La Asamblea Legislativa puede seguir adelante con la reforma constitucional para permitir la extradición de nacionales únicamente en casos de narcotráfico o incluir otros delitos y correr el riesgo de vulnerar el principio de conexidad entre la propuesta original y el resultado final. En ese caso, el esfuerzo realizado hasta ahora podría venirse al suelo por razones de forma.
La posibilidad de renunciar a la inclusión de otros delitos, sin embargo, no es satisfactoria. Las circunstancias del país en materia de seguridad amalgamaron voluntades y crearon el ambiente propicio para una reforma difícil de imaginar en el pasado reciente. La oportunidad de hacerlo bien debe ser aprovechada y los diputados quedaron convencidos de la importancia de ampliar el alcance de la enmienda después de escuchar a expertos de otras naciones afectadas por el crimen organizado.
En sus comparecencias ante la comisión legislativa encargada de analizar la reforma, Gonzalo Gómez Escobar, asesor de la Fiscalía General colombiana; Miguel Ángel Méndez, fiscal especial para asuntos internacionales de México; y Arturo Bernardino Toxqui, encargado de la Unidad Especializada de Delitos Cometidos en el Extranjero de la Fiscalía General mexicana, coincidieron en recomendar la inclusión de otros delitos.
Gómez advirtió sobre posible impunidad si solo se habla de narcotráfico y terrorismo porque las solicitudes de extradición normalmente incluyen lavado de dinero y conspiración o asociación para delinquir. “Si la reforma queda limitada a narcotráfico, todas esas peticiones tendrían que denegarse y generarían impunidad”, explicó. “Mi recomendación sería abrirlo para todo tipo de delitos. Tenemos graves problemas, por ejemplo, con el tráfico de personas, que es una tragedia humana inmensa”, afirmó desde su experiencia en el trámite de más de 2.000 extradiciones.
El experto sugirió permitir la extradición cuando el delito se cometa también en Costa Rica porque se trata de crímenes cuya naturaleza es traspasar fronteras y violar varios ordenamientos jurídicos en una sola operación de trasiego. La legislación del país del delincuente es, con frecuencia, una de las transgredidas.
En Costa Rica, por ejemplo, uno de los grandes desarrollos del crimen organizado en los últimos tiempos es el surgimiento de carteles locales independientes. No se trata de simples redes de asistencia del narcotráfico internacional, sino de negocios autóctonos, con alto grado de peligrosidad. Si la violación de la ley local impidiera la extradición mientras se tramita la causa en el país, los propósitos de la reforma se verían frustrados.
La reforma está en sus pasos iniciales y es mejor atender el llamado del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso para evitar el posible vicio de conexidad, aunque eso signifique renunciar a los avances logrados hasta ahora. El procedimiento de reforma parcial de la Constitución Política es complicado y deliberadamente prolongado. A fin de cuentas, un trámite atropellado ahorraría poco tiempo, sobre todo si el consenso existente se aprovecha para rectificar con celeridad.
El exceso de prisa, por otra parte, podría desembocar en un defecto insalvable o en la aprobación de una enmienda insuficiente para cumplir sus propósitos a plenitud. El peor escenario sería encontrarnos con las manos vacías al cabo del largo trámite de la reforma. Es mejor no correr el riesgo. El narcotráfico y su secuela de violencia exigen rápidas respuestas, pero con paso firme. La necesidad de replantear la reforma nace del consejo de profundos conocedores de la materia, en buena hora consultados por la comisión legislativa. El ejercicio solo tiene sentido si hay disposición a escuchar y actuar en consecuencia.
