de una persona con un género – haya o no coincidencia con el sexo que se le asignó en virtud de los caracteres biológicos predominantes que presenta desde su nacimiento– como una circunstancia que afecta al libre desarrollo de la personalidad, y que está íntimamente vinculada al respeto de la dignidad humana. Y que, por estos motivos, los tratamientos peyorativos por razón de identidad de género o identidad sexual –materia en la que, naturalmente, queda incluida la transexualidad– son contrarios a lo dispuesto en el artículo 14 CE”.
¿En qué contraviene la norma estatal la ley de Ayuso, además de la intromisión competencial de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que tiende a pensar que Madrid es España también en la redacción de algunas leyes? Principalmente en que da a a entender la noción errónea y nociva de que la “identidad de género” es un trastorno que se pueden corregir, tanto cuando impone la información psicológica y la evaluación psiquiátrica de forma aparentemente inocua y objetiva como cuando exige un informe de salud mental para que las personas menores de edad puedan recibir tratamiento farmacológico, como si estas necesitaran un plus de tutela en su capacidad mental a las garantías no patologizantes que ya se establecen en la ley estatal.
“Somos el único país europeo que hace todo para salvar a las familias y los valores tradicionales”. La frase es de Putin hace menos de un año cuando se aprobó una ley que prohíbe en Rusia las reasignaciones de sexo por intervención quirúrgica o por uso de medicamentos y el cambio de género en los documentos estatales. “Una medida para proteger a niños y adultos de ”un camino hacia la degeneración“, llegó a decir. Argumentos muy parecidos a los que se pueden leer, escuchar y entender en España a raíz de la decisión del TC. A veces el juego de parecidos razonables debería hacernos caer en la cuenta de lo irracional y peligroso de algunas posiciones y postulados. El lado correcto todas sabemos cuál es, el de los derechos humanos.
