De la comunicación social como un pilar fundamental del Gobierno cubano, la implementación de la Ley 162 de Comunicación Social y el reto de constituir un «proceso consciente, participativo y coherente que tribute a consolidar una sociedad socialista cada vez más plena y democrática», se debatió este martes en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, previo a la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Según publicó Cubadebate, el vicepresidente del Instituto de Información y Comunicación Social (ICS) Onelio Castillo Corderí recordó en el debate que la aprobación de la Ley de Comunicación Social representó el primer paso en el proceso de regulación y organización del sistema de comunicación social en Cuba.
El objetivo fundamental de la ley es proteger los derechos de las personas a la información y a la comunicación que están contemplados en la Constitución de la República. Castillo Corderí
reiteró que esta es una normativa democrática en su creación y en su proyección hacia el futuro.
En esta misma línea, Yaney León Morales, diputada por Palma Soriano, destacó que en el gobierno de su municipio existe un departamento de Comunicación con toda la plantilla cubierta. Además, se ha entendido la importancia de la gestión de contenidos a partir de las prioridades y el trabajo del Gobierno.
Annie Garcés Santana, diputada por La Habana del Este, alertó sobre el escenario que hoy se vive en el ciberespacio: «Cuando uno está en las redes se da cuenta de la baja capacitación que tienen muchas de las personas que llevan los perfiles institucionales».
Para la diputada, es inaplazable crear mecanismos de capacitación para enseñar a las personas cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales, porque «no es estar por estar».
Lizette Martínez Luzardo, diputada por La Habana Vieja, agregó que la Ley de Comunicación Social no es solo una normativa del ICS, sino del país, y que todas las instituciones tienen que tener una presencia coherente en los medios sociales e informar a la población.
«Debemos trabajar en un programa de educación para la comunicación, sobre todo en los consejos de administración municipal», propuso la parlamentaria.
Osiris Aranda Creagh, diputada por Guantánamo, insistió en la urgencia de preparar y formar al personal de la Comunicación Social en el país, en un escenario en el que solo el 15 por ciento de los que ejercen estos roles en las instituciones son graduados de la carrera.
Alfonso Noya Martínez, presidente del Instituto de Información y Comunicación Social, recalcó en su intervención que la Ley es una herramienta para darles más derechos a los ciudadanos. «A la hora de comunicar hay que buscar indicadores visibles, que la gente sepa que estamos avanzando».
Más adelante, señaló que las direcciones del Gobierno y del Instituto entienden que se necesitan competencias y capacidades para gestionar la información, para que esta sea un derecho y responsabilidad de cada ciudadano.
La vice primera ministra Inés María Chapman Waugh apoyó la intervención de Noya Martínez sobre la importancia de la comunicación social en el trabajo del Gobierno. «Hay que hablar de los problemas, pero también de los avances, esas luces que necesitamos comunicar; tenemos que explicar las cosas en el espacio comunitario».
La normativa, dijo, es una herramienta para la participación popular en el desarrollo económico y social del país, un mecanismo para enfrentar la guerra mediática a la que está sometida Cuba.
«No podemos olvidar el ámbito institucional, pero también hay que trabajar en el escenario de la comunidad, con la población. Sin comunicación no se pueden entender las políticas públicas», reflexionó.
