Las derivaciones voluntarias de menores migrantes hacia la Península “han fracasado”. Así lo ha aseverado en reiteradas ocasiones el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Las comunidades autónomas acordaron en 2023 la reubicación de 373 niños y adolescentes, pero solo salieron del Archipiélago 67 de ellos. Doce autonomías no recibieron a ninguno de los jóvenes que se habían comprometido a acoger. La posible falta de compromiso real de las regiones se suma a los engorrosos trámites que deben realizarse para ejecutar los desplazamientos. La falta de personal, la lentitud para habilitar plazas en las comunidades de destino y los requisitos que las autonomías imponen son las principales trabas que Canarias debe sortear.
El 10 de julio, el Estado y las comunidades sellaron en Tenerife un nuevo reparto solidario para 2024. Durante la Conferencia Sectorial de Infancia, cerraron el desplazamiento de 347 menores desde Canarias y Ceuta. Todas las autonomías apoyaron esta cifra salvo Catalunya, que se abstuvo. El siguiente paso, tal y como ha explicado a este periódico el viceconsejero de Bienestar Social de Canarias, Francisco Candil, es fijar un presupuesto por niño y día. En la actualidad, de acuerdo con los parámetros acordados en la conferencia sectorial de 2022, la cifra está en los 145 euros diarios por cada menor.
Después, Canarias envía a cada comunidad autónoma de destino un protocolo firmado por la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado. Algunas regiones firmaron el protocolo en 2021 y todos los acuerdos posteriores se acogen a él. Otras exigen un protocolo diferente cada vez que hay una conferencia sectorial. “Nosotros hacemos el envío, luego estas comunidades quieren hacer aportaciones, las hacen, y reenvían el documento otra vez a Canarias”, asegura Candil.
Hay comunidades con las que este intercambio es más rápido. Otras lo dilatan más en el tiempo y algunas “ni siquiera responden” al primer correo que envía Canarias. En ocasiones, “los problemas de conexión” surgen porque los técnicos “cambian o están de baja”. La falta de personal en la administración ralentiza estos trámites. “Estamos buscando siempre refuerzos y haciendo atribuciones de funciones. Ahora nos está llegando más personal para reforzar todo este asunto, pero nos tenemos que apoyar también en la colaboración”, subraya el viceconsejero. En este sentido, Canarias pide un protocolo establecido “que simplifique el procedimiento”, para que este se resuma en un “intercambio de firmas y cifras”.
Una vez cerrado el protocolo, las comunidades exigen perfiles concretos de los menores que están dispuestos a acoger. “Algunas nos piden que haya niños y niñas, otras nos piden edades concretas o nacionalidades. Que sean subsaharianos, magrebíes...”, explica Candil. En este punto surge un nuevo obstáculo: la falta de plazas de acogida en las autonomías de destino. “Cuando se discuten los perfiles, las comunidades nos dicen que en ese momento no tienen plazas disponibles y tenemos que esperar a que haya acreditado un centro que reúna condiciones. Evidentemente, Canarias ante eso no puede meterles prisa”, asevera el viceconsejero de Bienestar Social.
En el Archipiélago, la situación de emergencia declarada por el Ministerio de Migraciones a finales de 2023 ha permitido abrir hasta 50 nuevos dispositivos para menores no acompañados. Sin embargo, las condiciones de los recursos de emergencia rozan ya las vulneraciones de derechos de los niños y niñas. Extrabajadores, menores, organizaciones especializadas en infancia e incluso el propio Gobierno de Canarias han hablado de instalaciones inadecuadas, escasez de personal, maltrato, falta de actividades y falta de formación entre los trabajadores.
Más allá de esta cuota voluntaria que se asume cada año, el Estado y Canarias trabajan para sacar adelante una reforma de la Ley de Extranjería que permita al Gobierno central intervenir en momentos extraordinarios de llegadas de menores. En la Conferencia Sectorial de Infancia las comunidades gobernadas por el PP no mostraron su apoyo a esta medida. Sin embargo, este lunes, el PSOE, Sumar y Coalición Canaria registraron en el Congreso de los Diputados la proposición de ley, con el fin de que salga adelante esta distribución vinculante de los menores no acompañados en momentos de emergencia humanitaria como la que atraviesa Canarias.
Este mecanismo pretende que, cuando un territorio supere el 150% de su capacidad de acogida, los menores puedan salir hacia otras autonomías. En la actualidad, según informó el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, después de la conferencia sectorial, la red de protección de Canarias está al 300% de su capacidad, con 5.600 niños y adolescentes tutelados. Clavijo confía en que el resto de partidos se sumen a la reforma y la ministra de Infancia, Sira Rego, pide al Partido Popular que se coloque ''del lado de la infancia'' en lugar de mantener las “políticas ultras” puestas en marcha en sus gobiernos locales y autonómicos.
