Los diputados aprobaron este miércoles un voto de censura contra la ministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller, por su gestión al frente de esa cartera, en particular por el recorte de ¢65.000 millones al presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP) para el 2025.
La moción recibió el apoyo de 33 congresistas, mientras que 16 votaron en contra. La aprobación necesitaba 33 votos, equivalentes a dos tercios de los diputados presentes en el momento de la votación.
Este es el segundo voto de censura aprobado en la historia del país. El primero lo recibió Juan Diego Castro, siendo ministro de Seguridad, en 1995, durante el gobierno de José María Figueres Olsen.
El primer motivo por el que los diputados censuraron a Müller es por negarse a cumplir con el pago de los diferentes componentes salariales a los funcionarios del MEP, entre ellos el de aumento por costo de vida. Además, se reportan salarios incompletos, lecciones y recargos no reconocidos, rebajos injustificados y falta de pago de prestaciones.
En una inspección realizada por la Defensoría de los Habitantes, el 11 de junio, en la Unidad de Reclamos Salariales del MEP, se determinó que existen 60.000 reclamos pendientes de resolver por incumplimientos en el pago de componentes salariales.
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En cuanto al recorte presupuestario para el 2025, los diputados consideran que es el presupuesto más bajo para la educación pública de los últimos años, con lo que se aleja todavía más del cumplimiento del 8% del producto interno bruto (PIB) para educación, que es un mandato constitucional.
Eso generaría, según los diputados, una clara afectación al sistema de educación pública y violentaría el derecho humano a la educación, así como el interés superior de las personas menores de edad.
También, cuestionaron que se desconoce el documento técnico que respaldó la “Ruta de la Educación” que lanzó Müller, porque eso genera incertidumbre e improvisación en la conducción del sistema educativo público.
Por otra parte, la ministra es cuestionada por la crisis educativa que se sigue agudizando, a dos años de la gestión de la jerarca, con problemas que continúan después de la interpelación que se le hizo a la ministra en setiembre del 2023.
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Elementos de esa crisis educativa son el debilitamiento del bilingüismo en las aulas, la falta de seguimiento de los Programas Integrales de Nivelación Académica, deficiencia de las Pruebas Nacionales Estandarizadas y el deterioro de la infraestructura educativa.
El criterio de los diputados es que todas las acciones y omisiones de Müller afectan el futuro social y educativo de Costa Rica, lo cual genera “gran incertidumbre en la población y violenta diferentes derechos humanos vinculados a la educación”.
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