El pleno del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) hizo oficiales este jueves las expulsiones de los exministros de Defensa y Exteriores, Li Shangfu y Qin Gang, destituidos hace un año y que llevan el mismo tiempo sin ser vistos en público.
Li, a quien se acusa de graves cargos de corrupción, fue expulsado de la formación comunista mientras que Qin, sobre el que sigue sin saberse si cometió algún delito, ya no forma parte del poderoso Comité Central, integrado por más de 370 miembros de la élite del PCCh.
El cónclave, que comenzó el lunes y se ha desarrollado a puerta cerrada, concluyó hoy con la difusión de un comunicado en el que se trazan las líneas fundamentales de la hoja de ruta económica para la segunda economía del mundo en los próximos años.
En el documento se indica que el pleno "aceptó y aprobó el informe de investigación de la Comisión Militar Central del PCCh sobre las serias violaciones de la disciplina y la ley cometidas por Li Shangfu, Li Yuchao y Sun Jinming, y confirmó la decisión del Buró Político del Comité Central" de expulsarles de la formación.
Li Yuchao fue comandante de la Fuerza de Misiles de China -que controla los misiles estratégicos nucleares y convencionales del país- entre enero de 2022 y julio del año pasado, cuando fue destituido en medio de una investigación por supuesta corrupción, mientras Sun Jinming tenía el rango de teniente general cuando cayó igualmente en desgracia en 2023.
Sobre el exjefe de la diplomacia china, el comunicado indica que el pleno "decidió aceptar la solicitud de dimisión del camarada Qin Gang y retirarlo de su puesto como miembro del Comité Central".
El PCCh castigó el año pasado a 610.000 funcionarios, una cifra récord que apuntala la perenne campaña contra la corrupción del presidente Xi Jingping, quien afianzó su poder al frente del país durante el XX Congreso que celebró la formación en 2022.
Xi pidió el año pasado "redoblar" la lucha contra la corrupción que, según el mandatario, ha cosechado "una victoria abrumadora", si bien auguró más castigos porque "la situación es todavía grave".
La campaña actual apunta a sectores tan variopintos como el financiero, tabacalero y el farmacéutico, entre otros, y sigue a la emprendida en 2012, que vino acompañada de un aumento de la represión, la censura y las sospechas de que las acusaciones formaban parte de una estrategia para acabar con los críticos.
