Se pinchó el globo sonda. 80 días después de su periodo de reflexión, Pedro Sánchez ha comparecido hoy en el Congreso de los Diputados para presentar la anunciada agenda de regeneración democrática para luchar contra la desinformación y los bulos. Hace dos meses y medio el presidente del Gobierno oficializó que «merecía la pena» quedarse al frente del Ejecutivo y, en una intervención institucional sin preguntas, avanzó lo que sería un «punto y aparte». «Trabajaré sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y libertades», dijo.
Sin embargo, tan ambiciosa propuesta, trabajada «sin descanso» durante todo este tiempo, se ha limitado a patrimonializar el reglamento europeo sobre la libertad de los medios de comunicación que se ha aprobado recientemente en la Unión Europea. Una normativa que, además, es de obligado cumplimiento. El presidente se dedicó a enumerar las prioridades que en ella aparecen sin dotar de un contenido propio a la propuesta, que queda ahora a expensas de una ronda de contactos que se iniciará en los próximos días con los grupos parlamentarios y que estará pilotada por los ministros Félix Bolaños (PSOE) y Ernest Urtasun (Sumar).
Fuentes gubernamentales definen como «revolucionario» el golpe de efecto de Sánchez, ante la expectativa generada de que incurriría en una injerencia en los medios de comunicación. Asumiendo la normativa europea, el Ejecutivo persigue poner al PP ante el espejo de que no pueda oponerse al plan de regeneración, porque ya lo avalaron en las instituciones europeas cuando se votó por un amplio consenso de los grupos, entre ellos, la familia de los populares. Las citadas fuentes se jactaban de haber dejado a Alberto Núñez Feijóo en fuera de juego. «Le ha pillado a contrapié, no se esperaba que solo fuéramos a traer el reglamento europeo. A esto no se pueden oponer, es de puro sentido común», señalaban, para apuntar que el líder del PP se había quedado «desencajado» al ver que no había ninguna intromisión en la libertad de información.
Sánchez no ha querido aterrizar otras prioridades más allá de hacer suyas las que propone la legislación comunitaria, tales como garantizar la independencia, pluralidad y transparencia de los medios de comunicación. «No es la misión ni la intención del Gobierno repartir carnés de fiabilidad entre los medios», aseguró. El Gobierno sí quiere limitar la financiación de las administraciones públicas «para asegurar que no haya partidos políticos que compran líneas editoriales con el dinero de todos los ciudadanos», dijo. Aunque este límite tendrá que pactarse con el resto de socios parlamentarios, para asegurarse su apoyo, la propuesta del Gobierno es que los medios no puedan superar el 50% de financiación pública. «Si tienes un 50% de financiación pública no eres un medio, eres otra cosa», avanzan fuentes gubernamentales. También se quieren ampliar las competencias burocráticas y sancionadoras de la CNMC para que ejerza de organismo regulador.
Precisamente, fue muy cuestionada la idoneidad del anuncio del presidente de inyectar 100 millones de euros de ayudas para la digitalización de los medios de comunicación que lo necesiten en un momento en el que está cuestionando el impacto de la financiación pública en la independencia de las líneas editoriales. «Hoy no tocaba», señalaba un aliado parlamentario.
Pese a que el impulso regenerador del Gobierno nace viciado de origen y condicionado por el horizonte judicial de la mujer del presidente, Begoña Gómez, Sánchez, tal como publicara ayer este diario no tiene intención de impulsar ninguna medida para clarificar el estatus del consorte al jefe del Ejecutivo. En lo que respecta al ámbito del Poder Ejecutivo, se aprobará una Estrategia Nacional de Gobierno Abierto y se presentará una nueva Ley de Administración Abierta, que amplíe y mejore la cantidad y calidad de información gubernamental. Está previsto que las cuestiones que no necesitan un aval específico de los socios se comiencen a implementar a partir de septiembre y las más complejas, relativas a «reforzar los derechos al honor y a la rectificación» y una nueva reforma de la «ley mordaza» en lo que respecta a la libertad de expresión, se irán aprobando en el Congreso a medida que se cuente con el respaldo suficiente.
