Primera cita en las Cortes de Castilla y León en la que PP y Vox ya no comparten gobierno en Castilla y León y, por lo tanto, no están comprometidos para mantener una postura única o, al menos, parecida. Ocurrió ayer la Comisión de la Presidencia, la última que se reúne antes del parón estival en el Parlamento autonómico. Su convocatoria extraordinaria buscaba, precisamente, dejar finiquitada la proposición de ley presentada por el PP en octubr e del pasado año que garantiza la prestación de los servicios públicos esenciales en la Comunidad. Se buscaba, así, aprobar el dictamen para que en uno de los primeros plenos del próximo curso político pueda ser aprobada. Un asunto, el blindaje de la asistencia sanitaria , con el que las dos formaciones políticas han ido de la mano así que había curiosidad por saber qué postura adoptarían los de Abascal, ya en la oposición, con la iniciativa firmada por los populares. Y el resultado fue que en esta primera prueba, Vox decidió seguir junto al PP y apoyar su PPL, como había venido haciendo hasta ahora «por coherencia» y para alejarse de una posición de «despecho», según señalaron fuentes de la formación. De esta forma, durante tres horas se sometieron a votación las enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios y todas ellas fueron rechazadas en bloque por los diez votos que en este órgano suman PP y Vox, frente a los ocho de PSOE, UPL-Soria ¡Ya! y Grupo Mixto. Los dos representantes de Abascal eran Javier Carrera, presidente de la Comisión, y Javier Teira. Este último no intervino para fijar su posición sobre las enmiendas presentadas por la oposición. Por las filas del PP, Miguel Ángel García Nieto defendió la proposición de ley, mientras que Inmaculada Ranero contestó a los grupos. Desde Vox insistieron en que ayer «lo lógico era votar a favor» para mantener el mismo criterio que ya trasladaron hace meses con esta iniciativa. Otra cosa será lo que ocurra a partir de septiembre, con un jefe de filas, Juan García-Gallardo, en su función de portavoz de Vox en las Cortes autonómicas, que la semana pasada, tras presentar su dimisión como vicepresidente de la Junta, anunció que pasaban a ejercer la oposición parlamentaria. Un labor que, según fuentes de la formación de Abascal, tratará de ser «constructiva». La iniciativa aprobada, fue muy criticada por la oposición parlamentaria. Desde las filas del Grupo Socialista, Diego Moreno, lamentó en su intervención que los populares no hayan aceptado ninguna de las catorce enmiendas que presentaron al texto a pesar de su «voluntad de acercar posturas y el ambiente de diálogo para una ley que hubiera sido interesante». En este punto, se refirió a la nueva realidad parlamentaria en la que «al PP le han dejado sin el rodillo» por lo que confiaba en que cambiara de «actitud» y fuera «más dialogante». En cualquier caso, rechazó la proposición de los populares por considerar que se trata de «pura propaganda, un brindis al sol, con mucho ruido y nada de nueces» ya que, a su juicio, «nada cambiará para los ciudadanos ni habrá una mejora porque tendremos los mismos servicios públicos con las mismas deficiencias». José Ramón García, de UPL y Vanessa García, de Soria ¡Ya! defendieron unas enmiendas con las que insistieron en acabar con los desequilibrios territoriales y propusieron medidas que dieran una mayor garantía para la prestación sanitaria. Por su parte, el procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, al que el PP respondió con su silencio, denunció que lo que pretenden es «una estafa de grandes dimensiones al conjunto de la sociedad», dado que sobre lo que decidan las Cortes «se imponen los acuerdos del Consejo de Gobierno». «La estafa de las estafas es que sólo garantizan la prestación de servicios en la provincia», concluyó.
