Si permitimos que la agenda nacional siga enfocada en otros temas la educación seguirá siendo un privilegio
«La educación no es un derecho, sino un privilegio», fue la frase repetida reiteradamente en un encuentro nacional que reunió hace poco a cerca de un centenar de representantes de organizaciones juveniles de Amazonas, Cajamarca, Piura y Lima Metropolitana. Los resultados de la Encuesta Nacional de Aprendizaje (ENLA) 2023, dados a conocer en abril de este año, parece darles la razón: no es posible hablar de derechos si sólo 4 de cada 10 estudiantes de 2° de primaria y 2 de cada 10 en 2° de secundaria comprende lo que lee; y apenas 1 de cada 10 estudiantes en 2° de primaria y en 2° de secundaria logra aprendizajes en matemática. En el Perú, acceder a la escuela no garantiza aprender; peor aún, estas precarias oportunidades se recortan más para quienes viven en el ámbito rural, en la Amazonía y/o en condiciones de pobreza, donde, de acuerdo a esta evaluación, disminuye el porcentaje de estudiantes que aprende: en Loreto, por ejemplo, menos del 10% de estudiantes de 2° de Secundaria alcanza el nivel esperado en lectura.
Estos datos parecen preocupar muy poco al legislativo cuando, por ejemplo, debilita la Carrera Pública Magisterial diseñada para garantizar buenos docentes a más de 6 millones de estudiantes o pretende arrebatar el derecho de las y los estudiantes a una educación sexual integral; y al ejecutivo que se distrae revisando materiales educativos desde el prejuicio y con afán de censura.
En este contexto, el derecho a aprender parece, en efecto, un privilegio; y seguirá así si permitimos que la agenda nacional siga enfocada en otros temas. Si algo debe unirnos debería ser la defensa de la educación como derecho, porque la juventud lo reclama, porque su futuro y el del propio país está en juego.
Patricia Andrade Pacora
Especialista en políticas educativas.
Ex Vice Ministra de Gestión Pedagógica en Ministerio de Educación del Perú.
