El 18 de julio de 1994, un atentado terrorista sacudió Buenos Aires. A las 9.53 a. m. , un coche bomba detonó frente a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), causando el derrumbe del edificio y la trágica muerte de 85 personas, además de 300 personas heridas. Este ataque, considerado como el más letal de la historia de Argentina, marcó un punto de inflexión en la historia del país, dejando una profunda herida en la sociedad y una búsqueda incansable por la justicia para las víctimas y sus familias.
A pesar de que han pasado 30 años desde el atentado a la AMIA. La herida sigue abierta y el dolor de los familiares es palpable. La búsqueda de verdad y justicia no ha cesado, y siguen clamando por el esclarecimiento definitivo del caso.
El atentado a la AMIA fue un ataque terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994, cuando un coche bomba explotó frente al edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina, ubicada en el barrio de Once, Buenos Aires. Este ataque dejó un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos, siendo el mayor atentado en la historia del país. Cada año, en el aniversario del atentado, se realiza una ceremonia a las 9:53 de la mañana, momento exacto de la explosión, en memoria de las víctimas.
Desde el principio, las investigaciones apuntaron a Irán y al grupo extremista Hezbollah como los autores intelectuales del atentado. Sin embargo, la falta de pruebas concretas y las irregularidades en la investigación han impedido llevar a los responsables ante la justicia.
Según la justicia argentina, el atentado fue ordenado por altos funcionarios del gobierno de Irán y ejecutado por la organización militante chiita Hezbollah. Las primeras acusaciones formales contra Irán y Hezbollah fueron presentadas por el fiscal Alberto Nisman en 2006. Nisman, quien lideraba la fiscalía especial creada para investigar el caso, recibió información de los servicios secretos de Estados Unidos e Israel para respaldar sus acusaciones.
Entre los acusados están:
La búsqueda de justicia para las víctimas del atentado a la AMIA ha estado marcada por numerosos obstáculos y avances limitados. La primera investigación, dirigida por el juez Juan José Galeano, fue anulada en 2004 debido a la manipulación de pruebas y el encubrimiento por parte de funcionarios judiciales y políticos. Galeano y otros funcionarios fueron condenados por su participación en estos encubrimientos, pero las condenas fueron reducidas y muchos de los responsables aún no han sido juzgados.
En 2013, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó un controvertido memorándum de entendimiento con Irán para permitir el interrogatorio de los sospechosos, pero este acuerdo fue declarado inconstitucional en 2014. En 2015, el fiscal Nisman presentó una denuncia contra Fernández de Kirchner por supuesto encubrimiento del atentado, pero fue encontrado muerto poco después en circunstancias aún no esclarecidas.
Recientemente, el gobierno de Javier Milei ha propuesto una ley para habilitar los juicios en ausencia, lo que permitiría juzgar a los sospechosos que no pueden ser extraditados. Esta propuesta ha generado divisiones entre la comunidad judía y expertos en derecho, quienes cuestionan la validez y efectividad de los juicios en ausencia para alcanzar la verdad y la justicia.
