Begoña Gómez comparecerá este viernes como investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios que le atribuye el juez Juan Carlos Peinado a partir de una denuncia de Manos Limpias. Al cumplir tres meses como investigada, la mujer del presidente del Gobierno acude al juzgado por segunda vez sin conocer exactamente por qué se le investiga: en la primera comparecencia, hace dos semanas, Peinado informó a Gómez de que había sumado a la causa una querella de Hazteoír pese a que el propio juez había dejado estas nuevas acusaciones fuera de su investigación en un auto que dictó el 1 de julio.
Los días de Gómez con la condición de investigada corren paralelos a informaciones periodísticas que en los últimos días cuestionan los servicios que la mujer del presidente prestó a la Universidad Complutense como directora de una cátedra. En la querella de Hazteoír se adjuntaban algunos de estos hechos. El juez incorporó a mediados de junio la denuncia de los ultracatólicos, pero dos semanas después resolvió en un auto: “Los hechos objeto de investigación son todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada, desde que su esposo es presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial [la de Manos Limpias que no aludía a la Complutense]”.
Un escrito presentado por la defensa de Gómez en las últimas horas ofrece pistas de por dónde puede conducirse la declaración de este viernes. La defensa de Gómez ha pedido suspender la declaración de dos vicerrectores que estaban citados para después de Gómez. El letrado Antonio Camacho asegura en el escrito que “no se alcanza a entender y tampoco se explicita (…) cuál es la aportación que pueden hacer con sus declaraciones un vicerrector (...) y su antecesor en el cargo, a los hechos que se venían investigando antes de la avocación a la Fiscalía Europea”.
La tesis de la defensa y de la Fiscalía es la siguiente: si el propio juez insiste en que su investigación se ciñe a la denuncia de Manos Limpias y, de lo recogido en ella, la Audiencia Provincial de Madrid dejó fuera los hechos relativos al rescate de Air Europa, solo queda por indagar en los contratos adjudicados a Juan Carlos Barrabés con fondos de la UE. Sin embargo, dichas adjudicaciones fueron remitidas por el juez Peinado a la Fiscalía europea por ser la competente en investigarlo. Por tanto, la causa del juzgado de Peinado está a día de hoy vacía y debe ser archivada, según la defensa y el Ministerio Público.
En la misma situación se llegó a la declaración del pasado 5 de julio. A su inicio, Peinado informó a Gómez –no lo había hecho antes por escrito– de que había ampliado su investigación a una querella presentada por Hazteoír. En la misma se alude a la supuesta apropiación de un software por parte de Begoña Gómez que debería pertenecer a la Universidad Complutense. Sin embargo, con posterioridad a la admisión de esa querella, el juez dictó una resolución razonada en la que insistía en que seguía actuando en los márgenes de la denuncia inicial de Manos Limpias.
Es una estrategia procesal recurrente que un investigado se acoja a su derecho a no responder a las preguntas de las acusaciones populares, en este caso un ramillete de organizaciones ultraderechistas con Vox al frente. Por otra parte, la Fiscalía pidió hace unos días, de nuevo, el archivo de la causa, después de que dos informes de la Guardia Civil hayan descartado indicios de delito en los hechos investigados. De seguirse este guión, Gómez se enfrentaría únicamente a las preguntas del juez.
Pero, ¿sobre qué preguntas de Peinado podría acceder a contestar Gómez, en su derecho a no declarar tampoco ante el juez? La defensa considera que la ampliación de la causa a la querella de Hazteoír, con las acusaciones sobre la Complutense, quedó sin efecto por medio de un auto del propio juez. Por otra parte, en esa querella también se aludía a la supuesta intervención de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa. Con una objeción no menor, la instancia superior a Peinado, la Audiencia Provincial de Madrid, ya determinó que no eran más que “conjeturas”.
La declaración de Begoña Gómez llega dos días después de que la Universidad Complutense, a través de un escrito al juzgado, insista en personarse en la causa como perjudicada. En el mismo escrito, el centro docente aseguraba no haber encontrado perjuicio en la actuación de Gómez en su cátedra pero al tiempo pedía al juez que siguiera investigando. La Complutense se quejaba de que Begoña Gómez había tardado más de dos semanas, en pleno proceso judicial, en suministrarle la información que una investigación interna de la universidad le había reclamado.
De acuerdo al compromiso firmado con la Complutense para su cátedra, Begoña Gómez emprendió los trabajos para la implantación de un software. El Confidencial desveló que Gómez intentó que Indra, Google o Telefónica valoraran el uso formativo que iba a tener el software para que la Complutense no pagara por él. Los tres gigantes de la tecnología y la comunicación emprendieron trabajos que les supusieron 150.000 euros pero abandonaron el proyecto.
Con posterioridad, Gómez habría registrado la marca de la aplicación informática con una sociedad que creó y posee al 100%. La Universidad Complutense alega que desconocía esta situación aunque fuentes próximas a la mujer del presidente desmienten tal extremo. Aseguran que todos los trámites se hicieron a través de la Complutense. La cuestión del software quedaría, en cualquier caso, fuera de la investigación judicial por el auto dictado por el juez el pasado 1 de julio, en el que se remite a la denuncia de Manos Limpias.
Las sospechas que traslada el escrito de la Universidad, que menciona la posibilidad de un delito de apropiación indebida, contrastan con el contenido de la declaración como testigo de su rector el pasado 5 de julio, en el transcurso de la cuál Joaquín Goyache no puso de manifiesto indicios de ilegalidad alguna por parte de Gómez.
