Es perceptible un profundo cambio social que está ocurriendo en México, impulsado por políticas públicas variadas, pero que tendrán un impacto transformador por generaciones. Me refiero a que la cantidad de individuos, familias y grupos específicos que viven de un ingreso que no es producto del trabajo legal, sino de una aportación social del Estado, de remesas de familiares que provienen del exterior, o de un ingreso originado en la ilegalidad, podría estar alcanzando niveles extremadamente altos.
El número de beneficiarios de programas sociales en efectivo (algunos reciben dos o más apoyos) llega a 21.9 millones de personas (12.1 millones de ellos reciben la pensión del bienestar) y 27.6 millones de hogares en 2024. Como referencia, en el primer trimestre de 2024 la población ocupada es de 58.5 millones, de los cuales 27 millones son formales y pagan ISR, y el resto son informales. En el país hay 37.6 millones de hogares. Es claro que una alta proporción de personas y hogares (73.4% del total) reciben apoyos y ayudas del gobierno (ENOE, INEGI, 2024).
Segundo, las remesas se han multiplicado y llegan a más de 63 mil millones de dólares, se reparten en poco más de 13.4 millones de envíos mensuales, por un valor que promedia 394 dólares por envío. Es decir, en promedio, y suponiendo una remesa por hogar, 13.4 millones de hogares (38% de los existentes en México) reciben casi 7 mil pesos mensuales libres de impuestos. Como referencia, la línea de pobreza extrema por ingresos del Coneval, por una persona, es de 1,750 pesos en el ámbito rural y de 2,288 pesos en el urbano (marzo 2024), y existen 2.5 millones de hogares en pobreza extrema. ¿Dónde quedaron las remesas? Haga usted sus cuentas.
Finalmente, la economía criminal se ha expandido a cifras insospechadas y cuantificadas en miles de millones de dólares. También se ha argumentado que es una “industria” que genera miles de empleos. Una estimación coloca en al menos 175 mil el número de empleados por el crimen organizado; otras señalan que el número puede ser mucho mayor. Así el crimen organizado se posiciona como uno de los empleadores más importantes de México (los mayores son Femsa, 321 mil empleados; Walmart, 231 mil; Manpower, 203 mil y América Móvil, 181 mil). El mismo SAT estimó en 2021 que el 30% del mercado de gasolinas y diésel, alrededor de 165.6 mil millones de pesos de aquel año, operan de manera ilegal por el huachicol y el contrabando. La red de distribución de al menos 16,806 tomas clandestinas solamente de huachicol es la más grande desde que hay registro, e implica el empleo de al menos 160 mil personas. Otro ejemplo, vía transparencia, sabemos que un negocio en auge es el del contrabando de gas LP: entre enero de 2019 y junio de 2024, las Fuerzas Armadas han asegurado 3.7 millones de litros (94.3% del total de los aseguramientos desde 2009). La cantidad de empleos del crimen organizado, que no paga impuestos, es enorme.
Más allá de las implicaciones familiares, individuales y de índole social que implica vivir sin trabajar o trabajar en actividades criminales, ¿cuáles son las implicaciones sobre el desempeño económico, la generación de empleo y las finanzas públicas? Apunto aquí algunas implicaciones.
Sobre el desempeño económico, este fenómeno implica que más recursos se van a dedicar al consumo, a gastar lo que llega, y menos se destinará al ahorro y la inversión. Si una persona en edad de trabajar percibe que le cuesta “mucho” ganar 100 pesos más, pues tiene que trabajar, mientras que sin hacer nada recibe 1,000 o 2,000 pesos del gobierno por una beca, es más probable que no trabaje por ese ingreso adicional. En la medida que el consumo crezca a costa del ahorro y la inversión, entonces la generación de empleos será menor. Ello llevará a un deterioro económico. Poca inversión para mantener lo que ya se tiene. Y encima, las consecuencias de la reforma judicial.
Con menos dinero, el impacto en la provisión de servicios públicos como salud y educación es automático. La recaudación del ISR como del IVA disminuirán por menor actividad económica y por empleos que no pagan impuestos. A esta reducción de ingresos públicos se suma el deterioro de la hacienda pública por las actividades ilegales que también han crecido. Por ejemplo, en 2022 el SAT estimó en –107.7 mil millones de pesos las pérdidas del IEPS a combustibles solamente (SAT, 2022). A ello se deben agregar otros productos que son contrabandeados con total impunidad, como se ha quejado el gobierno norteamericano respecto de exportaciones “mexicanas” de aluminio, acero y hasta textiles. Todo esto contribuye a la merma de ingresos públicos.
¿De qué tamaño es esta merma? Habrá que cuantificarla con precisión, pero no parece ser trivial. Si el gobierno busca mantener su nivel de gasto relativamente constante y se niega a hacer una reforma fiscal, como ha anunciado, necesariamente aumentará la deuda pública. Y al aumentar ésta, México tendrá que distraer más recursos para pagar intereses y capital, sin que haya detrás un activo que genere los ingresos para pagar esos intereses.
Así, con independencia del efecto en la sociedad, en las familias y en los individuos de poder pasar la vida sin trabajar legalmente ni contribuir, que necesariamente implica una metamorfosis social que requiere ser investigada, el impacto económico nos caerá a todos a través del endeudamiento público. Mientras los criminales se llenan los bolsillos de dinero, los mexicanos tendremos que cargar cada vez con una deuda mayor.
