El PSOE recupera la memoria de una de las figuras más simbólicas del partido, Manuel Chaves, tras la revisión del caso ERE que ha hecho la mayoría progresista que controla el Tribunal Constitucional (TC). El presidente de la Junta de Andalucía durante casi 19 años (1990-2009) y secretario general del PSOE andaluz durante otros 16 (1994-2010) ha regresado este jueves a la que fuera su 'casa' para reivindicarse él y también evocar su pasado, que ha calificado como «los 30 años de gestión más brillantes que ha tenido Andalucía», a pesar del desvío masivo de fondos públicos que tuvo lugar en la Consejería de Empleo durante su mandato, un caso de corrupción que sigue generando condenas en la Justicia andaluza. En una comparecencia ante los medios de comunicación en la sede del PSOE andaluz en la calle San Vicente de Sevilla, donde estuvo arropado por su líder, Juan Espadas, Chaves se ha presentado como « víctima de una operación política y mediática para borrar los 30 años de gestión de su partido » utilizando para ello «bulo, mentiras y difamaciones» de las que hizo responsable al PP y a los medios de comunicación. El objetivo era «echar lodo sobre nosotros» y desalojar al PSOE del poder, según ha proclamado. El expresidente andaluz incluyó en esta «operación» a los jueces que lo investigaron, juzgaron y condenaron, a los que quiso aleccionar sobre Derecho administrativo. « Los jueces de instrucción, la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo no vieron o no quisieron ver algo q ue se aprende en las facultades de Derecho, que una ley por su propia definición no puede ser ilegal». El TC ha anulado parcialmente la pena de Chaves porque considera que la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley no puede ser constitutivos del delito de prevaricación. En las cuentas autonómicas se incluía un programa de ayudas que distribuyó 680 millones de euros sin ningún procedimiento que lo regulara, sin publicidad y sin fiscalización, lo que provocó el desvío de fondos públicos. Chaves ha insistido en su completa ignorancia sobre el manejo del dinero que estaban haciendo sus subordinados. « Lo que estaba ocurriendo en el Consejería de Empleo no lo sé », ha recalcado. El expresidente andaluz, que tiene el doctorado en Derecho aunque ha estado 38 años de su vida dedicado a la política activa, ha insinuado que los jueces, al menos en el inicio del proceso, se prestaron al juego político: « Hubo interferencias políticas que condicionaron el proceso » de los ERE y que desembocaron en una «acción judicial prospectiva, universal y una causa general» contra la gestión de su partido, ha explicado después, a preguntas de los periodistas. Chaves también ha revelado que el pasado miércoles por la tarde le llamó el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para «felicitarme y darme la enhorabuena», tras una jornada ajetreada en el Congreso en la que planteó su propuesta de regeneración para atacar a los que denominó como «pseudomedios». Sánchez le pidió que transmitiera su felicitación al resto de condenados (hasta 15 ex altos cargos socialistas de la Junta) que han salido de la prisión o han visto anuladas sus penas de inhabilitación tras obtener el amparo del Constitucional. Tras presentar un recurso de amparo, el TC ha anulado la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla del 19 de noviembre de 2019, ratificada después por el Tribunal Supremo, por la que Chaves fue inhabilitado durante nueve años por un delito continuado de prevaricación en el caso de los ERE fraudulentos . Siete magistrados del órgano de garantías elegidos a propuesta del PSOE, frente a cuatro votos en contra del ala conservadora, han instado al tribunal sentenciador a dictar una nueva resolución rebajando la pena impuesta tras considerar que son insuficientes las pruebas que lo incriminaban por el reparto arbitrario de 680 millones de euros en ayudas entre empresas durante los años 2000 y 2009 , en una decisión que numerosos juristas ven insólita por extralimitarse en sus funciones. Concluye que se vulneraron sus derechos a la legalidad penal y a la presunción de inocencia, pero no admite su amparo en todos los casos, por lo que Chaves sigue estando condenado. Su regreso a la sede del PSOE andaluz ha estado cargada de simbolismo. Coincidiendo con su procesamiento en el caso ERE en junio de 2016, Chaves tomó una decisión dolorosa: entregar su carné del PSOE, donde había militado desde 1968, y apartarse de la organización que había dirigido durante 16 años y de la que llegó a ser presidente en la ejecutiva que dirigía José Luis Rodríguez Zapatero. La implicación de Manuel Chaves en el caso ERE, por el que fue juzgado y condenado en 2019, hizo que e l PSOE andaluz eliminara cualquier recuerdo sobre su labor al frente del partido. Antes de llegar a la Junta, había sido ministro con Felipe González y, después de dejar la Presidencia autonómica, vicepresidente en el gobierno de Zapatero. Manuel Chaves había sido borrado por completo de la memoria del PSOE tras su imputación, aunque, a diferencia de su sucesor en la Junta, José Antonio Griñán, él se dejaba ver en algunos actos institucionales en Sevilla. En el último, el pasado 13 de junio, acompañó en la primera fila a su amigo Felipe González, presidente del Gobierno de España desde 1982 a 1996, con motivo de su nombramiento como Alumni de Honor por la Universidad de Sevilla. Con Felipe compartió despacho laboralista. Chaves fue uno de los protagonistas de la famosa 'foto de la tortilla' tomada en 1974 en los pinares de La Puebla del Río , al sur de la provincia de Sevilla, que congregó a los dirigentes del 'clan andaluz' que acabarían alcanzando el Gobierno en las elecciones de 1982. Aparte de Chaves y Felipe González, en aquella fotografía campestre estaban Alfonso Guerra, Carmen Romero o José Antonio Barragán. «Este tipo de actuaciones ni son resoluciones ni han recaído en un asunto administrativo, al tratarse de actos dictados por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de su función de gobierno que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Andalucía», afirma. Aplicando idéntico criterio que a los anteriores condenados recurrentes, la sentencia señala que al tratarse de meras propuestas que no tienen más alcance que, en su caso, ser objeto de deliberación en el Parlamento, «no pueden ser sometidas a control judicial». La jurisdicción penal no puede separarse de este criterio y dotar de trascendencia penal a estos actos, apuntaba.
