Un Estado de Sitio para la Región Metropolitana. Esa es la propuesta que han levantado parlamentarios durante las últimas horas, a propósito de los 17 homicidios registrados durante este fin de semana largo.
Sin embargo, la idea no ha recibido una buena acogida en todos los actores políticos. Desde el Gobierno, el propio Presidente Gabriel Boric aseguró que aunque no descarta ninguna herramienta constitucional, la experiencia comparada respecto a lo que significa involucrar a Fuerzas Armadas en tareas de orden público en zonas urbanas “no es positiva”.
La última vez que fue decretado un Estado de Sitio en nuestro país fue en septiembre de 1986, a raíz del atentado que casi le quita la vida al dictador Augusto Pinochet.
De acuerdo a lo señalado en nuestra Constitución, convocar Estado de Sitio es una facultad exclusiva del Presidente de la República, que se declara en situaciones extremas que ponen en peligro la estabilidad del país, como por ejemplo, durante una guerra interna.
Este Estado de Excepción Constitucional tiene una duración máxima de 15 días (aunque se puede pedir una prórroga), periodo en el cual el Jefe de Estado está habilitado para: restringir la libertad de locomoción, arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que la ley determine y que no sean cárceles; y suspender o restringir el derecho a reunión.
De esta manera, podrían ordenarse toques de queda y realizar detenciones y allanamientos sin orden judicial. No obstante, cabe mencionar que estas acciones siempre deben ser proporcionales y respetar los principios del Estado de Derecho.
Durante la dictadura, se declaró Estado de Sitio en otras dos ocasiones: el mismo día del Golpe del Estado y en noviembre de 1984, en el contexto de unas masivas jornadas de protesta nacional.
