El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) deberá modificar requisitos contemplados en el cartel de licitación para construir los intercambios de Grecia, San Ramón y Naranjo, que forman parte de las obras impostergables del proyecto San José-San Ramón.
La Contraloría General de la República declaró parcialmente con lugar un recurso de objeción presentado por la empresa H Solís contra el pliego de condiciones.
La constructora se opuso, por ejemplo, a una cláusula que indica que las empresas interesadas no deben haber incurrido en incumplimiento de algún contrato o haber sido sancionadas por una autoridad administrativa o judicial de cualquier país por incumplimiento de contrato, lo cual haya dado como resultado la resolución de ese acuerdo en los últimos cinco años previos a la presentación de la oferta.
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La empresa señaló que ese requisito entra en contradicción con una nota al pie que detalla lo que se entiende por incumplimiento. Según la nota, se interpreta que calificaría como incumplimiento de contrato únicamente aquellos supuestos o incumplimientos que hayan dado lugar a una resolución contractual. No obstante, la literalidad de la cita al pie pretende definir los supuestos de los incumplimientos.
“Estima que el requisito no guarda relación con el objeto contractual y no es proporcional, pertinente, trascendente y aplicable”, señala la resolución de la Contraloría.
En ese mismo documento indica que la Administración aseguró que modificará la cláusula en discusión. Ese reclamo fue declarado parcialmente con lugar.
Sobre ese mismo punto, la Contraloría apuntó que el cartel establece que será incumplimiento cuando la afectación tenga un monto igual o mayor a $1 millón. Sin embargo, no queda claro si dicho monto corresponde a cada contrato incumplido o si se trata de la sumatoria de los cinco contratos incumplidos, por lo que resulta necesario aclarar este aspecto.
En otra de las objeciones, la empresa hizo referencia a la condición de que no existan fallos judiciales o laudos arbitrales en contra del oferente entre enero del 2019 y la fecha de recepción de ofertas. Sin embargo, apuntan que la exclusión de la oferta queda librada a la discreción del evaluador, ya que no se define ningún parámetro que establezca, de forma objetiva, el alcance y características de los fallos o procesos de arbitraje.
Dicho criterio también fue modificado por la Administración, la cual aclaró que se trata de incumplimiento de contratos de diseños de obras viales, diseño y construcción de obras viales o construcción de obras viales. Además, aclara que se consideran cinco o más fallos judiciales o laudos arbitrales como antecedente en contra del contratista por un monto de $1 millón.
Los criterios impugnados también incluyen un reclamo relacionado con la capacidad financiera requerida, sobre la cual la constructora alegó que la cláusula no es clara en cuanto a las reglas específicas en las que descontará los compromisos por obras en ejecución. La Administración realizó aclaraciones en ese punto y la Contraloría también declaró parcialmente con lugar esa objeción.
Igualmente, la constructora objetó algunas de las cláusulas del cartel asociadas con los requisitos de personal, ejecución de las obras, supervisión de materiales y mecanismos de pago, entre otros. Algunos de estos reclamos se declararon parcialmente con lugar y otros fueron rechazados.
Tras la resolución de la Contraloría, el proceso para licitar la construcción de los tres pasos a desnivel quedó suspendido, según consta en el expediente publicado en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). La notificación añade que una vez que se resuelva lo relacionado con el recurso, se reanudará el periodo de recepción de ofertas.
Los tres pasos a desnivel que el MOPT sacó a licitación a inicios de junio forman parte de las llamadas obras impostergables (OBIS), que quedaron paralizadas en 2022, cuando el gobierno dio a conocer su intención de poner fin al Fideicomiso Ruta 1, creado para administrar el proyecto.
En abril anterior, el jerarca del MOPT, Mauricio Batalla, aseguró que la intención es que esos intercambios sean adjudicados a inicios del próximo año y que estén concluidos antes de mayo de 2026, cuando termina esta administración. En esa ocasión, el jerarca sostuvo que cuentan con los diseños y los recursos para ejecutar esas obras.
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Hasta ahora, solo se ha ejecutado el primer lote de obras impostergables. Además de los intercambios que se licitarían en junio, los cuales forman parte de los lotes 3 y 4, está pendiente la ampliación del puente Juan Pablo Segundo, que también está incluido en el lote 4.
Estas obras serían ejecutadas mediante el Programa de Infraestructura del Transporte (PIT), que se financia con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En el caso del lote 2, que incluye la ampliación del intercambio del Monumento al Agua, el gobierno decidió que el contrato que ya estaba adjudicado se limitaría a la fase de diseño, mientras que la construcción se postergaría para cuando se trabaje en la ampliación del tramo principal del corredor entre San José y San Ramón.
