Desde que Sumar capitalizó la cuota minoritaria del Gobierno de coalición y el PSOE recuperó la cartera de Igualdad este ministerio había salido de la pugna partidista entre los socios gubernamentales. Hasta ahora. Las informaciones, publicadas por "El Español", sobre la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, según las cuales habría recibido al menos 64 contratos públicos de ayuntamientos gobernados por el PSOE, con los que habría facturado alrededor de 250.000 euros con las empresas que comparte con su mujer, Elisabeth García, han reabierto la brecha.
Desde el departamento que dirige Ana Redondo no reaccionan y se muestran comprensivos con García, asegurando por boca de la propia ministra que se dará a la directora del Instituto de las Mujeres "tiempo para que se explique" y para que dé "todo tipo de información que aclare" su actividad empresarial ligara a gestión de proyectos de igualdad. Un inmovilismo que no comparten sus socios de Sumar, que nunca apoyaron su nombramiento por los comentarios tránsfobos de García en Twitter y que han aprovechado el escándalo para pedir que se depuren responsabilidades y se le aparte de un cargo clave en Igualdad.
El partido de Yolanda Díaz ha pedido hoy su cese "inmediato". "La directora del Instituto de las Mujeres nunca debió ser nombrada. La transfobia es injustificable; usar una institución trascendental en la lucha contra las discriminaciones para el enriquecimiento personal, también. Debe ser cesada de inmediato", ha asegurado la formación en un mensaje en la red social X.
Por su parte, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha señalado también que, desde su formación, van a ser "francamente duros" para que García comparezca en la Comisión de Igualdad. "Hace mucho tiempo que tenemos muchísimas diferencias con aquel nombramiento, que manifestamos ser extraordinariamente críticos con ese nombramiento, y además hemos pedido su comparecencia ante la Comisión de Igualdad. En esto nosotros vamos a ir francamente duros", ha asegurado Errejón en declaraciones a los medios tras el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.
En el centro de los contratos bajo sospecha están los "puntos violetas" uno de los puntales en la lucha contra la violencia machista. Estos "espacios seguros" se implantan en los distintos ayuntamientos como una primera barrera para que las víctimas de agresiones sexuales o cualquier otro tipo de violencia contra las mujeres puedan acudir a recibir apoyo o información de cómo proceder en la denuncia de los hechos. Se da la circunstancia de que estas localizaciones se han puesto en la diana por parte de Vox, tras su entrada en los consistorios, y se ha procedido a un desmantelamiento de los mismos en distintos puntos de la geografía española.
