Varios son los casos en los que desde el mundo político se ha ejercido presión al Poder Judicial, siendo el más reciente el de la bancada de diputados y diputadas de Renovación Nacional (RN), quienes enviaron un oficio al fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, para manifestar su preocupación por el “rumbo cuestionable” que tomaron algunas investigaciones.
Tras el veredicto del caso Pío Nono la semana pasada, la bancada de RN estima que la jefa de Alta Complejidad en la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, “persistió” en el juicio oral “pese a la falta de pruebas”.
En entrevista con la primera edición de Radioanálisis, la abogada en derechos humanos, Karinna Fernandez, afirmó que “el principal análisis que estamos haciendo desde el derecho internacional de los derechos humanos, es que estamos en una situación de fragilidad institucional muy seria en Chile, respecto particularmente del tratamiento que se hace al personalizar las causas de los fiscales”.
“Que hoy tengamos al fiscal regional Armendáriz -que está a cargo de muchas de las causas del estallido social dentro de su jurisdicción y de causas de especial complejidad como las de corrupción-, en un proceso de remoción ante la Corte Suprema, presentado por parlamentarios genera mucha preocupación, además de tener ahora un proceso de remoción de la directora del INDH -Consuelo Contreras- también produce un análisis de fragilidad”, explicó.
Para la abogada experta el derechos humanos, esto se debe al silencio del fiscal nacional, Ángel Valencia.
“Alguien tiene que ser firme en una defensa institucional de la autonomía y la independencia de los poderes del Estado. Creo que el hecho de que fiscal nacional sea electo, particularmente, por el Senado, con los votos de la derecha, con el respaldo que le dio la oposición después de otras dos candidaturas que habían sido fallidas, justamente demuestra la falta de independencia en Chile“, opinó.
En ese sentido, Fernández hizo hincapié en que “nadie a puesto sobre la mesa que la Fiscalía tenía la obligación de investigar estos (casos), que el Ministerio Público no puede decidir no perseverar, que la solución no podía ser otra que llegar a un juicio y eso es algo que el Tribunal Constitucional durante el año pasado y este ha sido bastante enfático en mencionar, que los fiscales no tienen y no pueden abdicar de estas investigaciones, sino que que su obligación es llevarlas a juicio”.
“Creo que existe un ataque certero en contra de algunos fiscales y algunos jueces de nuestros país, y eso precisamente es lo más delicado (…). Proteger la separación de los poderes del Estado es una obligación de todos nosotros. Lo otro es que la independencia judicial tenemos que entenderla como un derecho, porque nosotros tenemos el derecho a enfrentar los tribunales en el peor momento de nuestras vidas, siempre sin sesgo. Y eso es hoy algo que absolutamente está perdiendo en Chile”, recalcó.
Así, reiteró que: “El silencio del fiscal nacional también me parece altamente riesgoso al no defender justamente la autonomía institucional“.
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