A 30 años del atentado a la AMIA, una multitud se congregará frente Pasteur 633 donde ocurrió el acto terrorista más letal en la historia argentina. Al encuentro está previsto que asista el presidente Javier Milei junto con la mayor parte de su gabinete. Sin embargo, familiares de las víctimas denuncian que el Poder Ejecutivo aún se niega a entregar información sensible sobre la causa para esclarecer qué pasó en esos días que rodearon al ataque.
Como sucede en cada acto, a las 9.53, hora exacta en que el coche bomba explotó contra la sede de la AMIA, se escuchará el sonido de la sirena y luego se leerán los 85 nombres de las personas que fueron asesinadas, mientras sus familiares encienden velas en su memoria. Hasta hoy, el atentado sigue sin resolverse y los responsables no fueron llevados ante la Justicia,
La Unidad Fiscal a cargo de la causa continúa reclamando al gobierno nacional que desclasifique la totalidad de los archivos que pertenecían a la ex Agencia Federal de Inteligencia (AFI), ahora reconvertida en la SIDE por parte de la administración libertaria.
La exAFI está ahora a cargo de su interventor Sergio Neiffert, quien tiene vínculos profundos con el asesor predilecto del presidente Santiago Caputo. Desde esa oficina ordenó interponer un recurso de reposición con apelación en subsidio contra la resolución que había expedido Lijo el 7 de junio. En dicha resolución pedía a la AFI que abra todos sus archivos clasificados.
Según pudo averiguar El Cronista, el juez federal Ariel Lijo y candidato a la Corte Suprema de Milei, rechazó este lunes el recurso que antepuso el Gobierno contra una orden para que la ahora SIDE abra completamente los archivos sobre el atentado contra la AMIA. El pedido provenía de la Unidad Fiscal especializada en la investigación sobre el hecho y los familiares tenían expectativa que con ello podrían avanzar hacia el esclarecimiento.
"El tema es el siguiente, hay un montón de documentos en la causa AMIA que siguen en poder de las diferentes oficinas de seguridad e inteligencia cómo la SIDE o la Policía", indicó la titular de Memoria Activa Diana Wassner Malamud en diálogo con El Cronista.
En este sentido, explicó que se intimó a la AFI para que entregue los archivos pero esta oficina no lo hace porque "dice que siguen siendo secretos y clasificados". "Lijo ayer volvió a decir que los archivos no ponen en juego la seguridad del país", relató Malamud, pero advirtió que desde el Gobierno nacional "no están interesados en entregarlos".
"Con el nuevo decreto donde vuelve la AFI a ser Secretaría de Inteligencia me imagino que no van a entregar nada, como siempre", sentenció.
Sobre qué archivos podrían tener resguardados dentro de la Secretaría de Inteligencia, Malamud indicó que hay una esperanza de encontrar una base de datos con información de otras agencias extranjeras a pesar de que no se sabe a ciencia cierta qué puede hallarse allí. "Sobre todo información de lo que ocurrió antes del atentado, de lo que se sabía que iba a ocurrir", cerró.
Antes de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a Argentina por la causa AMIA, el juez federal Ariel Lijo había declarado de acceso público un informe elaborado por la SIDE titulado "Temática: A.M.I.A. la conexión internacional. El esclarecimiento del atentado terrorista y la individualización de sus autores" que apuntaba contra Irán como el organizador del atentado.
Durante su presidencia, Mauricio Macri firmó el decreto 239/2017 para desclasificar todos los archivos secretos de la causa AMIA, que estaban en poder de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y otras dependencias del Estado para remitir esos datos a la Justicia. Y se dispuso que el material desclasificado esté disponible para todas las querellas del caso, y que la Unidad Especial de Investigación se ocupara del proceso de relevamiento, digitalización y catalogación de la documentación
Aquella orden abarcaba a "la totalidad de la documentación, informe o archivo relacionado o que pudiere resultar de interés para la investigación" sobre la causa AMIA y la intervención de la Unidad Especial de Investigación que no había sido alcanzada por la desclasificación establecida por el decreto 395/15.
En el portal Fiscales, citan que la información alojada ahora en el Palacio Barolo proviene de tres depósitos de la central de inteligencia. Uno de ellos ya estaba en el mismo edificio histórico y el resto proviene de las "bases" de la central de inteligencia en las calles Salta y Estados Unidos. Son 7634 cajas y 30 módulos metálicos con cientos de casetes que todavía no fueron desgrabados.
